El pasado 18 de febrero entró en vigor el decreto ejecutivo que establece un régimen de control de márgenes de comercialización para todos los medicamentos vendidos en el país. Según el gobierno de la República, esta medida busca corregir fallas del mercado y reducir los precios al consumidor. Sin embargo, la efectividad y las implicaciones de este decreto han generado una gran controversia.
Ciertamente, los medicamentos en Costa Rica suelen ser más caros en comparación con otros mercados internacionales. Este fenómeno ha sido estudiado en profundidad por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), un órgano estatal especializado adscrito al Ministerio de Economía, Industrial y Comercio (MEIC) y encargado de supervisar y sancionar aquellas prácticas que obstaculicen la libre competencia. En su análisis más reciente, Coprocom concluyó que no existen pruebas suficientes de sobreprecios ni prácticas anticompetitivas en el sector farmacéutico.
La ley establece que Coprocom debe evaluar la conveniencia de cualquier medida de control de precios antes de su promulgación por el Poder Ejecutivo. En el caso de los medicamentos, la Comisión se pronunció oficialmente en contra del decreto, argumentando que era injustificado y que, más bien, podría generar efectos adversos para los consumidores. Pese a las claras advertencias, el Poder Ejecutivo decidió seguir adelante. No es de extrañar, entonces, que posteriormente Coprocom haya impugnado el decreto ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, presentando argumentos sólidos que cuestionan su legalidad.
Coprocom sostiene que el decreto vulnera derechos fundamentales como la libertad de comercio, libre empresa y derecho a la salud, protegidos todos por la Constitución Política. Según la ley, las restricciones al comercio, como lo es el control de precios, solo pueden aplicarse en circunstancias excepcionales, cuando haya razones que las justifiquen, y las medidas deben ser de carácter temporal y proporcionales al problema identificado. En este caso, el decreto aplica indiscriminadamente a todos los medicamentos sin considerar sus características individuales y se alega no tener el sustento debido, lo que podría llevar a su nulidad por falta de una motivación adecuada.
En cuanto al derecho a la salud, la ley exige que el Poder Ejecutivo evalúe los posibles efectos negativos sobre el abastecimiento antes de implementar medidas como esta. Según declaraciones del presidente de Coprocom y del Colegio de Farmacéuticos, ya se están observando problemas de desabastecimiento que podrían agravar la situación. Esto pone en riesgo el acceso a medicamentos esenciales para los pacientes, de manera que la medicina recetada podría resultar peor que la enfermedad.
Además, lo que podría estar sucediendo no debería ser causa de sorpresa. La experiencia en otros países muestra que los controles de precios, con las distorsiones que introducen al mercado, muy frecuentemente generan escasez. Por ello, Coprocom, con base en el estudio realizado, recomendó alternativas más efectivas, como agilizar los procesos de registro sanitario, armonizar regulaciones locales con estándares internacionales y fomentar el uso de medicamentos genéricos, entre otras. Estas medidas incrementarían la competencia, ampliarían la oferta de medicamentos y reducirían los precios sin afectar negativamente el mercado.
El gobierno decidió ignorar el criterio experto de la Comisión y, a contrapelo de sus recomendaciones, optó por una solución rápida y efectivista con este decreto, sin atender las causas estructurales que afectan al mercado farmacéutico y que sí resolverían el problema de una forma definitiva.
LEA MÁS: Por qué el precio de los medicamentos no baja
Así, aunque esta medida podría dar la impresión inicial de que con el decreto se cumpliría con una de las promesas electorales del presidente Chaves, lo cierto es que los vicios señalados y una eventual nulidad de la disposición nos devolvería al punto inicial. Sin embargo, eso no impedirá que, como ya es habitual, el mandatario aproveche la oportunidad para denigrar a quienes lo cuestionan, exhibir a sus colaboradores y, más tarde, endosarles la responsabilidad de sus fracasos a terceros.
