Cuando decimos PANI, en realidad nos referimos a su presidenta ejecutiva, Kennly Garza Sánchez, porque estamos seguros de que la inmensa mayoría de su personal rechaza su decisión.
El martes, la funcionaria dijo que había abierto una “investigación preliminar” por un caso que para nada la amerita. Se trata de un video compartido espontáneamente en redes sociales, en el que una hija de Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), advierte sobre riesgos para la democracia de Costa Rica, califica de “dictador” al presidente Rodrigo Chaves e insta a los liberacionistas a “derrotar el mal”.
Fue captado en una actividad cerrada y la niña se desenvuelve con gran espontaneidad y soltura, sin muestra alguna de coacción o incitación de adultos, y sin que exista un montaje escénico para asociar su imagen y mensaje al partido y su candidato. En síntesis, fue un ejercicio precoz –y también bienvenido–, de la libertad de opinar con claridad ante una pequeña audiencia de adultos, sin temor y con confianza en sus ideas.
Nada de esto transgrede sus derechos, sino que los reafirma y estimula. Tampoco viola las restricciones sobre el uso de la niñez con propósitos políticos o electorales, porque ni se trató de un acto de campaña, ni el video fue divulgado por el equipo de Ramos o el PLN. Por esto, para nada amerita “aperturar (sic) todos los procedimientos dispuestos para intervenir en relación con la difusión de este video”, como declaró Garza, en un tono de inusual beligerancia.
Si algo debió merecer, más bien, fue complacencia de que existan niñas empoderadas, como la hija de Ramos y su esposa, Cristie Castro, pero nunca iniciar un proceso, aunque sea “preliminar”. Al contrario, su activación sí la convierte en objeto de manipulación política, con un propósito evidente, aunque inconfesable: distraer al candidato y su familia, crear dudas sobre sus intenciones y, de esta manera, incidir en el proceso electoral. Es decir, una iniciativa deleznable y censurable.
Pero, incluso si la presidenta ejecutiva del PANI en verdad considerara que tal acto merece ser investigado, surgen preguntas que está obligada a responder. ¿Por qué no abrió, en su oportunidad, un procedimiento cuando, en lo que sí fue claramente un montaje escénico manipulado, otra niña, hija de Roberto Barrantes Camacho, influencer y hoy candidato a diputado por el Partido Pueblo Soberano, fue filmada elogiando a Chaves, atacando a un presidente anterior y repitiendo mensajes contra los “corruptos”? Entonces, su padre fue quien divulgó el video, pero fue hasta este miércoles cuando, con dos años de retraso, Garza decidió investigar, como para “curarse en salud”.
¿Por qué ha guardado silencio ante los discursos presidenciales en colegios, con mensajes de tónica claramente electoral? Más todavía, aunque se trató de un hecho de naturaleza distinta, pero potencialmente más grave, ¿por qué Garza evitó que la entidad adoptara una postura oficial de rechazo luego de que, el pasado 24 de julio, en Guanacaste, el presidente, sonriéndole a una niña, dijera a su madre: “Regálemela y se la devuelvo cuando se gradúe de la universidad”?.
Esta falta de consecuencia en la acción institucional deja aún más en evidencia que, en el caso de la hija de Ramos, las intenciones son políticas; es decir, espurias. Además, para la propia institución implican un desvío de recursos y de atención de deberes como brindar albergue a menores sin familia, protegerlos de la agresión y hasta de crímenes, estimular su crecimiento emocional y educativo, y fomentar sus derechos, tareas en las que deja mucho que desear.
Este inaceptable episodio, sin embargo, tiene una dimensión positiva: el rechazo público ante la maniobra, y las críticas al PANI por descuidar sus tareas centrales. La primera reacción, con gran rectitud y claridad, provino de la expresidenta Laura Chinchilla. También se han expresado en el mismo sentido, con énfasis diferentes, varios candidatos presidenciales rivales de Ramos, como Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana; Ariel Robles, de Frente Amplio; Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional, y Walter Hernández, de Justicia Social Costarricense. Fabricio Alvarado, diputado y candidato de Nueva República, también manifestó su rechazo a la citada investigación. “A mí, el PANI no me va a decir si mis hijas pueden o no estar en los actos de campaña”, añadió.
El daño de acciones como la que comentamos a la competencia política decente, al respeto a los demás –incluidos niños y niñas–, a la calidad del debate público y al tejido mismo de nuestra convivencia social, es enorme. Para el presidente Chaves y sus operadores políticos, sin embargo, esto parece no tener importancia. Al contrario, lo ven como herramientas oportunistas de poder. Razones de más para la censura y el rechazo.
