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Los llamados outlets, o tiendas de saldos y remates, crecieron al amparo de un portillo que nunca debió abrirse. Durante años, se permitió la importación de contenedores con mercancías mezcladas, sin individualizar, y subvaloradas, lo que facilitó la expansión de este negocio.
El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Aduanas decidieron al fin cerrarlo. La medida va en la dirección correcta, aunque llega tarde, porque se aplica cuando los outlets ya se multiplicaron y miles de consumidores se acostumbraron a comprar a precios artificialmente bajos.
Este caso debe quedar como advertencia para gobernantes e instituciones: la regulación no puede llegar después de que el mercado se distorsiona, sino a tiempo, para evitar la competencia desleal, proteger la salud pública y resguardar la transparencia.
El resultado es un mercado con acentuados abismos entre quienes cumplen con el pago total de impuestos y quienes no. A los primeros, Aduanas les exige revisión, valoración y registro de cada producto importado. En contraste, los outlets se abastecen con “bultos” o contenedores de 12 metros adquiridos a ojo cerrado por sumas de hasta $2.000, sin saber con exactitud qué viene adentro.
Esa mercancía suele salir de puertos estadounidenses como Fort Lauderdale, Florida, donde se acumulan miles de artículos de retail descartados por grandes cadenas. Bajo la lógica del consumismo norteamericano, esas empresas prefieren liquidarlos de inmediato y los empacan en cajones o tarimas para enviarlos a bajo precio a compradores latinoamericanos, sin importar su estado, como lo expuso un reportaje de la Revista Dominical, el 30 de marzo.
A ello se suma otro factor que altera el mercado: muchos de estos comercios se acogen al régimen de tributación simplificada. Bajo esa modalidad, no están obligados a cobrar el IVA ni a llevar registros completos de sus operaciones, lo que reduce aún más sus costos fiscales y les permite competir con ventaja frente a negocios formales que sí cumplen. El problema es que la ley establece requisitos claros para acceder a ese régimen, como tener menos de cinco empleados, lo que numerosos outlets incumplen.
Este portillo erosiona la recaudación tributaria y la confianza en la justicia fiscal. Un operativo del Ministerio de Economía en 23 outlets reveló, también, que el 78% no informaba los derechos de garantía, un 65% no explicaba cómo hacerla efectiva y casi la mitad omitía el plazo mínimo de 30 días.
El Ministerio de Salud, por su parte, decomisó cosméticos, suplementos alimentarios y vacunas sin registro sanitario, lo cual expone a grandes riesgos la salud de los compradores. Incluso, en un outlet se vendieron sin restricción freidoras de aire retiradas en Estados Unidos después de más de 200 reportes de sobrecalentamiento y quemaduras. El atractivo era el precio: ¢25.000.
El nuevo reglamento, que entró en vigor el 15 de agosto, faculta el cierre temporal por 15 días a negocios con mercancía sin respaldo aduanero. A esto se suma el decomiso inmediato y, si el daño fiscal supera los $5.000, el traslado al Ministerio Público. Se anunció, además, la revisión de artículo por artículo.
El desafío es considerable. Cada mes ingresan más de 150 contenedores destinados a outlets, un volumen que provocó colapsos en almacenes fiscales cuando se intentó revisar su contenido, en octubre del 2023. En aquel momento, el control prometido se desvaneció para aliviar las presas. Esa experiencia deja otra lección y es que la transparencia requiere controles permanentes pero ágiles, de modo que la revisión unidad por unidad no asfixie al comercio cumplidor ni genere desempleo.
Conviene recordar qué significa este control. Cada importación requiere una Declaración Única Aduanera (DUA), documento que individualiza el producto, consigna su valor real y determina los impuestos a pagar. Cuando el trámite se hace “por bulto”, como ocurrió durante años, la aduana pierde trazabilidad, el Estado pierde recaudación y el consumidor pierde garantías.
La DUA busca devolver la transparencia al comercio. Sobre todo, porque el negocio es millonario. Aduanas calcula que hay 480 importadores de outlets, aunque las denuncias elevan la cifra de tiendas a más de 800. En varios cantones, las patentes municipales de este tipo de locales se dispararon. Corregir el descontrol favorecerá especialmente a los pequeños comerciantes que perdieron clientela frente a precios inexplicables.
La medida también beneficia a los compradores, quienes tienen derecho a exigir factura, garantía y etiquetado en español, así como a no quedar expuestos a riesgos tan graves como el de las freidoras defectuosas.
Ordenar el ingreso y la venta de mercancías no es solo una cuestión de transparencia e igualdad de reglas para todo el comercio, sino un requisito indispensable para proteger la salud, el bolsillo y la confianza de los consumidores. Lo verdaderamente decisivo será que Hacienda y Aduanas actúen con consistencia y sin retrocesos. La economía formal, los contribuyentes y los compradores merecen instituciones y funcionarios que no titubeen en garantizar un mercado justo, transparente y seguro.
