En el texto, el tribunal sostiene que su resolución “responde exclusivamente al mandato constitucional de proteger a la ciudadanía ante la situación generada por la ausencia de magistraturas suplentes” y afirma que sus fallos están “debidamente fundamentados en normas y principios jurídicos”.
La Sala calificó como “desproporcionadas y alejadas del respeto que debe prevalecer entre los poderes del Estado” las declaraciones del Ejecutivo, y aseguró que continuará actuando “con firmeza, valentía e independencia”.
El comunicado se produce horas después de que la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, anunciara, desde Casa Presidencial y junto a la presidenta Laura Fernández y la fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), que el próximo lunes presentará ante la Secretaría de la Corte Plena una querella por presunto prevaricato contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García.
Fernández calificó la sentencia como “un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa”.
Los cuatro magistrados votaron el jueves a favor de prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes —cuyo periodo venció en diciembre de 2025— hasta que el Congreso designe a sus sustitutos.
Los magistrados Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar y Anamari Garro salvaron el voto y declararon sin lugar el recurso de amparo que dio origen al fallo.
Las declaraciones en torno a un golpe de Estado "no tienen ningún asidero"
Manifestaciones de golpe de Estado no tienen asidero, afirma magistrado Jorge Araya
El magistrado Jorge Araya García lamentó “profundamente” las declaraciones de la presidenta Laura Fernández, pues opinó que el concepto utilizado en torno a un golpe de Estado no tiene ningún asidero ni en la doctrina clásica ni en la contemporánea.
“En palabras sencillas para todos los costarricenses de buena voluntad, un golpe de Estado es una ruptura ilegítima del orden constitucional. En el caso que nos ocupa, en la resolución que dictó la sala, el día de ayer, de lo que se trata es totalmente lo contrario. Se trata de restablecer el orden constitucional a nivel jurisdiccional”, precisó.
Araya García agregó que la presidenta hizo una interpretación, a su parecer, prematura.
“Necesita ella, su gobierno y el país conocer la integralidad de la sentencia, de la resolución dictada por el más alto tribunal de justicia constitucional del país. De tal manera que lo prudente hubiera sido esperar a que se le notifique el fallo integralmente para tener una reacción al respecto”, agregó.
Araya recalcó que la justicia constitucional es una justicia plena. Eso significa que no es una justicia parcial; es una justicia para todos los costarricenses y no solo para una parte de ellos.
“Este fallo de ayer del Tribunal constitucional costarricense refuerza el acceso a todas las personas sin distinción de ningún tipo. Eso significa que los temas de salud, los temas en materia social y todos aquellos temas relacionados con el sueño de una persona de tener una sentencia a su favor, del dolor de cada ser humano que hay detrás de un expediente, el tribunal constitucional, ahora sí, lo va a poder resolver", concluyó.
El fallo se da en medio de un bloqueo legislativo prolongado.
El Congreso devolvió dos veces a la Corte Suprema la nómina de 18 candidaturas a las suplencias —el 10 de junio y el 15 de julio—, sin lograr los 38 votos necesarios para ningún nombramiento.
El abogado constitucionalista Marvin Carvajal señaló que cualquier funcionario con potestad de decisión puede ser denunciado por presunto prevaricato, pero aclaró que la sola presentación de una querella no implica que el delito exista.
