El pasado 02 de julio del 2025, el Ministerio de Hacienda sometió a consulta pública el borrador de un nuevo decreto ejecutivo y denominado como Valor de importación hacendario para vehículos nuevos y usados.
El proyecto propone un cambio significativo en la forma en que se determinará el valor de la importación de los automóviles en Costa Rica.
La consulta pública, que estará abierta hasta el 17 de julio de 2025, representa una oportunidad importante para los ciudadanos, comerciantes y expertos en comercio exterior, para influir en una política que impactará tanto el mercado automotriz como la recaudación fiscal de Costa Rica.
Ahora bien, la introducción del concepto de “valor de importación hacendario” es particularmente relevante.
Esta metodología pretende establecer nuevamente una base específica para el cálculo y pago de las obligaciones tributarias aduaneras.
Este enfoque podría revivir un valor artificial creado para cada vehículo que se nacionalice en el país; además, dicha cifra será la base de cálculo de los aranceles, lo cual supone una distorsión de los valores reales cancelados por los importadores por cada vehículo comercializado.
Este cambio propuesto no está exento de desafíos para los contribuyentes y las autoridades tributarias. Por lo tanto, la responsabilidad del Ministerio de Hacienda de actualizar y mantener este valor de importación hacendario (incluyendo actualizaciones por tipo de cambio), y su disponibilidad en línea, plantea cuestiones sobre la transparencia y capacidad del sistema para adaptarse a las fluctuaciones del mercado.
Desde una perspectiva fiscal, las medidas propuestas para asegurar el cumplimiento de los impuestos internos son cruciales.
Un control aduanero eficaz no solo protege la integridad del sistema tributario, sino que debería asegurar el cumplimiento de los principios básico de comercio exterior, como la utilización del valor real pagado por las mercancías como base de cálculo para el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente.
En conclusión, este proyecto de decreto representa una aspiración del Ministerio de Hacienda por revivir valores artificiales que sustituyen el valor realmente pagado al nacionalizar los vehículos.
Por esta razón, es fundamental que todos los actores involucrados participen activamente en la consulta pública para garantizar que el resultado final refleje un equilibrio adecuado entre los intereses del Estado y el sector privado.
La implementación exitosa de este proyecto dependerá, en gran medida, de la colaboración y el diálogo entre el gobierno y los stakeholders del sector automotriz.
