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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha tocado la campana de lo que podría definirse como una última llamada para evitar un deterioro terminal del régimen de pensiones que cobija a la inmensa mayoría de los asalariados formales del país. Todos debemos atenderla con urgencia, seriedad y voluntad de acción. La responsabilidad mayor de hacerlo, sin embargo, recae en quienes tienen poder de decisión: los actores políticos, gubernamentales, administrativos, gremiales y empresariales.
La Gerencia de Pensiones de la Caja ha dado a conocer datos alarmantes. El año pasado fue necesario usar ¢50.000 millones del fondo de reservas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para honrar sus compromisos con los jubilados. Si la situación sigue desarrollándose como hasta ahora, en 2029 sería necesario tomar ¢347.960 millones. Este proceso de erosión haría que el fondo se desplome de ¢2,64 billones (millones de millones) en 2025 hasta ¢1,89 billones, cuatro años después.
Con razón, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, calificó el momento actual como la “última ventana” de oportunidad para discutir la reforma. Con tal fin, la Junta Directiva de la Caja aprobó, en sus palabras, “20 insumos preliminares”, destinados a “poner en la mesa de la discusión nacional” las medidas por tomar.
La principal virtud del planteamiento es que no se limita al IVM y a las ineludibles responsabilidades de la CCSS en su sostenibilidad. Va más allá, al abordar el reto de las pensiones en la multiplicidad de sus retos. Sin embargo, prácticamente todas las opciones planteadas tienen aristas polémicas. Por esto, deberán ser discutidas con una mezcla de gran rigor técnico-actuarial, apertura a los acuerdos menos imperfectos (porque los ideales nunca existirán), horizonte preventivo, ponderación de las variables críticas, y clara conciencia sobre el impacto económico y social de las posibles medidas que se adopten.
En la base del problema está la evolución demográfica del país. La drástica reducción en los nacimientos y el ascenso en la esperanza de vida, han deteriorado de manera creciente la proporción entre la población económicamente activa y la que no lo es. Son dinámicas totalmente predecibles, pero en extremo descuidadas como variables esenciales para adoptar, a su debido tiempo, políticas públicas realistas en pensiones y salud.
Lo más que se ha hecho hasta ahora es adoptar medidas paliativas, algunas con impacto negativo a largo plazo. Entre estas nos referimos, en particular, a la elevación en las cuotas obrero-patronales. Incrementar el costo del trabajo formal, ha tenido el perverso efecto de estimular la informalidad, atemperar el crecimiento en la base de contribuyentes y, de este modo, agudizar el problema de sostenibilidad.
La opción de otro incremento en las cuotas sería económicamente insostenible y socialmente perjudicial. La Caja parece haberlo entendido. Por esto, entre sus opciones no están mayores contribuciones, sino que cargas laborales ya existentes, dirigidas a financiar el Instituto Nacional de Aprendizaje y Asignaciones Familiares, o aportar al Banco Popular, sean redistribuidas en favor del IVM.
Además, al fin ha planteado como iniciativa flexibilizar los esquemas de aseguramiento para poblaciones con modalidades diversas de ingresos. Implica, entre otras cosas, reconocer que el mercado laboral está en franca transformación y que la informalidad debe combatirse con flexibilidad.
Sin embargo, nada de lo anterior parece que será suficiente. Y aquí entra lo más polémico de todo: la eventual reducción del porcentaje del ingreso promedio de referencia que recibirían los pensionados con más de dos salarios mínimos. Esto se agravaría si se avalara otra propuesta: cotizar un 5% para los servicios de salud. La reducción de beneficios y el posible incremento en la edad de pensión real, vía mayor número de cuotas, requerirán un intenso proceso de negociación, porque su impacto social será enorme.
Todo apunta a que, más temprano que tarde, el Estado, vía presupuesto, deberá aportar directamente al IVM. Y esto lleva a otro tema de gran importancia: cómo financiar ese aporte. Por el momento, debería comenzar por pagar la deuda multimillonaria con la Caja. Lo que debe por pensiones, contrario a los servicios de salud, es muy fácil de calcular. Sin embargo, es probable que tampoco sea suficiente.
En síntesis, la magnitud del problema es sumamente grande; su urgencia, también. La necesidad de abordarlo sin dilaciones resulta indispensable. Estamos ante un tema de justicia generacional, solidaridad humana y cohesión social, en un contexto económico, laboral y fiscal complejo. La tarea será laboriosa. Es una razón adicional para comenzar de inmediato.
