Escuchar
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) planteó un drástico recorte en las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), junto con un aumento en las cotizaciones requeridas para jubilarse, como parte de un paquete de reformas estructurales al principal fondo de retiro del país.
Las medidas surgen en medio de un momento crítico para la sostenibilidad financiera del IVM y fueron aprobadas por unanimidad en la sesión ordinaria N.° 9603 de la Junta Directiva de la CCSS, realizada este lunes 4 de mayo.
Según explicó el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, se trata de 20 insumos preliminares que servirán de base para construir una propuesta concreta mediante el diálogo con distintos sectores a nivel nacional.
Estas opciones se depuraron a partir de 1.248 iniciativas analizadas y, según recalcó Barrantes, surgen ante la proyección de un uso acelerado de la reserva del IVM, impulsado por el menor crecimiento de los ingresos −especialmente por la morosidad del Estado− y el aumento en la cantidad de jubilaciones.
Bajo ese escenario, la reserva del régimen se reduciría en un 30% en cinco años, al pasar de ¢2,64 billones en 2025 a ¢1,89 billones en 2029, lo que a criterio del gerente justifica la urgencia de aplicar estas reformas.
Entre las 20 propuestas figura un recorte en las pensiones, mediante la reducción de la tasa de reemplazo. Este es el porcentaje del salario que se recibe al jubilarse, el cual pasaría de un rango actual que oscila entre 52,5% y 57,5% a uno que se ubicaría entre 40% y 43%.
A las reformas con impacto directo para futuros jubilados se sumaría un aumento en las cotizaciones requeridas para obtener la pensión por vejez, la cual pasaría de 300 a 360, es decir, de 25 años a 30 años de trabajo.
Lo anterior implicaría, en promedio, unos cinco años adicionales de trabajo para cumplir con el requisito, pese a que la CCSS insiste en que no prevé ni analizará elevar la edad de jubilación.
Las medidas también contemplan que los pensionados del IVM asuman un aporte del 5% para cubrir el Seguro de Salud, como ocurre en el Magisterio Nacional y el Poder Judicial.
Además, incluyen la afiliación automática de trabajadores independientes al ROP, una redistribución de cargas sociales, y la eventual redirección de un 1% del impuesto al valor agregado (IVA) para financiar el sistema.
El objetivo de los cambios es elevar la razón de solvencia del IVM del 56% actual a un 85%. Este indicador mide la capacidad del fondo de pagar las pensiones actuales y futuras.
“Una sola acción no genera un impacto grande por sí solo, sino que tiene mayor impacto positivo la combinación de alternativas, donde una redirección del aporte estatal, que se manifiesta en un incremento progresivo de la prima, más la aplicación de la cuantía básica a un 43%, genera 27,26 puntos porcentuales más en el indicador (de solvencia)”, se precisa en el informe.
El IVM es el fondo de pensiones más grande de Costa Rica, con más de 2 millones de trabajadores cotizantes, 393.000 personas jubiladas y 83.000 patronos.
Recorte drástico en pensiones
Según el reglamento vigente del IVM, la tasa de reemplazo inicia en 52,5% del salario promedio de referencia para quienes cotizan hasta dos salarios mínimos, grupo que concentra a la mayoría de trabajadores. Por ejemplo, una persona con un ingreso de ¢500.000 recibiría ¢262.500.
Si acumula 360 cuotas (30 años) ese porcentaje puede subir hasta 57,5%, es decir, ¢287.500. En las pensiones mínimas, el porcentaje incluso supera el 65%, debido a un aporte estatal que garantiza un ingreso base.
La propuesta de la CCSS plantea reducir esos porcentajes y fijar una tasa general de entre 40% y 43%. Así, en el ejemplo anterior, la pensión de esa persona pasaría a ubicarse entre ¢200.000 y ¢215.000.
Según explicó el gerente de Pensiones, este cambio responde a una visión integral del sistema, en la que el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) dejaría de verse como un ahorro adicional y pasaría a complementar el IVM con un aporte de entre 15% y 20%, para alcanzar en conjunto una tasa cercana al 60%, similar a la que aplica en la actualidad para el IVM.
No obstante, bajo el esquema vigente, las personas reciben entre un 52,5% y un 57,5% de su salario, al que luego se suma el ROP, por lo que, en la práctica, la propuesta implicaría un recorte en las pensiones.
Aumento en cuotas para jubilarse y pago del Seguro de Salud
Otra de las medidas con impacto directo en los beneficiarios del IVM plantea un aumento en las cuotas requeridas para jubilarse.
Actualmente, la pensión por vejez exige 65 años de edad y al menos 300 cotizaciones. Sin embargo, la Gerencia de Pensiones propone elevar ese requisito a 360 cuotas, lo que implicaría alrededor de cinco años adicionales de trabajo. Pese a ello, Jaime Barrantes reiteró que la CCSS descarta modificar la edad de retiro, que se mantendría en 65 años.
Existen casos de pensión anticipada para mujeres a los 63 años, siempre que acumulen al menos 403 cuotas. Las propuestas no contemplan cambios en este punto, aunque sí incluyen beneficios para trabajadoras independientes que enfrenten dificultades para alcanzar ese umbral, mediante el reconocimiento de cuotas por número de hijos o por labores de cuido, que se definirían posteriormente.
A ello se suma una reforma que plantea que quienes se pensionen bajo el IVM asuman el pago de su seguro de salud, actualmente cubierto por la institución. Este esquema ya aplica en el Magisterio Nacional y en el Poder Judicial, y supondría un rebajo del 5% en la pensión mensual.
Ante consultas de La Nación, Barrantes indicó que aún no se define si la medida tendría carácter retroactivo o si aplicaría solo para nuevos beneficiarios, ya que primero debe analizarse en el ámbito legal.
“(La propuesta) parte de (que se aplique) en general para todos, pero habrá que ver temas legales de retroactividad (para ver) si corresponde solo para los nuevos (pensionados) y si, además, se hace solo para pensionados de cierto monto hacia arriba. El tema es que sí hay que discutirlo, porque es un monto importante del gasto en pensiones actual y futuro”, explicó.
Para aplicar esta última modificación, serían necesarias reformas legales a la Ley N.º 6230, que interpreta el artículo 2 de la Ley N.º 5905, así como una modificación al artículo 3 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (N.º 6898), donde se establece esa cobertura.
En 2024 −último dato disponible ante la ausencia de estados financieros actualizados− la CCSS desembolsó ¢228.300 millones para cubrir el Seguro de Salud de los pensionados del IVM, frente a ¢201.780 millones en 2023. Dicho gasto ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años.
Redistribución de cargas patronales y otras iniciativas
Otra de las propuestas de la CCSS plantea trasladar al IVM las cuotas patronales que hoy se destinan al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), equivalentes a cerca de un 7,25% de las cargas sociales.
Para compensar el faltante que generaría esta redistribución, Barrantes explicó que se utilizaría el espacio fiscal que se libere en el Presupuesto Nacional conforme disminuyan las obligaciones por pensiones con cargo al erario.
Es decir, a medida que el Estado destine menos recursos a estos pagos −como pensiones para exdiputados, expresidentes, víctimas de guerra, Magisterio Nacional, entre otros−, esos fondos podrían redirigirse para cubrir el aporte que los patronos dejarían de girar al INA y a Fodesaf.
De este modo, el Estado asumiría ese financiamiento, mientras las cargas patronales se orientan a fortalecer el IVM, con miras a alcanzar una prima de entre 15% y 16%.
Además, las propuestas contemplan: que las pensiones de mayor monto aporten una contribución solidaria, desligar la pensión mínima de la base contributiva, otorgar incentivos a quienes posterguen su retiro e inscribir automáticamente a trabajadores independientes en el ROP, con posibilidad de desligarse si así lo desean.
Asimismo, la CCSS plantea crear una “pensión consumo”, que consiste en redirigir un 1% del IVA al sistema. Estos recursos alimentarían una cuenta voluntaria, administrada por las operadoras.
También se propone separar el cobro de la deuda estatal con el Seguro de Salud y el IVM, diversificar las inversiones de la reserva y crear una junta directiva adicional especializada en pensiones.
