La Cámara Costarricense de la Salud reiteró al gobierno el llamado a formar una mesa de diálogo para hallar soluciones conjuntas al precio de los medicamentos en Costa Rica, en la que se tome en cuenta la ley y proteja la dinámica competitiva del mercado para pequeños y medianos empresarios farmacéuticos.
El presidente de esa Cámara, Eduardo Jiliberto, considera que el decreto emitido por el Poder Ejecutivo, el 15 de enero, para regular los márgenes de comercialización de los medicamentos, podría poner en riesgo a pequeñas y medianas farmacias.
Jiliberto afirmó que la aplicación de esa normativa también podría causar pérdida de empleos y una posible disminución en la diversidad de medicamentos disponibles en el país.
El 15 de enero, el presidente Rodrígo Chaves Robles firmó un decreto ejecutivo para intervenir en los precios de las medicinas. La medida establece un margen de ganancia entre el 11% y el 28% para los distribuidores mayoristas. Para los minoristas (supermercados y farmacias) el margen oscilará entre el 25% y el 43,5%.
LEA MÁS: Comisión de Competencia advierte de que decreto sobre medicamentos podría producir desabastecimiento
La Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) advirtió de que esta medida podría producir desabastecimiento. Esta organización considera que establecer topes máximos a las medicinas, sin una evaluación real del impacto en el mercado, podría generar escasez, afectar la calidad y limitar la oferta de productos innovadores para los consumidores.
Estimaciones de la Cámara Costarricense de la Salud indican que el decreto ejecutivo arriesgaría la sostenibilidad de más de 257 droguerías y 1.778 farmacias, especialmente las más de 568 farmacias independientes.
“Si bien coincidimos en la importancia de la competencia y la transparencia en el mercado, tal como se establece en la Ley de Promoción de la Competencia, creemos que la propuesta de un decreto como el actual no solo va en contra de estos principios, sino que también podría sentar un precedente problemático al incentivar prácticas que distorsionen la competencia en detrimento de los consumidores y el mercado en general”, dijo Jiliberto.
Cámara cuestiona estudio para bajar precio de medicinas
Una de las principales inquietudes de la Cámara Costarricense de la Salud son las aparentes inconsistencias en el análisis de los márgenes brutos de comercialización de la cadena de valor de medicamentos en Costa Rica, la cual sustenta el decreto.
“A pesar de sus limitaciones, el estudio realizado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) pone de manifiesto ciertos riesgos que, lamentablemente, parecen no haberse considerado en su totalidad en la propuesta gubernamental y que sí considera el análisis presentado recientemente por la Coprocom”, indicó la Cámara.
LEA MÁS: MEIC impone márgenes de venta a farmacias, supermercados y mayoristas en medicinas
Para esta organización, la puesta en funcionamiento de esta regulación expondría a los participantes del mercado a investigaciones por posibles prácticas anticompetitivas, al intercambiar información sensible (precios, márgenes o costos) para asegurar el cumplimiento del margen.
En criterio del presidente de la Cámara, estas condiciones no favorecerían el desarrollo de un mercado competitivo. Al contrario: podría generar un entorno que desestimule la entrada de nuevos participantes e incremente el riesgo de concentración del mercado.
“El principal perjuicio recaería sobre los consumidores, quienes se verían afectados por una menor diversidad en la oferta y, por lo tanto, tendrían un acceso más limitado a los medicamentos, lo que podría impactar negativamente en su salud”, agregó Jiliberto.
Según el Gobierno, los mayoristas que compran las medicinas a los laboratorios y las distribuyen en Costa Rica agregan un margen promedio del 85%, mientras que ese margen es del 17% en una lista de 50 países analizados.
La administración de Rodrigo Chaves prometió bajar el precio de las medicinas, compromiso que no ha logrado cumplir pese a varias medidas que ha impulsado, sin éxito. Entre ellas, hacer que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) venda parte de sus medicinas a farmacias y hospitales privados.