El precio de las medicinas, que preocupa a muchas personas, pasó de ser un problema eminentemente técnico a uno aparentemente de política contingente.
Hace unos meses, el gobierno de Joe Biden dio a conocer una lista de 10 medicamentos de venta bajo receta cuyos precios negociaría directamente con los laboratorios fabricantes.
El esfuerzo era central en la campaña de reelección de Biden, quien pretendía convencer a los estadounidenses de que merecía un segundo mandato para reducir los precios en medio de la elevada inflación. Sin embargo, los efectos de las negociaciones, como muchas políticas públicas, toman tiempo, y el reto para él era pedir paciencia.
Biden estaba diciendo, implícitamente, que el problema se debía a los grandes márgenes de comercialización de los distribuidores mayoristas y minoristas y quería desintermediar el mercado en los EE. UU. Una medida de política económica, no de política contingente.
El 4 de diciembre, Roberto Saad Meza planteó una idea similar en su artículo de opinión “Una propuesta para bajar el precio de los medicamentos”.
Propuso permitir que las droguerías importen medicamentos de distintos países para fomentar la competencia y reducir los precios al consumidor.
Parece que Saad tiene razón. Un estudio llevado a cabo por el MEIC en el 2019 mostró que el mercado de medicamentos en Costa Rica estaba muy concentrado y tres distribuidoras (GFI, CEFA y Cofasa) controlaban el 60 % de la importación y distribución. Otras 46 se dividían el 40 % restante.
Además, estas distribuidoras estaban integradas verticalmente y poseían cadenas de farmacias. Por ejemplo, GFI controlaba Sucre y Farmacias Santa Lucía; mientras que Cuestamoras era dueña de CEFA y las cadenas La Bomba y Fischel.
Esta alta concentración podría explicar los elevados precios en Costa Rica, que subieron un 4,5 % real en comparación con el año anterior, según el INEC. Este aumento fue cinco veces mayor que la inflación promedio de la canasta básica.
La idea de Saad atiende esta gran concentración e integración vertical de los actores influyentes en este sector.
Sin embargo, su idea es insuficiente para bajar los precios, ya que existe un problema de agencia y principal.
En este problema, el principal es el paciente que, al poseer información limitada o asimetría de información sobre su condición de salud, cede la elección del medicamento al agente, representado por su médico, para que tome la decisión por él.
Una encuesta realizada en Chile en el 2019 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el equivalente a la Coprocom en Costa Rica, mostró la distancia de preferencias entre el agente y el principal en ese país.
El 77 % de los pacientes nunca comparó precios de medicamentos bajo receta antes de adquirirlos (p. ej. los consideraban bienes de conveniencia) y el 66 % de los médicos no cambió el medicamento recetado, a pesar de que el paciente le solicitó el más económico.
Esta baja elasticidad de sustitución por parte del médico muestra la desalineación de las preferencias y los objetivos del agente (médico) y el principal (paciente), y explicaría en parte por qué, a pesar de la ley de medicamentos genéricos bioequivalentes vigente desde el 2014 en Chile, los precios de los medicamentos genéricos de venta bajo receta eran en promedio un 43 % más caros que en los EE. UU.
Las ineficiencias causadas por el actuar del agente (médico) puede medirse de acuerdo con varias perspectivas.
En primer lugar, se le realizó al médico la pregunta indirecta. En esta, se le pidió seleccionar el medicamento que más recetaba, dada una patología común, propia de su especialidad médica.
Posteriormente, se le solicitó que nuevamente escogiera el medicamento que recetaría, pero ahora considerando que el paciente “le solicitó un medicamento económico”.
Del total de médicos que respondieron ambas preguntas, solo un 34 % alteró su prescripción original, contra un 66 % que no lo hizo.
En segundo lugar, bastante más adelante en la encuesta, se le preguntó al médico directamente si había modificado alguna vez la prescripción de un medicamento a petición de un paciente, ya sea por “razones financieras, de disponibilidad del medicamento u otras”.
Del total de respuestas a esta pregunta, un 79 % de los médicos declaró que sí había modificado una prescripción, cifra significativamente superior al 34 % reportado en la pregunta indirecta descrita anteriormente.
Al analizar ambas preguntas de manera individual, se constató que 3 de cada 4 médicos fueron inconsistentes en sus respuestas, es decir, hubo un posible comportamiento estratégico al responder lo políticamente correcto.
Bajar los precios de los medicamentos no es sencillo y no se logra con decretos del Ejecutivo.
El autor es investigador asociado a la Universidad Lead y miembro de la Academia de Centroamérica.