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Dos decretos fallidos terminaron por demostrarle al gobierno de Rodrigo Chaves que la promesa de campaña electoral de reducir el precio de los medicamentos no se logra con una orden firmada en Casa Presidencial. El problema es más complejo. Pero dicen que la tercera es la vencida y la esperanza ahora descansa en la ley aprobada hace dos meses por 41 diputados, que entró en vigor este miércoles 11 de febrero, tras ser publicada en La Gaceta.
La Ley de Fomento y Promoción de la Competencia en el Mercado de Medicamentos (N.° 23.242), propuesta por las legisladoras María Marta Carballo y Melina Ajoy, plantea la creación de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, la cual definirá un precio de referencia de los productos cuando entren al país.
Esa comisión la integrarán dos representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), uno del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), uno del Ministerio de Salud, uno de farmacias privadas, uno de droguerías (intermediarios mayoristas) y uno de laboratorios farmacéuticos nacionales. Ellos también deberán reglamentar la metodología para calcular los precios de referencia.
La ley, a la vez, prohíbe que las droguerías e importadoras mantengan contratos de exclusividad con farmacias. En adelante, ningún intermediario podrá condicionar a una farmacia a vender exclusivamente su portafolio, pues esa conducta se considerará una práctica monopolística sancionable bajo la Ley de Promoción de la Competencia. La norma, además, autoriza la importación paralela en casos específicos para presionar mercados cerrados. Y, para utilidad de los consumidores, crea un observatorio de precios, es decir, una plataforma pública de información donde se deberán registrar y publicar los precios de los fármacos a lo largo de la cadena de comercialización. Es un mecanismo de comparación que, si funciona con transparencia y rigor, empoderará a los usuarios.
La herramienta legal parece sólida, pero para traducirse en resultados y credibilidad, la comisión –adscrita al MEIC– deberá blindarse frente a conflictos de interés e intromisiones políticas y actuar con estrictos criterios técnicos. De ahí la importancia de que sus integrantes sean designados por idoneidad y no por afinidades partidarias, pues, sin una implementación seria, la ley podría terminar como otro acto de buenas intenciones. El país ya vivió esa experiencia con los inútiles decretos emitidos por el presidente en junio de 2022 y febrero de 2025, que demostraron que la improvisación no baja precios.
No puede olvidarse que el decreto de homologación sanitaria del 2022 prometió agilizar registros y abrir el mercado a productos aprobados por agencias internacionales de alta vigilancia, pero terminó anulado por falta de sustento jurídico. El decreto de control de márgenes del 2025 intentó intervenir directamente en la cadena de comercialización, pero generó distorsiones y no produjo la reducción generalizada de precios que se anunció con pomposidad. En ambos casos se buscó incidir en el precio final en farmacia sin corregir las causas estructurales del mercado farmacéutico.
El problema no es lineal. Costa Rica es un mercado pequeño, altamente dependiente de importaciones y catalogado como país de renta media-alta, una condición que incide en los precios de origen fijados por los laboratorios internacionales. A ello se suman procesos de registro sanitario que históricamente son lentos, una baja penetración de genéricos sin marca, en comparación con estándares internacionales, y una competencia que no siempre opera con la intensidad necesaria para controlar precios. Ninguna de esas variables se corrige con un simple tope administrativo.
De ahí que la ley –con mayor alcance jurídico que un decreto–genere la expectativa de que por fin se cerrarán las brechas de precios que hoy existen entre Costa Rica y naciones cercanas.
La diputada Carballo citó como ejemplo el costo de 30 cápsulas de omeprazol de 20 mg. En el mercado local rondan los ¢21.000, mientras que en Nicaragua se consiguen por ¢2.650; en Guatemala, por ¢4.240; en El Salvador, por ¢5.300; en Honduras, por ¢6.360 y en Colombia, por ¢2.200.
Estas diferencias llevan a concluir que solo cuando la ley comience a producir efectos concretos –cuando un cliente llegue a la caja de una farmacia y pague menos– podrá afirmarse que la tercera fue la vencida. Lo que ya no cabrá son las trilladas excusas del “no me dejan” ni la costumbre de trasladar responsabilidades. De eso, el país ha escuchado suficiente durante este mandato.
El gobierno debe comprometerse a aplicar la ley pronto, pero con pasos firmes. En junio pasado, cuando el mandatario admitió el fiasco con el último decreto, ofreció trabajar en soluciones y dijo: “La ministra del MEIC sabe que el reloj está ‘tic-tac, tic-tac’”. Hoy, corre el tiempo para demostrar que esta reforma no se suma a la lista de anuncios sin efecto.
