El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) se convirtió en la agrupación oficialista tras los comicios nacionales del 2022, tras servir como plataforma electoral para la candidatura presidencial de Rodrigo Chaves.
Lejos de capitalizar el éxito de aquel proceso, pasó a enfrentar una situación atípica: aunque ostenta la condición de partido de gobierno, carece de control tanto sobre su bancada legislativa como sobre el Poder Ejecutivo.
La presidenta del PPSD, la diputada Luz Mary Alpízar, no mantiene comunicación con el mandatario Rodrigo Chaves, quien la ha calificado públicamente como “Judas”. Ella tampoco actúa de manera coordinada con los otros ocho diputados de la fracción oficialista, alineados con el presidente y con la jefa de bancada, Pilar Cisneros.
Incluso, el partido perdió a los dos alcaldes que logró obtener en los comicios municipales del 2024: Máximo Chaves Ovares, de Atenas, y Diana Méndez Masís, de Carrillo.
Ambos renunciaron a la agrupación para adherirse a la candidatura presidencial de Laura Fernández, quien representa la continuidad del proyecto político de Chaves, pero ahora desde la plataforma del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
En el camino, la agrupación también ha perdido otros liderazgos, como la regidora josefina Yorleny Córdoba, quien anunció el 21 de noviembre pasado su renuncia al PPSD.
Córdoba alegó una “orfandad por parte de la cúpula” de Progreso Social Democrático y “un distanciamiento significativo con la dirección del partido”.
“Solo era contactada por parte de ese partido para cobrar la dieta. Nunca preguntaron qué estaba haciendo en San José o en qué le podemos ayudar, doña Yorleny”, externó en una publicación en Facebook.
Pugna interna
El punto de quiebre entre el chavismo y la agrupación se remonta a la disputa por los puestos partidarios de cara a las elecciones municipales del 2024. El conflicto comenzó en octubre del 2022, cuando el PPSD propuso endurecer los requisitos para acceder a cargos dentro de la estructura partidaria.
Tanto fue así, que el presidente Chaves atribuyó públicamente a la dirigencia del partido, presidido por la diputada Luz Mary Alpízar, la imposición de “cuellos de botella” que —según dijo— dificultaban la integración de personas a la estructura.
Asimismo, a Alpízar se le reprochó haber votado a favor de proyectos de ley que contradecían la línea del gobierno, así como haber realizado lobby para que su esposo, Luis Arturo Chavarría Blanco, resultara electo como secretario general de la agrupación.
Estos señalamientos derivaron en que ocho diputados del PPSD afines al chavismo emitieran un voto de censura contra la legisladora el 14 de marzo del 2023.
Seis meses después, el gobernante llamó “Judas” a Alpízar, luego de que ella diera el voto decisivo a favor del resello de una ley que permitió sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea.
En la actualidad, Alpízar figura como la candidata presidencial del PPSD, mientras que su esposo encabeza la nómina de aspirantes a una diputación por la provincia de San José, situación que también ha sido criticada por quienes han abandonado la agrupación.
A raíz de estos desencuentros, los politólogos Daniel Calvo y Sergio Araya coinciden en que lo que hoy queda del PPSD es, en la práctica, un cascarón.
Alto precio
El analista Daniel Calvo consideró que la agrupación "está pagando el costo de haberle alquilado el partido a un mal inquilino, a quien no ha podido hacerle el desahucio.
“La única esperanza que yo veo (de cara a las elecciones del 2026) es que el PPSD pueda captar el voto de aquellas personas que no logren diferenciar entre Progreso y Pueblo Soberano, el partido que representa al chavismo”, aseveró.
Ni Alpízar ni el PPSD logran superar el margen de error en las más recientes encuestas electorales del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), y del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo, de la Universidad Nacional (UNA).
La diputada no fue la primera opción para encabezar la candidatura presidencial. Inicialmente, la agrupación buscó incorporar a su fórmula a Luis Amador, exministro de Obras Públicas del gobierno de Chaves, quien llegó a ser considerado como un eventual aspirante presidencial para representar al chavismo.
No obstante, el exjerarca declinó esta posibilidad, al alegar que el partido le exigía el pago de montos exorbitantes para postular su nombre.
Sin embargo, Luz Mary Alpízar ha rechazado una y otra vez que la agrupación bajo su liderazgo sea un taxi, al servicio de intereses político-electorales específicos.
El analista Daniel Calvo afirmó que, en apariencia, la agrupación no ha invertido recursos significativos en la campaña actual, como en pauta publicitaria, pese a contar con “arcas infladas” producto del proceso electoral del 2022, por el cual recibió un reembolso de ¢2.075 millones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por los gastos incurridos.
“Habrá que ver en qué o qué administración se le dará a los fondos que les dejó el proceso electoral anterior”, añadió.
La norma, no la excepción
Por su parte, el analista Sergio Araya destacó que la situación del PPSD no es una anomalía, sino un reflejo del debilitamiento del sistema de partidos políticos en Costa Rica.
Aunque el ordenamiento constitucional y electoral del país otorga a los partidos el monopolio de la representación política, en la práctica —afirmó— han proliferado agrupaciones de vida corta, con éxitos electorales efímeros y sin arraigo institucional.
Araya recordó que otros partidos, como Accesibilidad sin Exclusión (PASE), Renovación Costarricense (PRC), Restauración Nacional (PRN) y Movimiento Libertario (ML), lograron en su momento una presencia relevante en la Asamblea Legislativa, pero desaparecieron pocos años después.
En ese contexto, advirtió de que el PPSD reúne muchas de las características de esos partidos: una estructura reciente, sin cuadros consolidados ni identidad partidaria, que funcionó como plataforma para una candidatura presidencial ajena a la organización.
“El partido se encontró con un resultado electoral que no preveía”, afirmó Araya, al señalar que la obtención de la presidencia y de una bancada legislativa superó con creces las expectativas de sus propios fundadores.
Dicha victoria, según agregó, no estuvo acompañada de un proceso de construcción de pertenencia ni de disciplina interna, lo que explica la rápida fragmentación.
La continuidad de los ocho diputados chavistas dentro de la bancada del PPSD responde más a incentivos reglamentarios que a una lealtad política real.
El Reglamento de la Asamblea Legislativa favorece a las fracciones constituidas, lo que desmotiva la declaratoria de independencia, aun cuando los legisladores ya no sigan una línea partidaria común.
¿Hacia dónde va el sistema de partidos?
Ambos analistas coinciden en que más allá del destino del PPSD, el caso plantea un cuestionamiento de fondo sobre la salud del sistema de partidos en Costa Rica. La proliferación de agrupaciones débiles, sin identidad ni continuidad, erosiona la representación política y refuerza dinámicas personalistas que vacían de contenido a los partidos.
Así, Progreso Social Democrático encarna hoy una paradoja política: gobierna desde Casa Presidencial, pero no gobierna como partido. Su experiencia deja abierta una interrogante mayor sobre si el país se encamina hacia una etapa de partidos desechables y liderazgos sin anclaje institucional, o si este será el punto de inflexión para repensar las reglas del sistema político costarricense.