El asesinato de Geiner Zamora, subjefe del OIJ en Guápiles, que ahora se confirma que fue ordenado desde la estructura criminal de Diablo y ejecutado por una banda local, es una prueba más de que la violencia dejó de ser un ajuste de cuentas entre grupos delictivos para convertirse en un ataque frontal contra quienes investigan y desmantelan al crimen organizado. También evidencia que los narcotraficantes ya no temen confrontar a la Policía Judicial; por el contrario, lanzan un mensaje calculado: si nos persiguen, matamos.
La investigación preliminar revela que la orden de asesinar al oficial provino de una estructura con jerarquías definidas, recursos financieros y una capacidad de ejecución inmediata. Se trata de una organización que opera redes de venta de drogas, sicariato y control territorial. Un aparato capaz de vigilar a un investigador, reclutar sicarios y proteger a sus mandos. En otras palabras, una estructura que actúa con unidad, disciplina y objetivos comunes.
Esa cohesión contrasta con los altercados entre los poderes de la República y, sobre todo, con los constantes ataques desde el Ejecutivo contra las instituciones responsables de enfrentar el narcotráfico. El resultado es que no hay una respuesta articulada ante una ola homicida que ya desbordó las capacidades institucionales. Bien dice el refrán, “en río revuelto…”.
La lógica, entonces, es simple. Si el Ejecutivo insiste en trifulcas, vetos, recortes presupuestarios y descalificaciones contra los poderes Legislativo y Judicial, el único beneficiado será el crimen organizado. La salida responsable es reconocer que Costa Rica enfrenta un enemigo común –el narcotráfico y sus redes– y que combatirlo solo será posible en bloque. Eso implica volver a sentar a los tres poderes en la misma mesa y construir, por fin, una estrategia.
En este contexto, el presidente Rodrigo Chaves debe dejar atrás los exabruptos dirigidos al OIJ y a la Fiscalía, a quienes llegó a calificar de “animales ponzoñosos”, de incompetentes y arbitrarios, e incluso insinuó que su director era un capo di tutti, expresión italiana que significa “jefe de todos los capos”. Lejos de ofrecer soluciones, ese tipo de inútiles ataques debilita a las instituciones encargadas de investigar y perseguir el crimen organizado.
Solo entre enero y noviembre se registraron 815 homicidios –un promedio de 74 por mes–, por lo que el país se acerca, lamentablemente, a los 880 asesinatos del año pasado. Y es indispensable insistir, frente a quienes repiten el argumento de que “se matan entre ellos” o que “el ciudadano común no se ve afectado”, que ese discurso es falso. Este año, 81 personas inocentes han muerto en balaceras relacionadas con el narcotráfico (62 hombres y 19 mujeres). Es una cifra que no deja de crecer: en 2022, cuando empezó esta administración, fueron 18; en 2023 ascendieron a 52, y en 2024, a 54. Sin lugar a dudas, la violencia del crimen organizado alcanza cada vez más a la población que no tiene ningún vínculo con ellos.
El caso de Geiner Zamora, en cambio, fue un homicidio selectivo, ejecutado justamente por su rol policial y en represalia por las investigaciones que dirigía. Su asesinato también pretendió sembrar miedo entre otros agentes, fiscales y jueces. Por eso, fortalecer al OIJ, el Ministerio Público y los equipos que trabajan en la primera línea es lo lógico en una coyuntura en que el narcotráfico se siente empoderado.
Es momento de que, en línea con la orden constitucional, desde el Poder Ejecutivo, surjan soluciones eficaces para defender al país de un adversario que mata, roba la paz y socava la economía. El artículo 140 de nuestra Carta Magna asigna al presidente de la República y su ministro de Seguridad la responsabilidad de “preservar el orden, la defensa y la seguridad del país”.
Por eso es indispensable revisar a fondo la estrategia para frenar la penetración de cocaína y otras drogas por las costas, principal vía de ingreso de los cargamentos. No se trata solo de ajustar planes, sino de corregir estructuras y sustituir a quienes no logran dar resultados. Los hechos hablan por sí solos y la aseveración del exmagistrado y hoy extraditable, Celso Gamboa, lo resume: “meter droga en Costa Rica es facilísimo”.
En paralelo, el Ejecutivo debe optar por la unidad política. Le corresponde convocar al Legislativo y al Judicial para acordar un compromiso de trabajo conjunto contra las estructuras criminales, comenzando por las reformas legales y los recursos indispensables para hacer frente a la avalancha de drogas y la escalada homicida. Reforzar el OIJ y el Ministerio Público con presupuesto, personal y tecnología es una urgencia nacional. Sin esa articulación y mientras el gobierno siga enfrascado en discusiones estériles e insultos cruzados con los otros poderes, el narcotráfico seguirá ganando terreno.
Las mafias parecen estar trazando las reglas y eso no puede tolerarse. La memoria de Geiner Zamora y la vorágine del narco en Costa Rica demandan acción y unidad, y el Poder Ejecutivo es el primero que está llamado a actuar.