La audiencia del presidente de la República, Rodrigo Chaves, ante una comisión especial de tres diputados de la Asamblea Legislativa que recomendarán al pleno si se le levanta o no la inmunidad, era un hecho histórico sin precedentes. Esta es la primera vez que un gobernante en funciones se enfrenta a un proceso de este alcance luego de que el Tribunal de la Corte Plena encontrara elementos suficientes para solicitar al Congreso el retiro del fuero.
En la sesión del viernes 22 de agosto, al mandatario se le otorgó generoso tiempo para exponer su defensa, pues la presidenta de la comisión, Andrea Álvarez Marín, del Partido Liberación Nacional (PLN), le permitió 15 minutos –que incluyeron la proyección de un video– en los que atacó al fiscal general, Carlo Díaz; a los 15 magistrados de la Corte que votaron por enviar el caso al Congreso y al “testigo de la corona”, el productor audiovisual Christian Bulgarelli. Además, su abogado, José Miguel Villalobos, ocupó una hora y treinta minutos para presentar un análisis de la acusación y desacreditarla punto por punto.
Concluida la larga presentación de Villalobos, Álvarez anunció el inicio de un “interrogatorio” al puntualizar: “Hoy únicamente es para hacer preguntas”. Pero precisamente eso fue lo que faltó de parte de ella. La congresista se permitió hacer una sola pregunta, que resultó ser hipotética y fue descalificada por el presidente porque buscaba que le respondiera si renunciaría a su fuero en un próximo gobierno en caso de ser designado ministro. Es muy contradictorio que quien anunció que el día era para hacer preguntas, terminó renunciando a preguntar. No se trataba de adelantar criterio ni de convertirse en juez, sino de cumplir la función mínima de cualquier legislador en un procedimiento de esta magnitud: cuestionar, indagar, contrastar, aclarar dudas. Preguntar no implica prejuzgar; por el contrario, permite formar criterio no solo a quien interroga, sino a los 57 diputados que votarán y a los ciudadanos que seguían la transmisión en vivo.
La diferencia con Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio (FA), fue notoria. Ella llegó preparada con más de 30 preguntas sobre los audios, testimonios y documentos que reunió la Fiscalía. Interrogó e incomodó al presidente durante más de 35 minutos porque asumió que su tarea era aclarar lo difuso. No obstante, quedó sola frente al presidente, su abogado y el otro integrante de la comisión, el oficialista Daniel Vargas, quien cumplió su papel como tal, al igual que otras dos diputadas de gobierno que pidieron estar en la mesa y lo que hicieron fue reforzar la versión presidencial.
Así, la ciudadanía recibió una versión parcial, dominada por la defensa, en un espacio que debía ser plural y riguroso. Chaves aprovechó su tiempo para repetir que la acusación es “un montaje político” e insistir en que “es imposible” que él haya cometido delito de concusión en la controversial contratación por $405.800 para servicios de comunicación de la Casa Presidencial, financiados con una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Bulgarelli, antes muy cercano al gobernante, sostiene que Chaves le solicitó depositar $32.000 al entonces asesor de imagen ad honorem del mandatario, Federico Choreco Cruz, a cambio de ganar el contrato. La transferencia se hizo y tenía el objetivo de que Cruz enganchara una casa en un condominio.
Ante una imputación de tal gravedad, de Álvarez se esperaba un papel activo en favor de la transparencia. El mismo Chaves se lo dijo cuando respondió a la consulta hipotética: “Yo creí que venía aquí a contestar preguntas sobre la acusación”. Lo que sí ganó Álvarez fue el elogio del gobernante, quien al final afirmó que la presidenta hizo un manejo “profesional” de la sesión. Alfaro más bien recibió críticas pues, según el presidente, hizo “editoriales y conclusiones” antes que preguntas.
Aunque él considerara que algunas eran “impertinentes” o “irrelevantes”, sí fue válido cuestionarle a qué se refería en el audio de 2022 donde se le escucha el deseo de ver el contrato, pues quería solicitar “unos chineos, unos cariñitos”, o en calidad de qué participaba Bulgarelli en esa reunión si ni siquiera era funcionario ni había ganado el concurso. También procedía cuestionar por qué Cruz trabajaba como “voluntario”, sin paga, o decirle que esto podría dar peso a la hipótesis de que en algún momento iba a recibir algún beneficio.
Es cierto. La responsabilidad de decidir sobre el levantamiento del fuero presidencial recaerá en el voto de 57 diputados y solo se aprobará si una tercera parte (38) lo decide. Lo deseable es que prevalezca un debate serio y un voto responsable bajo el entendido de que el levantamiento de la inmunidad no prejuzga culpabilidad; simplemente abre la puerta a que la justicia cumpla su labor. Si no se aprueba, el caso no desaparece. La inmunidad cubre el periodo en el cargo. Al finalizar su mandato, puede ser procesado como un ciudadano común, si el delito no ha prescrito.