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En la Asamblea Legislativa crece la denuncia de que el gobierno usa la agenda parlamentaria como mecanismo de presión. Desde noviembre, los 34 diputados que en setiembre votaron a favor de levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por el caso BCIE–Cariñitos ven todos sus proyectos excluidos de sesiones extraordinarias. Y mientras el lunes 15 de diciembre, el Congreso volvería a decidir sobre un nuevo desafuero –ahora para que el TSE investigue denuncias por beligerancia política–, la agenda vuelve a convertirse en herramienta de coerción.
Esa correlación directa entre el voto sobre la inmunidad y la suerte de los proyectos legislativos revela un patrón que va más allá del juego político. La agenda, el principal recurso del que dispone un legislador para responder a su provincia, a su sector, a su electorado o a sus principios, se convierte en una moneda de cambio en la que, al que cuestiona se le congela; al que acata, se le premia.
Es cierto que esto no solo sucede con este gobernante; los anteriores también lo hicieron, aunque no de forma tan extrema como ahora para que los 57 congresistas reciban el mensaje, sobre todo los del Partido Nueva República (PNR), liderado por el diputado y candidato presidencial Fabricio Alvarado. Esa fracción, con sus seis votos, decidiría si la balanza se inclina a favor o en contra de retirarle el fuero al mandatario para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pueda abrir una investigación a fondo sobre 15 denuncias por beligerancia política.
La mirada está puesta en los seis diputados de Nueva República, pues ya otros 34 habrían decidido quitarle el fuero a Chaves, los mismos que respaldaron, el 22 de setiembre, la solicitud de la Corte Suprema de Justicia para tramitar una acusación penal por el presunto delito de concusión en el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica, conocido como BCIE-Cariñitos. Esa votación cerró con 34 a favor y 21 en contra. Solo faltaron cuatro votos para llegar a los 38 requeridos para que se aprobara el desafuero.
Esta vez también serían necesarios 38 votos y desde ya la Casa Presidencial envía señales. El mandatario utilizó la conferencia de prensa del miércoles anterior para llenar de elogios el proyecto fabricista que penaría el sicariato con hasta 40 años de cárcel y desacreditó con vacuos e innecesarios insultos a 14 legisladores que plantearon una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV, lo cual retardaría la votación en segundo debate. Pero, además, esa bancada es una de las más beneficiadas en la agenda legislativa.
En estas sesiones extraordinarias del Congreso –que van del 1.° de noviembre al 31 de enero–, en las que el Poder Ejecutivo ordena qué proyectos de ley discuten los diputados tanto en plenario como en comisiones, solamente hay proyectos del Ejecutivo, los diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), de Nueva República y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En cambio, no hay iniciativas de los diputados de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) ni de los independientes que votaron a favor de retirar el fuero. La única excepción es el plan para legalizar las jornadas laborales de 12 horas, de Daniela Rojas, del PUSC, pese a que ella sí votó por el levantamiento de la inmunidad.
Aunque la Casa Presidencial niega cualquier revanchismo y asegura que solo convoca proyectos “de interés y beneficio real para los ciudadanos”, los hechos no sostienen ese discurso. Algo similar ocurre con la afirmación de Fabricio Alvarado de que “nadie está dando por sentado que estamos de un lado o del otro”, como muestra de la supuesta seriedad con que su fracción toma estas decisiones. Sin embargo, en la práctica el panorama ya está delineado: los proyectos de Nueva República van viento en popa.
Hay quien podría decir que esto es simplemente política dura, realismo legislativo. Pero cuando la agenda se utiliza para influir en decisiones que afectan directamente la investigación de un mandatario –como lo son los procesos de desafuero–, ya no estamos hablando de astucia política, sino de una erosión de los contrapesos institucionales.
Las consecuencias son preocupantes porque se penaliza el control político, dado que cada diputado sabe que votar según su criterio puede costarle todos sus proyectos. También se distorsiona la representación, porque proyectos de ley para favorecer necesidades específicas de las comunidades se ven frenados por intereses personales. Y, sobre todo, se debilita la independencia del Congreso, porque termina legislando bajo la sombra de premios o castigos. Igual de grave es que se instala la idea de que la agenda en sesiones extraordinarias es una herramienta de uso personal del gobernante.
La democracia no se derrumba en un día; se desgasta cuando sus reglas se retuercen. En la votación que tendría el Congreso el lunes 15 de diciembre sobre un nuevo desafuero, ya no resulta tan importante si se levanta o no la inmunidad, sino cuán libres son los diputados para decidir sabiendo que de cómo voten depende que sus proyectos de ley sobrevivan o pasen al congelador.
