El marchamo 2026 dejó al descubierto una flagrante evasión tributaria que el Ministerio de Hacienda no puede decir que desconoce. Se trata de decenas de vehículos de lujo importados en el último año que pagan un impuesto a la propiedad por montos ridículos. La evasión es tan evidente que no requiere investigaciones complejas; está a la vista en los sistemas del Ministerio y en los recibos del marchamo.
Si Hacienda mantiene el silencio, si no corrige de inmediato, solo profundizará las dudas sobre tanta tolerancia, sobre quiénes están siendo favorecidos y sobre las razones para permitir una evasión tan descarada.
El origen de esta perversidad tributaria está en la decisión que tomó, en setiembre de 2024, el entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta –hoy candidato a diputado de Pueblo Soberano– de eliminar las tablas de valores mínimos para la importación de vehículos y sustituirlas por un modelo basado exclusivamente en lo que declare el importador, incluso mediante simples declaraciones juradas. Acosta aduce que acató una reforma legal aprobada en 2023 por los poderes Legislativo y Ejecutivo para calcular el impuesto a la propiedad de vehículos, es decir, la norma que redujo el marchamo a partir del cobro de 2024.
El desenlace era previsible: un Ferrari Purosangre 2025, cuyo precio en Estados Unidos ronda los $600.000, ingresó al país facturado en $340.000; un BMW X6 M, valorado aquí en $195.000, se reportó en apenas $7.367. Y la lista continúa con modelos como Porsche y Cadillac, todos declarados a valores irrisorios. Esa subfacturación terminó trasladándose al cálculo del valor fiscal y, con ello, al impuesto a la propiedad dentro del marchamo.
Cuando La Nación reveló la anomalía, el 30 de setiembre, Acosta respondió que nunca imaginó lo que sucedería y afirmó que “no esperaba que los ticos fueran mentirosos”.
Tal candidez es inadmisible en la administración tributaria porque esa decisión abrió un portillo que, durante los últimos 14 meses, erosiona la recaudación y perjudica a los importadores que sí reportan valores reales. Lo inexplicable es que aunque Hacienda prometió corregir el problema mediante un decreto, este sigue sin entrar en vigor y ninguna autoridad ofrece una explicación por el retraso.
Los casos resultan escandalosos. Un Corvette 2023, cuyo valor real ronda los ¢70 millones, paga apenas ¢211.000 de marchamo (lo legal sería al menos ¢2,7 millones). Un Porsche Macan 2018 cancela ¢87.000, una suma comparable a la de un Mitsubishi de 1989. Y una camioneta RAM 2025 paga solo ¢77.000, prácticamente lo mismo que los ¢75.000 de un Toyota Tercel 1993 o los ¢73.700 del marchamo más bajo del país.
En un sistema tributario funcional, lo mínimo sería que Hacienda cuestione disparidades tan evidentes, especialmente cuando, entre los 1,9 millones de marchamos puestos a cobro, el monto más alto corresponde a un Ferrari 2018 al que se cobran ¢7,2 millones. ¿Cómo es posible que nadie señalara que si un Ferrari paga millones, un Porsche del mismo año no puede cancelar ínfimos ¢87.000? La lista de casos es amplia, como lo reveló el reportaje titulado “Hacienda abrió portillo a cobro de marchamos risibles a autos de lujo”, una investigación de la periodista Natasha Cambronero publicada el lunes pasado.
Lo grave es que mientras estas irregularidades persisten, la recaudación tributaria continúa a la baja. En los primeros ocho meses del año, la importación de vehículos dejó ¢29.000 millones menos que en el mismo periodo anterior, pese a que ingresaron más unidades. Y por el impuesto a la propiedad se percibirán ¢162.000 millones, ¢3.000 millones menos que en 2025, aun cuando hoy hay 58.000 vehículos adicionales en cobro de marchamo. Cifras como estas debieron activar de inmediato las alarmas del gobierno, pero, lamentablemente, nada indica que así ocurriera.
A ello se suma la contradicción con el discurso oficial. El presidente Rodrigo Chaves insiste en que el país pierde decenas de millones cada año por evasión tributaria y que la prioridad es “cobrar mejor”. ¿Cómo encaja ese compromiso con un esquema que permite declarar vehículos de alta gama a valores irreales, pagar menos impuestos de importación y luego cruzarse de brazos frente a marchamos cuyo monto es una burla?
No se puede invocar la lucha contra la evasión mientras se mantienen abiertas las puertas que la alimentan. Urge una auditoría exhaustiva que determine cuánto de la caída en recaudación proviene de esta subfacturación y cuántos marchamos deberán recalcularse. Hacienda está obligado a revisar caso por caso y a recuperar los montos evadidos. El país merece respuestas, porque se trata de una elusión plenamente documentada en los sistemas de la cartera.
Este portillo debe cerrarse de inmediato y, antes del cambio de gobierno, deben rendirse cuentas claras sobre cuánto debe recuperar el Estado. El problema no puede heredarse al próximo gobierno y el mensaje al país no puede ser que, en Costa Rica, la desigualdad tributaria es tolerable. La justicia fiscal se sostiene con controles, coherencia y transparencia, no con silencios.