La Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) fustigó un proyecto de decreto del gobierno para imponer una regulación de precios a los medicamentos. Según advirtió, establecer topes máximos a las medicinas, sin una evaluación real del impacto en el mercado, puede producir un desabastecimiento de productos, además de afectar la calidad y limitar la oferta de productos innovadores para los consumidores.
Si bien la Coprocom reconoce la potestad legal del Estado para aplicar procedimientos de regulación de precios, recordó que este es un recurso excepcional y temporal al que se puede recurrir, principalmente, cuando el país se encuentre en situaciones de excepción por fuerza mayor o desabastecimiento, o bien, cuando existan condiciones monopólicas u oligopólicas.
En el caso de la propuesta de decreto en manos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la Coprocom concluyó que no se identifica una motivación real de la medida adoptada, pues se pretende justificar con base en un supuesto “comportamiento anormal del mercado”.
Coprocom advierte al MEIC que debe cumplir la ley
La Comisión para Promover la Competencia recomendó al MEIC no implementar la medida propuesta en el proyecto de decreto impulsado por el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Economía, Francisco Gamboa, por no cumplir con la ley.
Además, le advirtió a Gamboa que, si se aparta de la opinión de la Coprocom y sus recomendaciones, debe informar a esa autoridad sus motivaciones en un plazo de 30 días naturales.
El MEIC puso a consulta pública el proyecto de decreto a finales de octubre del 2024, después de que el mandatario declaró que evaluaba una regulación de precios.
La Comisión de la Competencia se pronunció de oficio, pues las autoridades del MEIC no sometieron la propuesta a estudio de la Coprocom. La opinión fue emitida el 21 de noviembre pasado, pero salió publicada recién este martes 7 de enero, en el diario oficial La Gaceta.
El documento precisa que el proyecto de decreto no justifica la amplitud de la medida, que impondría topes de precios a la totalidad de los medicamentos registrados en el Ministerio de Salud.
“La ley considera que, para la regulación, la Administración debe fundar y motivar apropiadamente la medida”, advirtió la entidad.
Además, la Coprocom señaló que se pretende establecer una regulación simplemente utilizando una verificación de diferencias de precios mayoristas y minoristas, entre diferentes países, con información que no es de las mismas fuentes, sin determinar el origen real de las eventuales diferencias existentes entre los márgenes brutos nacionales y los internacionales.
“No existe una valoración adecuada, elemento esencial y establecido en el artículo 24 del reglamento a la ley 7472 (Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor), cuando establece que para llevar a cabo la regulación de precios de bienes y servicios (...) serán considerados elementos como costos directamente relacionados con la producción del bien o servicio, costos indirectos como gastos de administración financieros, de mercadeo y publicidad, y finalmente competitividad de precios del producto nacional con respecto al internacional”, indicó la Comisión.
La conclusión de la entidad es que no existe una adecuada motivación para el proyecto de decreto “ni una adecuada justificación técnica y económica de la regulación”.
“Este mecanismo tiene un carácter extremadamente opaco, ya que se desconoce si en las comparaciones se consideran ajustes por paridad de compra, por renta per cápita, los descuentos oficiales a los pagadores aprobados en la normativa de los distintos países, entre otros elementos”, establece la opinión publicada.
A la Comisión de la Competencia también le llamó la atención que no se exploraran otros mecanismos de precios o de regulación, con el objetivo de contar con más elementos que valoraran opciones adicionales y su impacto en los consumidores.
La Nación solicitó una declaración al Ministerio de Economía, Industria y Comercio respecto de la opinión negativa de la Coprocom; sin embargo, al cierre de este artículo no se había recibido ninguna.
Desde mayo del 2024, Chaves anunció en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, que analizaba la opción de imponer un mecanismo de regulación de precios de las medicinas, puesto que la propuesta de homologación no había dado los frutos que esperaban.
La homologación se refería al decreto con el que Chaves ordenó al Ministerio de Salud reconocer registros sanitarios de fármacos otorgados por Estados extranjeros integrantes del Consejo Internacional de Armonización de Requisitos Técnicos para Productos Farmacéuticos de Uso Humano.
Entonces, el mandatario había ordenado a Gamboa empezar el proceso para la regulación.
Desacuerdos con el gobierno de Chaves
Este no es el primer desacuerdo que la Coprocom tiene con la actual administración, pues a finales de octubre cuestionó las respuestas que el gobierno dio a las sugerencias que la autoridad de competencia emitió para eliminar las distorsiones que existen en el mercado del azúcar, detectadas en un estudio de agosto del 2024.
La Comisión señaló que la negativa del Ejecutivo podría resultar en precios más altos para los consumidores y los insumos de la industria.
Dicha entidad enfatizó que el estudio del mercado del azúcar se elaboró como parte de un trámite pendiente con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que había señalado que el sector azucarero tiene una excepción a la legislación de competencia, razón por la cual debía evaluarse.
El rechazo a la propuesta de regulación del precio de las medicinas lleva las firmas de los tres comisionados propietarios de la autoridad de competencia, que son Guillermo Rojas, presidente; Isaura Guillén Mora y Viviana Blanco Barboza.
Pocos días después de emitida esa opinión contraria a la propuesta de regulación de Zapote, el jueves 12 de diciembre pasado, el Consejo de Gobierno remitió a la Asamblea Legislativa una solicitud para ratificar el nombramiento de una nueva integrante propietaria del órgano, en lugar de Isaura Guillén. Se trataba de la funcionaria del MEIC Giannina Córdoba Corrales.
La gestión se dio a última hora, cuando los diputados ya habían salido a receso de fin de año, por lo que cuestionaron las verdaderas intenciones del Poder Ejecutivo, al impedirles estudiar, en profundidad, la idoneidad de Córdoba para el cargo, pues la ley exige que el Congreso se pronuncie antes de que se cumplan 30 días naturales.
Debido a esa falta de tiempo, el Congreso aceleró el paso esta semana para discutir el nombramiento de Coprocom en el plenario legislativo, antes de que se venciera el tiempo establecido, de modo que la designación no fuera simplemente ratificada automáticamente.
En la votación, los diputados decidieron, con una mayoría de 36 votos, rechazar el nombramiento de la candidata del Ejecutivo a dicho cargo. Ahora, el Consejo de Gobierno deberá designar una nueva aspirante al puesto.