El plan del gobierno propone cobrar un canon anual de 7,73% de los ingresos brutos a las concesionarias de frecuencias de televisión, y un 3,13% de los ingresos brutos a las concesionarias de radio. La iniciativa se presentó al Congreso el 29 de julio del 2024 y se tramita bajo el expediente legislativo 24461.
La iniciativa está bajo análisis de la Comisión de Gobierno y Administración, presidida por el diputado Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR).
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Chaves corrige a ministra
Si bien Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) declaró que corresponderá al Poder Ejecutivo decidir si se extiende o no el plazo de la prórroga, fue corregida por el presidente Chaves.
“No, nosotros ya lo hemos dicho. Si se apagan las señales de antena de televisión y radio, sería porque la Comisión de Ingreso y Gasto (cuando lo correcto es de Gobierno y Administración) no le ha dado la gana moverse para no afectar al señor del trencito (en referencia a Teletica).
“No va a depender de nosotros, no la vamos a extender, tienen hasta setiembre para enseñarle al pueblo de Costa Rica adonde están sus corazones, sus billeteras y sus intereses políticos, así de fácil”, advirtió el gobernante desde la Casa Presidencial.
Chaves también reiteró que vetará una propuesta de ley similar que está bajo estudio de la Asamblea Legislativa, pero que es impulsada por las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR).
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Gobierno reitera rechazo a proyecto de la oposición
La ministra Bogantes alegó que otro proyecto, impulsado por las bancadas de oposición llevaría a la quiebra a “un montón de pymes” de televisión, porque establece un monto fijo de ¢3,5 millones, lo cual representaría un 65% de los ingresos de estas empresas.
El presidente calificó de “inaceptable” el proyecto y aseguró que afectaría a “estaciones chiquititas, las religiosas y culturales”, con el fin de “seguir financiando a los ricos de siempre”.
El plan de las cuatro fracciones propone modificar el artículo 18 de la Ley de Radio (Servicios Inalámbricos), del año 1954. En la actualidad, el citado numeral establece montos específicos, según la potencia: hasta los 1.000 watts se cobran ¢1.000 y de los 10.001 watts en adelante se cobra ¢3.000, siendo este último el valor más alto.
La propuesta de los parlamentarios plantea ajustar que hasta los 1.000 watts se deba pagar un 50% del salario base (¢231.000).
Además, el expediente legislativo incorpora un nuevo inciso para que los concesionarios de radiodifusión televisiva deban cancelar ocho salarios base, por cada rango de frecuencias destinado a canal físico de televisión. Este es el monto que cuestionan Chaves y Bogantes.
Actualmente, el Impuesto Anual de Radiodifusión (IAR) se calcula en ¢500 por cada 25 (kHz) de ancho de banda para FM, televisión y enlaces; y según potencia para AM.
Sin embargo, estos montos no han sido actualizados en años y para el gobierno, no reflejan la realidad económica y tecnológica del sector.
