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Ya suman 123 los expedientes que permanecen estancados en la Sala Constitucional, sin poder resolverse por el fondo, debido a que uno o varios magistrados se inhibieron de conocer los casos.
El número de expedientes se elevó en 36, desde el 11 de junio, cuando se reportaron 87 inhibitorias.
“Conforme pasan los días y no hay magistrados suplentes, se van acumulando más asuntos sin resolver en el tribunal. Hay que partir del hecho de que detrás de cada expediente hay una persona que requiere de una justicia pronta y cumplida”, expresó Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional.
Para poder votar, el tribunal requiere su integración completa; sin magistrados suplentes, los casos quedan paralizados. La Sala opera sin estos funcionarios desde el 16 de diciembre, cuando vencieron todos sus nombramientos.
Aunque la Corte Suprema de Justicia remitió a la Asamblea Legislativa una nómina con 18 candidatos, la bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se niega a votar por los nombres propuestos.
El jefe de esa fracción, Nogui Acosta, ha argumentado que no conocen a los aspirantes y que el proceso debe reiniciarse desde cero, pese a que las bancadas de oposición han planteado retomar la fase de entrevistas para que los diputados oficialistas se familiaricen con los candidatos.
En total, se han realizado 11 rondas de votación sin que se elija a un solo suplente. El PPSO ha votado en blanco en cada ocasión y, el pasado 10 de junio, impulsó una moción para devolver la nómina a la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, el 15 de junio, la Corte Plena decidió remitir nuevamente la lista original al Congreso, al concluir que no existe una justificación objetiva para rechazarla.
