Empresas de televisión tendrían que pagar 7,7% de sus ingresos brutos al gobierno
Proyecto del gobierno les exigiría realizar una declaración jurada de ingresos cada año; medios radiofónicos pagarían 3,1% de los ingresos brutos
La precariedad de un grupo de trabajadores que da mantenimiento a las torres de transmisión de radio y televisión en la cima del volcán Irazú es captada por medio de la palabra y la fotografía por Paulo Ruiz Cubillo, vulcanólogo de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica (UCR) Cortesía
El Gobierno de la República presentó este lunes 29 de julio, ante la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley N.° 24.461, en el cual propone cobrar un canon anual de 7,73% de los ingresos brutos a las concesionarias de frecuencias de televisión, y un 3,13% de los ingresos brutos a las concesionarias de radio.
La iniciativa del Poder Ejecutivo busca modificar el artículo 18 de la Ley de Radio, promulgada en 1954, el cual establece el cobro de un impuesto anual de radiodifusión. Este impuesto se estableció con montos nominales, los cuales a lo largo de los años quedaron desactualizados. Como solución, Zapote propone cobrar un porcentaje de los ingresos.
En la actualidad, el citado numeral establece montos específicos, según la potencia: hasta los 1.000 watts se cobran ¢1.000 y, de los 10.001 watts en adelante, se cobra ¢3.000, siendo este último el valor más alto.
La nueva propuesta del gobierno también modificaría el artículo 22 de la ley, para ordenar a las concesionarias realizar una declaración jurada de ingresos cada 12 meses, que se presentaría ante la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda.
Según explicó el viceministro de Telecomunicaciones, Hubert Vargas, la empresa que genera más ingresos llega a los ¢36.000 millones al año. Con la propuesta del Ejecutivo, esta compañía pagaría ¢1.900 millones anuales por el canon.
El proyecto de ley fue anunciado este miércoles por la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, junto con el presidente Rodrigo Chaves. (JOHANFRED)
Las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR) presentaron otra, la cual no utiliza los ingresos brutos como parámetro para el cobro a las concesionarias, sino que toma como referencia el monto del salario base, que se actualiza cada año.
Según la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, la propuesta de estas agrupaciones plantea que, hasta los 1.000 watts, se deba pagar un 50% del salario base, que es de ¢462.000.
Además, ese expediente legislativo incorpora un nuevo inciso para que los concesionarios de radiodifusión televisiva deban cancelar ocho salarios base, por cada rango de frecuencias destinado a un canal físico de televisión. La jerarca del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) indicó que esto significaría una erogación superior a los ¢3,6 millones.
No obstante, el presidente Rodrigo Chaves anunció que él vetará ese proyecto en caso de que sea aprobado por el Congreso.
El 17 de abril, la ministra Bogantes abogó por que los montos establecidos en la Ley de Radio se actualizaran a valor presente. De acuerdo la jerarca, esto haría que las televisoras paguen ¢78 millones anuales por el impuesto. Indicó que, con la ley actual se pagan ¢120.000 anualmente por las frecuencias de televisión y ¢6.000 por las bandas FM.
Ese mismo día, Chaves instruyó a la ministra presentar una iniciativa de ley alternativa, “que le cobre un porcentaje de la facturación” a los concesionarios de las frecuencias.
La actual propuesta de Zapote también contempla que se exonere del canon a las estaciones culturales que el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) califique como tales, siempre y cuando no generen ingresos brutos anuales derivados de alguna actividad de índole comercial.
Asimismo, la iniciativa dispone que el dinero recaudado con el canon tenga como único destino el Micitt, para dotar a esta institución de los recursos necesarios para cumplir la función de rectoría del sector de telecomunicaciones.
El pago del canon se distribuiría en cuatro tractos cada tres meses y, en caso de demoras, se aplicará el cobro de intereses.
Finalmente, la propuesta del gobierno añade un subinciso a la Ley General de Telecomunicaciones, el cual dice que, en caso de que las concesionarias incumplan con el pago del canon, procederá la revocación y extinción de las concesiones, autorizaciones y permisos.
La misma medida se aplicaría si las empresas no presentan la declaración jurada de ingresos brutos, o la presentan con datos inexactos, falsos o incompletos, de los cuales se derive un pago menor.
