El pasado 18 de febrero entró en vigor el decreto ejecutivo que establece un régimen de control de márgenes de comercialización para todos los medicamentos vendidos en el país. Según el gobierno de la República, esta medida busca corregir fallas del mercado y reducir los precios al consumidor. Sin embargo, la efectividad y las implicaciones de este decreto han generado una gran controversia.
Ciertamente, los medicamentos en Costa Rica suelen ser más caros en comparación con otros mercados internacionales. Este fenómeno ha sido estudiado en profundidad por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), un órgano estatal especializado adscrito al Ministerio de Economía, Industrial y Comercio (MEIC) y encargado de supervisar y sancionar aquellas prácticas que obstaculicen la libre competencia. En su análisis más reciente, Coprocom concluyó que no existen pruebas suficientes de sobreprecios ni prácticas anticompetitivas en el sector farmacéutico.
La ley establece que Coprocom debe evaluar la conveniencia de cualquier medida de control de precios antes de su promulgación por el Poder Ejecutivo. En el caso de los medicamentos, la Comisión se pronunció oficialmente en contra del decreto, argumentando que era injustificado y que, más bien, podría generar efectos adversos para los consumidores. Pese a las claras advertencias, el Poder Ejecutivo decidió seguir adelante. No es de extrañar, entonces, que posteriormente Coprocom haya impugnado el decreto ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, presentando argumentos sólidos que cuestionan su legalidad.
