La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, tomó este miércoles la decisión de devolver a la Corte Suprema de Justicia la nómina de 18 candidaturas presentadas para el nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
Así lo dio a conocer la jerarca del Congreso en la sesión del plenario, mediante una resolución de la presidencia legislativa, con base en las negativas que ha planteado el Partido Pueblo Soberano (PPSO) reiteradamente contra el nombramiento de las magistraturas suplentes.
La decisión de la presidenta legislativa fue apelada por los cuatro partidos del bloque democrático de la oposición: Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Acción Ciudadana (CAC).
Sin embargo, la apelación quedó pendiente porque la sesión de este miércoles debía levaltarse, por obligación reglamentaria, a las 5 p. m. La discusión continuará este jueves, en el plenario.
A los opositores apenas les dio tiempo para anunciar su apelación y cuestionar la decisión de la presidenta legislativa.
“Esta es una resolución ilegal y deja desamparados a miles de costarricenses”, dijo Claudia Dobles. A ella se sumó Abril Gordienko, de la Unidad, pues dijo que la obligación de los diputados es defender el procedimiento democrático y respetar el mandato constitucional de los diputados de elegir magistrados.
José María Villalta, del FA, calificó la decisión de Jiménez de arbitraria, ilegal e inconstitucional. “Violentan la Constitucional, pero esta no es una discusión jurídica, el pueblo debe tenerlo claro, porque el oficialismo quiere paralizar la Sala Constitucional y no pueda la Corte pronunciarse sobre las investigaciones penales graves por delitos de corrupción contra personas del oficialismo”, dijo el frenteamplista.
Los argumentos de Yara Jiménez
Entre sus argumentos, Jiménez aseguró que ya se han realizado 11 rondas de votación en el plenario, en dos periodos legislativos distintos y con conformaciones del plenario diferentes, sin que haya habido acuerdo entre las fracciones políticas para hacer las designaciones.
La Sala Constitucional está sin magistrados suplentes desde mediados de diciembre, por el vencimiento de la nómina de las anteriores suplencias.
En octubre del año pasado, la Corte envió una lista de 18 candidaturas para que se eligieran al menos nueve suplencias y, en mayo, abrió otro concurso para escoger seis aspirantes a las otras tres suplencias.
Entre los primeros argumentos del PPSO en contra de la elección de magistrados suplentes, estaba el de que ellos no conocían a los candidatos, lo que les impedía escoger debidamente magistraturas.
Sin embargo, voceros de las otras cuatro fracciones parlamentarias refutaron ese argumento, bajo el entendido de que ninguno de los nuevos diputados les conocía y, para conocer sus calidades y opiniones, estaban disponibles las actas de la Comisión de Nombramientos del anterior periodo legislativo, así como los videos de las sesiones de ese órgano en que se entrevistaron las 18 candidaturas.
Nuevos argumentos contra la elección de suplentes
Este miércoles, el PPSO esgrimió un nuevo argumento para justificar su negativa a votar por los candidatos propuestos por el Poder Judicial.
Durante una audiencia, este miércoles por la mañana, en la Comisión de Nombramientos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, los oficialistas Marta Esquivel y Gerald Bogantes cuestionaron el proceso de entrevistas realizado por magistrados de la Sala Constitucional a los aspirantes que avanzaron a esa etapa tras superar un filtro previo.
Los legisladores sostuvieron que el proceso es subjetivo, al no contar con un instrumento definido, sino que deja a criterio de cada magistrado las preguntas formuladas a los candidatos durante las entrevistas.
Aguirre rechazó esa crítica. “Es un procedimiento objetivo, en cuanto fija con claridad las reglas a las que deben ajustarse todas las personas aspirantes a esos puestos. No se trata, como se ha querido dar a entender, de un procedimiento subjetivo”, afirmó.
El jerarca explicó que la ausencia de una escala o rúbrica responde a criterios establecidos por la propia Sala Constitucional. “El hecho de que no tengamos una escala obedece a que la Sala Constitucional, en un pronunciamiento del 2014, señaló que no es posible, en los procesos de selección de magistrados suplentes, utilizar ese tipo de mecanismos”, indicó.
Añadió que, según ese criterio, los requisitos para la elección de magistrados están definidos en la Constitución Política, por lo que la valoración debe limitarse a esos elementos, sin incorporar otros adicionales.
Yara Jiménez argumentó que el proceso ya estaba agotado en el Congreso, sin que se haya encontrado un acuerdo político entre las fracciones, por lo que correspondía la devolución de la nómina “por economía procesal”.
Presidenta legislativa condena Sala Constitucional al cierre técnico
Con la decisión de Yara Jiménez, la Sala Constitucional queda condenada al inminente cierre técnico.
Esto se debe a que, ante la falta de suplencias, ninguno de los magistrados propietarios puede tomar vacaciones ni acogerse a alguna incapacidad por motivos de salud, pues entonces el tribunal no podría funcionar.
Obligatoriamente, la Sala Constitucional debe estar totalmente integrada por sus siete miembros, para poder conocer de los asuntos que se le presentan, desde los recursos de amparo y de hábeas corpus, hasta las acciones de inconstitucionalidad y las consultas de constitucionalidad sobre los diferentes proyectos de ley, tanto preceptivas como facultativas.
De hecho, ya están frenados 123 expedientes porque los magistrados se han inhibido de conocerlos, por diferentes razones y, ante la ausencia de las suplencias, no hay magistraturas que puedan avanzar con dichos asuntos.