Al comenzar la campaña electoral, en octubre de 2025, la entonces candidata Laura Fernández denunció el hallazgo de un micrófono oculto en un tomacorriente de su oficina en Pavas, San José. “Bajeza”, “porquería”, “cochinada” fueron algunos calificativos que lanzó contra quienes supuestamente habrían violado su intimidad. Fue contundente: “La privacidad es sagrada”.
“Los tenemos identificados”, dijo al mediodía del 12 de agosto el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, en alusión a los “zurdos” que “se reunieron un día de estos” y cuestionan el programa Cero Ocio, destinado a la población reclusa. Esa tarde, en el plenario legislativo, la diputada Kattia Calvo mencionó, sin que mediara pregunta alguna, que el gobierno tiene una “operación Pegasus”.
Por la noche, el secretario general del PPSO, Freddy González, se refirió a miembros del Frente Amplio que, presuntamente, habrían conseguido entradas al acto oficial del 8 de mayo pasado como parte de una acción coordinada para dejar vacíos los espacios y afectar visualmente la imagen de la convocatoria del traspaso de poderes. Su frase fue: “Ya sabemos quiénes son, dónde están, cuáles son sus gustos y hasta qué hacen”.
Aunque no haya detenidos ni se hayan revelado nombres y apellidos, el daño está hecho. La sola advertencia de una posible vigilancia política puede infundir miedo, disuadir a ciudadanos de asistir a reuniones, inducirlos a limitar sus contactos o hacerlos pensar dos veces antes de criticar o publicar una fotografía en sus redes sociales. Se sembró el temor de que disentir puede acarrear consecuencias.
A este clima de intimidación se suman las declaraciones del ministro Rodrigo Chaves en junio anterior, cuando anunció el uso de tecnología desarrollada por el Mossad (agencia de inteligencia) en Israel para detectar contrabando en importaciones que llegan al país, así como el amplísimo secreto de Estado decretado por Fernández el 10 de agosto, el cual dificulta comprobar o descartar si ciudadanos críticos están siendo objeto de vigilancia o alguna forma de hostigamiento. Esto, porque la confidencialidad cubre al Consejo Nacional de Seguridad Pública y a la polémica Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), manejada directamente desde el Ministerio de la Presidencia.
Lejos de tranquilizar, la diputada Calvo abrió más dudas cuando salió a negar que el secreto de Estado fuera usado contra críticos del gobierno: “La operación Pegasus no es eso. No tiene absolutamente nada que ver con eso”. ¿Operación Pegasus? Ese nombre se presta para interpretar lo contrario.
Pegasus es un programa de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que accede a información almacenada en teléfonos celulares, incluidos mensajes, correos, fotografías y datos de ubicación, además de permitir la activación del micrófono y la cámara del dispositivo. NSO dice que lo vende únicamente a Gobiernos y a agencias estatales para combatir delitos graves y terrorismo.
Y aunque la presidenta Fernández y el ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves, negaron su adquisición o cualquier plan para obtenerlo, sí hay indicios de operaciones de vigilancia. En junio de 2025, durante el mandato de Chaves, una fuente del Ministerio de la Presidencia, verificada por este diario, afirmó que la DIS seguía a diputados opositores y que la Unidad Especial de Intervención (UEI), adscrita a la Presidencia, vigilaba a periodistas por orden “de arriba”.
Ese mismo mes, el entonces diputado oficialista Manuel Morales denunció que un agente de la DIS camufló un rastreador GPS en el auto de una allegada y, en octubre de 2024, el fiscal general, Carlo Díaz, declaró bajo juramento que el gobierno utilizaba vehículos para vigilarlo a él, a magistrados, diputados y “a todo el que se oponga”.
Vistos en conjunto, los mensajes, las denuncias y los antecedentes justifican una investigación para disipar las sospechas. No obstante, la revisión interna ordenada por Fernández para determinar cómo obtuvo el PPSO los datos de quienes se registraron para el traspaso de poderes es insuficiente. El caso exige una pesquisa independiente que establezca quién recopiló la información, quiénes accedieron a ella, dónde se conserva, con quiénes fue compartida y si se cruzó con preferencias políticas.
Paralelamente, la presidenta debe poner orden en su gabinete. Un ministro de Justicia no puede etiquetar a adversarios, anunciar que “están identificados” y dejar en el misterio cómo sabe que esas personas se reunieron.
Cuando, hace casi un año, la hoy presidenta creyó que alguien escuchaba sus conversaciones, exigió indagaciones y sanciones por la violación a su intimidad. Con más razón, ahora tiene el deber de garantizar a cada ciudadano la misma protección que reclamó para sí misma.
Pero, además, el gobierno, sus ministros, jerarcas y dirigentes políticos no pueden tratar como sospechoso a quien piensa distinto ni utilizar los recursos del Estado para infundirle temor.
Gobernar democráticamente exige respetar a quienes critican, incomodan o disienten. Y debe quedar claro: la privacidad es un derecho sagrado de todos, no un privilegio de quienes mandan.
