La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y la fracción legislativa de Pueblo Soberano, acompañados de la presidenta de la República, Laura Fernández, presentaron este lunes una querella por presunto prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, tras la decisión del Tribunal de prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes de este órgano hasta que la Asamblea Legislativa elija a sus sustitutos.
La acción judicial estaba prevista para las 9:30 a. m. en la Secretaría de Corte Suprema de Justicia, según anunció la bancada oficialista mediante una convocatoria divulgada en sus redes sociales; sin embargo, tanto la mandataria como la diputada arribaron al edificio a las 10:38 a. m. donde las esperaban un reducido grupo de manifestantes y miembros de la fracción oficialista y el gabinete.
La querella había sido anunciada el pasado viernes por la presidenta de la Asamblea Legislativa, quien aseguró que la resolución de la Sala Constitucional sobre el nombramiento de magistrados suplentes constituye una actuación ilegal y una violación al principio de separación de poderes.
A su salida de la Corte Suprema de Justicia, la presidenta Laura Fernández afirmó que el Gobierno acompañará a la fracción oficialista del Congreso durante todo el proceso judicial. Fernández señaló que la prórroga del nombramiento de los magistrados suplentes representa un ataque a la división de poderes. Según sostuvo, los cuatro magistrados que votaron a favor de esa decisión “desconocieron la Constitución”.
“Jamás cuatro magistrados usurpadores de la división de poderes y de la democracia van a poder imponerse a 31 diputados electos por el pueblo soberano. No vamos a permitir que sean pisoteadas las leyes de la República”, manifestó.
La mandataria agregó que este es “un momento histórico” para defender la Constitución y el orden democrático.
“En el momento en que yo, como presidenta, consienta que se haga esta afrenta por parte de cuatro magistrados que no fueron electos por voto popular, mientras que sí lo fueron los 31 diputados oficialistas, y guarde silencio, habrá caído el orden democrático y el respeto a nuestra Constitución”, afirmó.
Por su parte, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, aseguró que mantiene la expectativa de que la querella tenga una resolución favorable. Además, cuestionó que, a su juicio, los magistrados de la Sala Constitucional han asumido durante años atribuciones que no les corresponden al “interpretar la Constitución”.
“Confiemos. No nos abandonen, los necesitamos. Gracias por ese apoyo que siempre nos dan. Confiaron en nosotros y vamos a seguir dando la cara para sacar adelante los cambios que este país necesita”, expresó la jerarca legislativa.
Querella por presunto prevaricato
El prevaricato está regulado en el artículo 357 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios judiciales o administrativos que dicten resoluciones contrarias a la ley o que las fundamenten en hechos falsos.
El delito se castiga con penas de dos a seis años de prisión. Cuando se trata de una sentencia condenatoria en materia penal, la sanción aumenta de tres a 15 años.
La acción penal se dirige contra los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya García, quienes integraron la mayoría que resolvió prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes mientras el Congreso realiza las nuevas designaciones.
La presentación de la querella se da en medio de cuestionamientos de abogados constitucionalistas sobre si la resolución de la Sala Constitucional puede configurar el delito de prevaricato.
Consultados previamente por La Nación, los constitucionalistas Marvin Carvajal y Luis Felipe Rodríguez coincidieron en que la decisión del Tribunal no encaja, en principio, en esa figura penal.
Los abogados consideran que los magistrados actuaron dentro de las competencias que les confiere la Constitución para atender una situación excepcional derivada de la falta de nombramiento de magistrados suplentes.
Recurso de amparo
Ese fallo se dio luego de que la Sala Constitucional acogiera un recurso de amparo y ordenara mantener a los suplentes en funciones hasta que la Asamblea Legislativa nombre a sus reemplazos, con base en la nómina de candidatos remitida por la Corte Suprema de Justicia.
Tras conocerse la resolución, Fernández calificó la decisión como un “golpe de Estado” de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa y sostuvo que la Sala Constitucional asumió competencias que, según afirmó, corresponden exclusivamente al Congreso.
En esa misma conferencia, acompañada por diputados de Pueblo Soberano, la mandataria defendió que la querella busca sentar responsabilidades por lo que consideran una actuación contraria a la Constitución.
El fallo también ordenó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, o a quien ocupe ese cargo, someter la nómina de candidatos al conocimiento del Plenario “en la próxima oportunidad posible”, conforme a los parámetros establecidos en la resolución.
La sentencia fue aprobada por mayoría de cuatro votos contra tres. Votaron a favor Fernando Cruz, Paul Rueda, Jorge Araya e Ingrid Hess Herrera. Salvaron el voto Luis Fernando Salazar, Fernando Castillo y Anamari Garro.
Bloqueo del PPSO
La Asamblea Legislativa ha fracasado en 11 rondas de votación para completar la designación de los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional. En todas ellas, la bancada oficialista se ha negado a respaldar a los candidatos, lo que ha impedido alcanzar los 38 votos requeridos para efectuar los nombramientos.
El Congreso devolvió dos veces la nómina. La primera vez ocurrió el 10 de junio, cuando el PPSO aprobó una moción de orden con ese fin. Un mes después, el 15 de julio, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, reiteró esa decisión.
Tras la primera devolución, la Corte Plena acordó devolver intacta a los diputados la nómina al argumentar que no se brindó un motivo para rechazar el listado.
