Estas fueron sus palabras, dirigidas a la mayoría de diputados no oficialistas: “Señoras y señores, dejen gobernar. Dejen que las instituciones funcionen correctamente para lo que fueron creadas, no para que sean manejadas al antojo. De lo contrario, hagan maletas y salgan de este país por su propia voluntad, antes de que el pueblo costarricense los destierre. No le jalen más el rabo a la ternera”.
Las pronunció a raíz del pedido del Tribunal Supremo de Elecciones para que la Asamblea Legislativa levante la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, y que este rinda cuentas por presuntos delitos electorales.
El primer atisbo de delirio fue criticar a la institución por cumplir con una parte esencial de la razón por la que fue creada: velar por la equidad de la campaña y proceder según mandan la Constitución y las leyes, si presume que alguien –en este caso, el presidente– la violenta.
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Como parte de esa percepción distorsionada, olvidó que él se desempeña como diputado precisamente porque nuestra institucionalidad democrática no es gobernada “al antojo” de alguien, sino porque garantiza derechos por igual a todos los ciudadanos. Entre ellos está elegir y ser elegido sin interferencias indebidas. Más bien, quien ha puesto de manifiesto más de una vez su deseo de doblegar instituciones es el presidente Chaves.
Los ímpetus iniciales del diputado se podrían excusar si no hubieran sido el preludio para otro delirio mucho peor. Nos referimos a la abierta expresión de una actitud arbitraria, autoritaria, ilegal y represiva: amenazar con el destierro a sus adversarios. Por supuesto, de acuerdo con la línea discursiva típica del populismo autoritario, sería “el pueblo costarricense” –no el poder que él y su fracción representan– el encargado de hacerlo.
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La similitud con las arengas de Daniel Ortega o Nicolás Maduro no es casual, aunque la amenaza sea imposible ejecutarla en nuestro país, precisamente por las instituciones. Como recordó con claridad el diputado Carlos Felipe García, de la Unidad Social Cristiana, el artículo 32 de la Constitución prohíbe el destierro de costarricenses, a menos que hayan cometido delitos de tal magnitud que ameriten su extradición, en el marco del debido proceso.
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Es decir, la amenaza de Rojas solo podría hacerse realidad si la acompaña otra pretensión aún más extrema: establecer un régimen de absoluta arbitrariedad en Costa Rica, que cambie la Constitución y las leyes según los designios de un hombre fuerte. ¿Será este el móvil subyacente que alimentó la declaración delirante del diputado?
Lo que dijo se podría desdeñar como expresión de un desajuste cognitivo o emocional; una simple, aunque inaceptable, ocurrencia digna de diván freudiano. Pero sin desdeñar esta posibilidad, se trata de algo mucho más serio.
Rojas no improvisó ante el micrófono; leyó un texto preparado de antemano, señal de que sus ímpetus autoritarios tienen profundas raíces y extendidas conexiones. Su retórica siguió una línea consecuente con la comunicación conflictiva, amenazante, descalificadora y polarizadora del presidente y sus operadores políticos.
También se alineó con su estrategia de descalificaciones y amenazas contra las instituciones independientes garantes de la democracia, como el TSE. Y buscó, como parte de ella, amedrentar a quienes, desde la legalidad, el control político y la discusión libre, ponen límites a los excesos y arbitrariedades del presidente.
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Su delirio, por ello, tiene un poder revelador alarmante. Debemos tomar nota y rechazar con energía lo que representa. Porque Costa Rica es mucho más que quienes, por delegación ciudadana, ocupan posiciones de poder.
