Tal como titulamos en nuestra edición impresa de ayer, los plantones del jueves en varias ciudades del país, con la plaza de la Democracia, en San José, como masivo epicentro, constituyeron un clamor nacional. También fueron una expresión de compromiso cívico, de apego a valores profundos de nuestra nacionalidad, de expresión pública y libre, de optimismo sobre el buen futuro que debemos forjar juntos, de inquietud por los nubarrones que se acumulan en el presente y de rechazo a cualquier forma de autoritarismo.
Defendieron la democracia que, tal como expresaron con sus voces, carteles, aplausos, saltos, críticas y cantos, se asienta en la vigencia del Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto sin fisuras a la Constitución. De ahí que la consigna transversal fuera el apoyo a la independencia del Poder Judicial, víctima de una feroz arremetida desde el Ejecutivo y los diputados oficialistas.
La profundidad y extensión de sus convicciones quedaron de manifiesto no solo por el tamaño de las multitudes, sino también por cómo lograron congregarse. El llamado surgió de un grupo de organizaciones y colectivos sociales, pero esta fue solo la chispa. En muy pocos días, se extendió viralmente por las redes sociales, mediante páginas web, mensajes de texto y sitios individuales. También corrió de boca en boca.
Desde hace varios años, la capital no había vivido una concentración tan multitudinaria, ni otras ciudades, tantos y tan concurridos plantones simultáneos. La gente asistió por sus propios medios. No hubo buses contratados. No se repartió comida gratuita. A nadie se le ofreció compensación económica.
Sabemos que las manifestaciones públicas no constituyen elecciones. Laura Fernández fue elegida presidenta y la actual composición de la Asamblea Legislativa también surgió de las urnas; ambas tienen, por tanto, una indudable legitimidad de origen que difícilmente alguien cuestionará. Pero la legitimidad electoral no vuelve irrelevante la voz de la calle. Un clamor popular tan espontáneo y contundente no puede ni debe ser ignorado por los gobernantes, sobre todo cuando surge antes de que la mandataria y sus diputados hayan cumplido siquiera 100 días en sus cargos.
Una cosa es la legitimidad de origen, es decir, cómo se llega al poder; otra, la legitimidad de desempeño. Esta depende de la conducta de quienes lo ejercen y, sobre todo, de su apego al marco constitucional y jurídico que sustenta ese poder. Durante estos tres meses, el cúmulo de irrespeto y hostilidad hacia ese marco ha sido en extremo inquietante.
La fracción legislativa oficialista ha impedido el nombramiento de magistrados suplentes en la Sala Constitucional; así, ha puesto en riesgo su desempeño. El 25 de julio, en Nicoya, el ministro doble y tutor presidencial, Rodrigo Chaves, invocó los fantasmas de la dictadura y el cierre del Poder Judicial. Días después, con inaceptable mezquindad, calificó como “operación chiripa” la exitosa acción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que condujo a la captura del delincuente más buscado del país.
Cuando, el 30 de julio, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el bloqueo de las suplencias, ordenó su nombramiento y prolongó las designaciones que ya habían vencido para evitar una parálisis, la presidenta Fernández habló de “golpe de Estado”. Su jefe de fracción legislativa, Nogui Acosta, en un anuncio del delito de desacato, declaró que no cumplirían con resoluciones en que participaran esos magistrados. El lunes 3 de agosto, al acompañar a los diputados que plantearon una temeraria querella por prevaricato contra los magistrados titulares que votaron por el amparo, Fernández los descalificó con el inaceptable argumento de que no habían sido elegidos “por el voto popular”. Es decir, desconoció olímpicamente la Constitución y la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Fue por rechazo a este rumbo, que acumula cuatro años de antecedentes, que tantas y tan diversas personas salieron a la calle. Su masiva capacidad de movilización no debe ser desdeñada. Al contrario, la mandataria debería hacer un ejercicio de elemental empatía sociopolítica, tomarla como señal de un descontento mayor y volver al cauce de la institucionalidad democrática plena y la auténtica búsqueda del bienestar ciudadano. Los riesgos de no hacerlo son muchos: para nuestro país, nuestra democracia, nuestra libertad y hasta el propio gobierno.
En un famoso pasaje de la novela El sol también se levanta, del escritor estadounidense Ernest Hemingway, publicada en 1926, un personaje pregunta a otro: “¿Cómo te declaraste en bancarrota?”, a lo que este responde: “De dos maneras. Gradualmente y luego de repente”.
Los deslices autoritarios pueden pasar muy pronto de la gradualidad a la celeridad y el desplome. Lo mismo ocurre con la situación económica y social del país. Algunos ciudadanos no lo entienden, pero muchos otros –quizá hoy mayoría– sí. La jornada de acción cívica ejemplar del jueves fue una poderosa alerta. Ni la presidenta ni nadie debe desdeñarla.
