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Hubo un tiempo –no tan lejano, pero ya difícil de precisar– en que las elecciones presidenciales se vivían como una auténtica fiesta cívica. Las casas y los carros se llenaban de banderas y calcomanías de los candidatos; muchos caminaban como si nada con la camiseta de su partido; los vecinos discutían de política sin bajar la voz, y las aceras, supermercados, pulperías o parques eran escenarios espontáneos de conversación política cara a cara. La campaña se notaba en todo sitio, porque disentir no implicaba miedo, sino un intercambio de opiniones. No había riesgos.
Hoy, esas vivencias sobreviven como un recuerdo. El temor se posicionó al punto de erosionar un derecho humano, una libertad que todos deberíamos disfrutar: la de expresar públicamente una preferencia política. Muchos ciudadanos callan para protegerse de posibles represalias laborales o contra familiares, de hostigamiento en redes sociales o hasta de violencia física.
Ese clima de aprensión lo han descrito candidatos con relatos concretos. Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana, contó en un debate organizado por el periodista Édgar Fonseca, en su página Puro Periodismo, que dentro de su familia hay personas, como una tía, que se negaron a colocar una bandera del PUSC en el vehículo por miedo a que se lo dañen. “Eso no es normal y explica, en gran medida, que veamos a la mitad del país indeciso y sin querer dar la mínima señal de apoyo a nadie por temor a represalias”, agregó.
En ese programa, Álvaro Ramos, candidato de Liberación Nacional, afirmó que muchos empleados públicos le han confesado su temor a expresar opiniones por posibles represalias laborales, entre ellas, la apertura de procesos administrativos: “Lo he vivido yo, lo han vivido empresarios y trabajadores públicos. No tienen idea de la cantidad de funcionarios que me dicen: ‘Nosotros estamos callados porque, si no, nos hacen mucho daño”.
Cuando mencionó “lo he vivido yo”, se refería a la investigación que le abrió Kennly Garza, presidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), por un video en que la hija de ocho años del candidato decía que Costa Rica está en peligro “con un presidente que es un dictador”. Tres semanas después, el caso fue archivado.
Los temores ciudadanos los confirma una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) para un estudio publicado en noviembre por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), de la Universidad de Costa Rica (UCR). La investigación concluyó que 73% cree que “la libertad de expresión está en peligro”; además, 52,6% considera que en el país “hay censura o limitaciones para que las personas se expresen libremente” y 46,5% lo admite: “He dejado de expresar mis opiniones en redes sociales por miedo a las consecuencias”.
La autocensura se está normalizando, dice el estudio, sobre todo entre personas opuestas al gobierno de Rodrigo Chaves. Otro análisis de Naciones Unidas, divulgado en agosto, reveló que en el país se registraron, en un año, 2,1 millones mensajes de odio en redes sociales como Facebook, X, Instagram y Reddit, la mayoría asociados a política, género y xenofobia. Esa hostilidad la ratifica la denuncia realizada el martes por el influencer Diego Bravo, quien recibió una amenaza desde una cuenta anónima: “Pronto vas a aparecer en la sección de Sucesos”. El mensaje le llegó luego de comentar lo sucedido a la periodista y creadora de contenido Johanna Villalobos, a quien la candidata oficialista Laura Fernández le eliminó un comentario crítico en su perfil.
Quienes más alimentan las redes de violencia son los troles, convertidos en actores que inciden de forma directa en la campaña. El Observatorio de la Comunicación Digital de la Universidad Latina, que monitorea de forma sistemática la conversación en Facebook, Instagram, X y TikTok, analizó 482.000 cuentas entre octubre y noviembre del 2025. El 17% de esos perfiles (81.940 cuentas) resultaron ser troles dedicados a distorsionar el debate público, amplificar mensajes de odio o intimidación y contaminar la discusión política en plena campaña, como lo dimos a conocer este miércoles. De ahí la importancia de identificar quién los financia.
La intimidación también alcanzó al Semanario Universidad, que fue objeto de una llamada telefónica cargada de insultos contra su personal luego de informar sobre el caso de la activista Stella Chinchilla, a quien el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Jorge Torres, denunció ante la Fiscalía por supuestamente planear un atentado contra el presidente Chaves. Y esa denuncia es otro hecho que refleja la polarización y aumenta el miedo en el cierre de la campaña.
El miedo no puede ser el telón de fondo de una campaña. Una condición mínima para que una elección sea libre es que la ciudadanía pueda hablar sin temor, intimidación o represalias. Defender la democracia no es solo garantizar papeletas y conteos transparentes, sino proteger el derecho a expresarse, debatir y participar sin angustias. Necesitamos recobrar un país donde disentir no sea un riesgo.
