La investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA) contra el exfiscal, exministro de Seguridad Pública y exmagistrado Celso Gamboa, y el exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, debe llevar al gobierno a replantear su estrategia frente al narcotráfico, tanto para disipar dudas como para garantizar efectividad en el combate de este flagelo.
Los graves hechos consignados en el expediente de la Corte del Distrito Este de Texas (Dallas), mediante el cual se solicita la extradición de ambos costarricenses, no pueden pasar inadvertidos para el Ministerio de Seguridad Pública. Con mayor razón, si la DEA afirma contar con una grabación en la que Gamboa habría asegurado a dos socios que “el gobierno” le garantizaba el ingreso de cargamentos de cocaína por las costas del Pacífico o del Caribe.
Nada gana el Poder Ejecutivo con intentar desacreditar esa versión sin siquiera ordenar una investigación preliminar. Por su parte, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también deben indagar a fondo y esclarecer si algún funcionario, activo o no, ha facilitado el tránsito de cargamentos ilícitos.
En paralelo, el gobierno debería convocar un análisis técnico, con apoyo de expertos independientes y colaboración de la propia DEA, para evaluar la efectividad de decisiones como el retiro de la Policía de Control de Drogas (PCD) de aeropuertos, puertos y fronteras, así como el desmantelamiento del puesto de Guardacostas en Bahía Drake-Sierpe, zona por donde transitan anualmente al menos 500 toneladas de cocaína y 600 de marihuana, según reportes de la DEA y la CIA desde el año 2020.
En lo revelado por la investigación, hay casualidades que no pueden pasar inadvertidas. La grabación de Gamboa se realizó el 20 de setiembre del 2023, precisamente el mes en que Seguridad Pública ordenó retirar a la PCD de los puntos críticos. Esa medida provocó que oficiales antidrogas denunciaran públicamente, en una conferencia de prensa, el debilitamiento de la lucha contra el narcotráfico.
A esa directriz atípica se sumó otra igualmente cuestionable en octubre del 2024: el Ministerio retiró al personal de Guardacostas destacado en Drake para reubicarlo en Quepos y Golfito, localidades a más de dos horas de distancia en lancha. La lógica de esa medida fue rebatida por el director del OIJ, Randall Zúñiga, quien advirtió de que “uno de los puntos que más están utilizando los grupos criminales para trasegar droga es exactamente la bahía Drake”. Ese corredor es utilizado por el Clan del Golfo, el principal cartel de narcotráfico de Colombia, para ingresar a territorio costarricense con el apoyo de redes locales. Lo hacen aprovechando la densa maraña de manglares y canales fluviales propios de la zona, como lo describió The New York Times en su reportaje de setiembre anterior, titulado “Cómo un paraíso turístico se convirtió en un imán para el narcotráfico”.
La vigilancia también fue retirada del Caribe sur. En mayo de 2023, Seguridad ordenó cerrar el puesto de Guardacostas en Sixaola, pese a que esa zona era considerada un “punto caliente” para el trasiego de lanchas narco. Precisamente allí, la DEA reporta que en 2024, alias Pecho de Rata adquirió una finca para construir una pista destinada a recibir “aviones cargados de cocaína” provenientes de Suramérica.
Coincidentemente, el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) también afronta una severa disminución de medios para vigilar mares y montañas. Además de tener una flota reducida, hay meses en los que apenas una aeronave está disponible, como lo ha informado La Nación en varias ocasiones. A ello se suman las limitaciones señaladas por el subdirector del OIJ, Michael Soto, el 28 de junio: “La capacidad de la fuerza aérea costarricense es tremendamente limitada, al punto de que hay que racionalizar el uso de combustible”.
Todo esto ocurre mientras Costa Rica y México se disputan el primer lugar como países de trasbordo de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, según lo señaló también The New York Times. Con solo ese triste honor, nuestro país no puede darse el lujo de dejar puntos calientes en abandono, pues se incrementa el ingreso de droga que destruye miles de vidas, se intensifica la ola de homicidios por disputas entre bandas, aumentan las víctimas colaterales y los criminales ganan poder territorial, deteriorando la calidad de vida en comunidades enteras.
La seriedad de lo revelado por la DEA exige cambios. El Ministerio de Seguridad debe, además de revisar sus tácticas en materia de drogas, restablecer sin demora la presencia de policías especializados en zonas estratégicas como puertos, aeropuertos y fronteras, y en puntos críticos como Drake y el Caribe sur.
Insistimos: no basta con que el Poder Judicial llegue a autorizar la extradición de los investigados si aquí nos quedamos con las dudas, sin confirmar si hubo o no algún tipo de favorecimiento. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer la verdad y merecemos decisiones firmes que respalden, con hechos, la promesa de erradicar a quienes utilizan nuestro territorio como plataforma para el tráfico de drogas.
