EscucharDurante la presente administración, las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa han sido un desperdicio. El Poder Ejecutivo no ha sabido aprovechar la ventaja de fijar la agenda para promover iniciativas de su interés. Hasta ahora, el principal producto de esa fase del trabajo legislativo ha sido la confrontación y una interminable lista de recriminaciones.
El Ejecutivo envía iniciativas plagadas de defectos, cuya corrección exige tiempo, como sucedió con cinco proyectos de seguridad ciudadana impulsados el año pasado, y luego culpa al Congreso por la ola de criminalidad. Esa dinámica disminuye todavía más las posibilidades de éxito de las propuestas impulsadas por la Casa Presidencial.
Por lo general, le ha tocado al Congreso llamar al diálogo después de cada enfrentamiento. La mesa integrada por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para alcanzar acuerdos sobre diez iniciativas rindieron frutos con la aprobación de dos de ellas. Otras cinco están en camino a votación del plenario y tres siguen bajo estudio de la comisión encargada.
Ningún proyecto de ley pondrá fin a la inseguridad ciudadana y las tragedias derivadas de ella. El Ejecutivo lo sabe y parece interesado en conservar el recurso de culpar a la Asamblea Legislativa para, cuando menos, disimular su responsabilidad. A eso apuntan las declaraciones del presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, cuando atribuye los frecuentes ataques del mandatario a objetivos políticos más que al propósito de impulsar una agenda de gobierno.
La inmadurez de esa agenda se notó, con especial énfasis, durante el período inicial de sesiones extraordinarias, celebradas por primera vez al comienzo de la administración. Pronto quedó clara la ausencia de proyectos bien concebidos y la inexperiencia de los nuevos funcionarios en materia de gestión legislativa.
El actual período de sesiones extraordinarias, entre mayo y julio, comienza con prometedores compromisos de los diputados para concentrar esfuerzos en proyectos relacionados con la seguridad ciudadana. Las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana, Nueva República y Liberal Progresista se adelantaron a manifestar su voluntad de estudiar los proyecto enviados por el mandatario y pedir al Ejecutivo la convocatoria de varios más, propuestos por sus propios diputados.
Es una oportunidad para un período de sesiones extraordinarias mucho más fructífero, pero la materia es delicada. Casi todo lo relacionado con seguridad ciudadana se proyecta, a su vez, sobre el régimen de derechos humanos. Es imposible legislar sobre prisión preventiva o intervenciones telefónicas, por ejemplo, sin correr el riesgo de un exceso capaz de traerse al suelo la ley cuando los magistrados de la Sala Constitucional examinen su compatibilidad con la Carta Fundamental.
Es indispensable advertirlo desde ahora para asegurar la vigencia de las reformas y evitar el resurgimiento de otro blanco de ataque frecuente: el Poder Judicial. El llamado populismo punitivo encuentra suelo fértil en la comprensible frustración de ciudadanos angustiados por la proliferación de la violencia a su alrededor, pero no es una guía para legislar.
Si bien la fracción oficialista ve la tramitación de la agenda sobre seguridad ciudadana con buenos ojos, deja clara su intención de dar prioridad a las jornadas flexibles (jornadas 4-3) y la reforma a los artículos 67 y 77 de la Ley de Contratación Administrativa, “para poder hacer obras como Ciudad Gobierno y proyectos en Limón”. Esta última iniciativa puede ser la manzana de la discordia, porque varios diputados se han manifestado en contra. Las reformas pretendidas permitirían al Ejecutivo ignorar los procedimientos ordinarios de contratación y conceder contratos de obra pública con excesiva discrecionalidad. Además, han sido cuestionados hasta por la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda.
El Ejecutivo deberá decidir hasta dónde insiste en impulsar esas propuestas. Si se excede, podría descarrilar un nuevo período de sesiones extraordinarias que se inicia con la promesa de permitirle sacar adelante una serie de proyectos sobre seguridad ciudadana que, si bien no serán todo lo que procura y por sí solos no devolverán la paz a nuestra sociedad, sí pueden constituir un avance.
