El abogado fue nombrado integrante de la Junta Directiva del BCR el pasado 1.° de julio por el Consejo de Gobierno.
“Acepté la designación en el BCR porque el proceso para la Sala está complicado y uno no ve luz en nada de eso. Ya acepté formalmente un cargo y, por más ganas que he tenido de llegar a la Sala, estaría dejando esa aspiración”, afirmó a La Nación.
Campos indicó que considera prácticamente agotado el proceso para elegir a los magistrados suplentes y, si finalmente se abre un nuevo concurso, no volvería a participar. Agregó que, tras aceptar el cargo en la Junta Directiva del BCR y ser juramentado, debe ser consecuente con esa designación.
Además, atribuyó la incertidumbre del proceso a que, según dijo, “la Asamblea Legislativa anterior tuvo todo para elegir (a los magistrados suplentes), pero no lo hizo”.
La Sala Constitucional confirmó a La Nación que, hasta este martes, no había recibido ninguna comunicación formal de Campos en la que manifestara su intención de renunciar a su candidatura como magistrado suplente.
Consultada sobre una eventual incompatibilidad entre integrar la Junta Directiva del BCR y ejercer como magistrado suplente, la Sala indicó que ese análisis corresponde a un criterio jurídico, por lo que no emitirá pronunciamientos anticipados sobre situaciones específicas.
Bloqueo del oficialismo
La Asamblea Legislativa ha fracasado en 11 rondas de votación para completar esos nombramientos. En todas ellas, el oficialismo no ha respaldado a ninguno de los aspirantes, tanto durante la legislatura anterior, cuando la bancada era encabezada por Pilar Cisneros, como en la actual, bajo el liderazgo de Nogui Acosta.
La última votación, realizada en mayo, tampoco permitió completar las designaciones, luego de que diputados del PPSO votaran en blanco al alegar que no conocían suficientemente a las personas postuladas.
Posteriormente, en junio, el PPSO aprobó en el Plenario una moción para rechazar la nómina y solicitar a la Corte Suprema de Justicia que remitiera una nueva lista de aspirantes. No obstante, la Corte devolvió la misma lista de 18 candidatos, sin modificaciones.
A inicios de este mes, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, indicó en la reunión de jefes de fracción que el PPSO no había alcanzado consenso sobre la nómina de candidatos, por lo que la bancada volvería a plantear ante el Plenario una moción para devolver la lista a la Corte.
En caso de que no se logre un acuerdo que permita sumar los 38 votos necesarios para alguno de los postulantes, se tendrá que iniciar un nuevo proceso de selección, lo que implica una nueva convocatoria, recepción de postulaciones y valoración de atestados.
Este procedimiento puede extenderse hasta por ocho meses, dado que deben repetirse todas las etapas, lo que significa un riesgo para el funcionamiento de la Sala Constitucional.
Consultado por La Nación, el jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, señaló que el nombramiento de Campos como integrante de la Junta Directiva del BCR respondió a un concurso público realizado por el Consejo de Gobierno y evitó adelantar si la bancada respaldaría su eventual elección como magistrado suplente.
“Es una decisión soberana de él y del Consejo de Gobierno también nombrarlo en esa Junta Directiva. Para los efectos del nombramiento de magistrados suplentes, él (Christian Campos) tomará la decisión por la incompatibilidad que tiene entre su nombramiento como miembro de Junta Directiva y el ser magistrado suplente”, afirmó.
Nombramiento como directivo del BCR
Años antes de su nombramiento en el BCR, Campos también enfrentó una sanción administrativa impuesta por la Contraloría General de la República (CGR).
En el 2019, el órgano le impuso una prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública durante dos años al declararlo responsable administrativamente, junto con otros exdirectores del Conavi, por hechos calificados como culpa grave.
Según la División Jurídica de la Contraloría, la sanción obedeció a que Campos y otros exdirectores del Conavi respaldaron una contratación directa para un proyecto vinculado a la Terminal de Contenedores de Moín que no garantizaba la solución requerida ni cumplía con la viabilidad ambiental vigente.
La instancia agregó que, según el registro incorporado en el Sistema de Registro de Sanciones de la Hacienda Pública (Sirsa), la sanción indicada se ejecutó del 24 de junio de 2019 al 24 de junio de 2021.
Consultado por La Nación, Campos explicó que impugnó la sanción en la vía contencioso-administrativa. Aunque la Sala Primera anuló una primera sentencia en su contra, el Tribunal Contencioso Administrativo volvió a resolver en el mismo sentido en 2025.
El abogado indicó que decidió no continuar litigando porque la sanción ya había vencido y calificó el proceso como “demasiado largo y desgastante”.
‘Fue una sorpresa’
El nuevo directivo del BCR aseguró que desconocía si el Consejo de Gobierno tomó en consideración ese antecedente al momento de valorar su nombramiento. Añadió que su designación en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica fue inesperada y defendió que cumple con los requisitos para desempeñar el cargo.
“Me presenté al proceso que vi publicado; envié atestados; me entrevistaron —alrededor de seis personas, entre ellas la secretaria del Consejo de Gobierno, el vicepresidente Francisco Gamboa y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves— y luego se me comunicó el nombramiento”, indicó.
Respecto a su candidatura como magistrado suplente, Campos afirmó que durante esas entrevistas informó que integraba la nómina de candidatos. Sin embargo, aseguró que indicó a los entrevistadores que consideraba ese proceso prácticamente cerrado debido al estancamiento de la elección en la Asamblea Legislativa.
Campos ha ocupado diversos cargos en la administración pública, entre ellos jefe de la Asesoría Legal de Racsa, integrante de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) y actualmente dirige el Instituto de Profesionalización de Competencia y Contratación Pública.
