Difícilmente existe un acto más inaceptable en democracia que enarbolar la amenaza –aunque sea velada– de dictadura. Esto fue lo que hizo el expresidente y ministro doble, Rodrigo Chaves, el pasado sábado 25 de julio. Y ninguno de los funcionarios a su alrededor, desde la presidenta Laura Fernández hasta el jefe de la fracción legislativa oficialista, Nogui Acosta, lo corrigieron. Más bien, asintieron, en apariencia complacidos, e incluso Fernández lo justificó posteriormente.
Tras la sesión del Consejo de Gobierno en Nicoya, durante una puesta en escena al aire libre definida como “conferencia de prensa”, una pregunta orquestada le dio la oportunidad a Chaves de desatar una arenga indigna de las celebraciones por la Anexión y de los costarricenses en general.
A raíz de la captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, en una operación conjunta de la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Chaves primero la emprendió contra el Poder Judicial por su defensa del presupuesto que le corresponde. Lo llamó “oportunista, convenenciero, hipócrita y aprovechado”, y acto seguido lanzó esta tirada: “Me refiero al caso de la dictadura. Existe un movimiento coordinado de una oposición obstruccionista y comunista que se alió al Poder Judicial para meterles miedo a los guanacastecos y al resto del país”.
Vino entonces lo peor: “¿Lo van a comprar ustedes? ¿Están muertos de miedo? ¿Les da miedo la dictadura? ¿Les da miedo que cierre el Poder Judicial?”.
Enarbolar la palabra “dictadura”, sin razón alguna para hacerlo, no puede verse como un simple recurso retórico o un arranque de emoción. Tampoco puede considerarse solo un intento para buscar protagonismo. Al contrario, todo indica que pretende un objetivo más sustancial: basta preguntar si hay miedo a “la” (no simplemente a “una”) dictadura, para insinuar la posibilidad de que se dé. Así, se abre el camino a su normalización en el discurso público, y de aquí a legitimarla la distancia es corta.
Además, plantearla en medio de ataques a uno de los tres poderes de la República, indispensable para los pesos democráticos, y acusarlo de aliarse con una inexistente “oposición obstruccionista y comunista”, resulta doblemente reprochable. Primero, desconoce su trascendencia, legitimidad y necesidad de independencia; segundo, equipara la tarea de los partidos opositores con el obstruccionismo y el comunismo.
Al hacerlo, la implicación es que ambos son fuentes de perjuicio, no elementos consustanciales a la democracia; por ende –según esa línea de pensamiento–, no tienen razón de ser y pueden resultar prescindibles. Estamos, ni más ni menos, ante un discurso típico de los proyectos de erosión de la democracia.
La última pregunta de Chaves –“¿Les da miedo que cierre el Poder Judicial?”– resulta peligrosamente ambigua. No deja claro si la fuente de esa posible acción sería indeterminada o impersonal, o bien producto de una decisión personal, un “yo” –es decir, él– que concuerda con la forma en que conjugó el verbo “cerrar”. Queda a la interpretación.
Este episodio se dio en medio de presiones múltiples, sean retóricas o materiales, contra las instituciones de control, los medios de comunicación que ejercen su independencia, los grupos empresariales y gremiales, las universidades públicas y los colectivos sociales de diferente índole. Es decir, estamos ante lo que luce cada vez más como el impulso de un proyecto hegemónico.
Se inició con el gobierno de Chaves y ha continuado con el de Fernández, a pesar de que no solo ella sino el diputado Acosta y algunos altos cargos de gobierno se han desenvuelto durante años en la política gracias a nuestra institucionalidad democrática. ¿Entenderán la gravedad de lo ocurrido?
La democracia, esencia y bastión de nuestra convivencia, es una especie frágil; la dictadura, aunque solo insinuada, una planta invasora. Devora los principios de elecciones libres y competitivas; la independencia de poderes; el disfrute pleno de la libertad; el respeto a los derechos políticos, civiles, sociales, culturales y ambientales; la protección de los débiles; la aceptación de las diferencias; la solidaridad y la tolerancia.
Sí, debemos hablar de dictadura, pero para marcar claramente su perversidad y su carácter de antítesis del ser y el quehacer costarricenses. En la base de nuestro contrato social, tanto el que refleja explícitamente la Constitución como el que emana de nuestra historia y nuestra relación diaria, está la mezcla de democracia, liberalismo, justicia y búsqueda constante del bienestar. Tratarlos como elementos irrelevantes o perjudiciales resulta detestable.