El Estado se ahorrará ¢1.603 millones de la deuda política que le correspondía al Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que postuló al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.
Si bien la agrupación oficialista tenía derecho a recibir un aporte estatal máximo de ¢3.658 millones, de acuerdo con el número de votos obtenidos en los comicios del 2022, el PPSD solo solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el reembolso de ¢2.075 millones, por gastos incurridos durante ese proceso electoral.
De ese monto, el TSE rechazó el desembolso del 54% de los fondos después de encontrar “incongruencias“ entre la liquidación y los documentos de respaldo aportados por el PPSD. Al final, solo le reconoció el giro de ¢958 millones, pero la agrupación sí podrá guardar otros ¢1.097,2 millones para gastos permanentes de organización y capacitación.
Mientras tanto, los restantes ¢1.603 millones a que tenía derecho el PPSD pasarán directo a las arcas del Estado.
En sus estatutos y de previo a las elecciones, todas las agrupaciones deben establecer cómo utilizarán los dineros provenientes del Estado, conocidos como deuda política. Progreso Social Democrático definió que usaría hasta el 85% del aporte estatal para cubrir gastos electorales y que reservaría el 15% restante para organización política (12%) y capacitación (3%).
Dicho 15% equivale, en el caso del PPSD, a ¢548,6 millones y se puede duplicar (¢1.097,2 millones) si la agrupación tiene un remanente, pero jamás puede triplicarse o cuadruplicarse, según lo estable el Código Electoral en su artículo 107.
Entonces, del monto total de deuda política al que podía acceder la agrupación oficialista, ¢958 millones corresponden al reembolso de gastos electorales, ¢1.097,2 millones quedan en la reserva partidaria, y los ¢1.602 millones restantes se transfieren a las arcas del Estado.
Ese mismo artículo 17 indica que los partidos políticos pueden cobrar el dinero destinado a capacitación y organización mediante la presentación de liquidaciones trimestrales.
54% de gastos objetados
El monto que se ahorrará el Estado consta en un informe que emitió el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, el 23 de noviembre pasado.
Dicha dependencia rechazó el 54% de los gastos liquidados por el PPSD (¢1.117 millones), porque los documentos presentados por el partido “no permitían establecer una relación precisa entre el medio de pago, el respectivo justificante y lo certificado”.
“Producto del proceso de revisión, se determinaron incongruencias entre lo informado en la documentación de respaldo de diferentes gastos y lo recabado por este departamento, con ocasión de las verificaciones de campo desarrolladas por este órgano técnico”, detalla el informe N.° DFPP-LP-PPSD-06-2023.
La diputada y presidenta del PPSD, Luz Mary Alpízar, aseguró que su agrupación no apeló el informe técnico del TSE “porque son temas de la campaña del 2022, de la que el personal actual no tiene mayor documentación para realizar apelación”. El tesorero de la agrupación durante ese proceso electoral fue el actual vicepresidente de la República, Stephan Brunner.
Tras la decisión de Alpízar, solo falta que los magistrados electorales emitan una resolución. Una vez que eso ocurra, “el Ministerio de Hacienda deberá ejecutar lo ordenado por este Tribunal y girar los recursos respectivos al partido político o a los propietarios de los certificados de cesión, en la proporción que corresponda”, explicó Ronald Chacón, jefe de Financiamiento de Partidos Políticos.
De quedar en firme ese documento, un grupo de 12 financistas de la campaña de Rodrigo Chaves se quedaría sin cobrar ¢919 millones. Se trata de los tenedores de bonos de deuda política serie B, los cuales no adquirieron ningún valor.