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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha puesto sobre la mesa una propuesta que merece atención seria: compensar a las mujeres que tengan hijos o que cuiden a adultos mayores con el reconocimiento de cuotas para el régimen de pensiones de IVM. La iniciativa parte de un diagnóstico acertado: las labores de cuido, ejercidas mayoritariamente por mujeres, constituyen una barrera estructural que las aleja del mercado laboral formal y, en consecuencia, de la posibilidad de acceder a una jubilación digna. Sin embargo, como lo advirtió la información que publicamos este lunes, la medida, por sí sola, es insuficiente para cerrar la brecha de género que atraviesa nuestro sistema de pensiones.
Los datos hablan con claridad. La tasa de natalidad en Costa Rica cayó de 2,47 hijos por mujer en el año 2000 a apenas 1,2 hijos en la actualidad. Esa caída dramática compromete la sostenibilidad del IVM, cuyas reservas podrían agotarse a inicios de la próxima década. Mientras tanto, las mujeres representan apenas el 39% de las personas jubiladas, frente al 61% de los hombres. Es decir, el sistema no solo envejece, sino que envejece de forma desigual: quienes más cuidan son quienes menos acceden a la protección que ese mismo cuidado hace posible.
Las labores de cuido tienen un costo económico real para quienes las ejercen, y reconocerlas es un paso que muchos países ya han dado con resultados concretos. Según datos de la OCDE, al menos nueve de sus países miembros otorgan incentivos por maternidad o crianza dentro de sus sistemas de pensiones. Alemania, por ejemplo, implementó una pensión por maternidad, que reconoce años de cotización por cada hijo nacido, lo que ha permitido reducir significativamente la brecha entre hombres y mujeres. En los países nórdicos, la combinación de créditos por cuido en el sistema de pensiones con licencias parentales equitativas y redes públicas de cuido infantil ha logrado que la participación laboral femenina supere el 75%, una de las más altas del mundo, sin sacrificar las tasas de fecundidad.
No obstante, la experiencia internacional enseña también la lección crucial de que estas medidas solo funcionan cuando forman parte de un ecosistema de políticas integrales. Como señala la OCDE, los créditos de cotización por maternidad pueden generar efectos positivos, pero resultan insuficientes si no se acompañan de otras políticas dirigidas a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral.
Aquí radica el punto central del debate. Costa Rica no puede aspirar a resolver la brecha de género en pensiones con una sola medida, por más bienintencionada que sea. La informalidad laboral, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, sigue siendo un obstáculo enorme. Quien trabaja en la informalidad no cotiza, y quien no cotiza no se beneficiará de créditos adicionales por cuido.
Costa Rica podría, además, atreverse a innovar. Una primera idea sería la creación de una “cuenta de cuido universal” activada desde el momento del nacimiento de un hijo o del registro de una persona dependiente, donde el Estado deposite cuotas de cotización no solo para la madre, sino para quien ejerza verificablemente las labores de cuido, ya sean abuelas, padres u otros cuidadores. Un mecanismo así rompería con la visión de que el cuido es responsabilidad exclusivamente materna y abriría el beneficio a las estructuras familiares diversas.
Una segunda apuesta, quizá más transformadora, sería reconocer la economía del cuidado como un sector productivo formal. En lugar de limitarse a compensar el cuido no remunerado, Costa Rica podría crear un sistema nacional de cuidados con empleo formal, donde las cuidadoras coticen como cualquier trabajadora y accedan a derechos laborales plenos. Uruguay dio ese paso en 2015 con su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que profesionalizó y formalizó las labores de cuido, generando empleo digno y ampliando la cobertura de seguridad social para miles de mujeres. La lección es clara: cuando el cuido deja de ser invisible para la economía, deja también de ser invisible para el sistema de pensiones.
La propuesta de la CCSS abre una puerta que Costa Rica necesitaba abrir. Pero cruzar esa puerta exige voluntad política, rigor técnico y un compromiso genuino con la equidad. Los tomadores de decisión tienen ante sí la oportunidad de convertir una buena idea en una política pública transformadora. La sociedad civil, por su parte, debe exigir que la discusión no se quede en el reconocimiento simbólico del cuido, sino que avance hacia un cambio estructural. Las mujeres costarricenses no necesitan solo que se reconozca su trabajo invisible; necesitan que ese reconocimiento se traduzca en derechos concretos, en pensiones justas y en un mercado laboral que deje de castigarlas por cuidar.
