Mario Artavia, subdirector de Tributación, dijo que dentro de su ámbito de competencia, visitan los establecimientos tipo outlet y han encontrado irregularidades que corrigen.
Entre las irregularidades citó que algunos establecimientos están registrados en un régimen fiscal que no les corresponde o que eventualmente emiten un comprobante no autorizado.
“Incluso en un determinado momento han cobrado un impuesto y eventualmente no lo han trasladado (al fisco)”, señaló Artavia.
El jerarca explicó que las inspecciones han comprobado que estos establecimientos deberían estar registrados en el régimen tradicional en vez del régimen simplificado, debido a la cantidad de empleados que tienen o el volumen de mercancía que comercializan.
El régimen simplificado no tiene obligación de emitir facturas. De acuerdo con su experiencia, el funcionario dijo que los outlets terminan regularizando su situación y corrigiendo las faltas.
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Artavia indicó que Tributación puede cerrar los establecimientos por la no emisión de comprobantes o por no trasladar los impuestos cobrados.
En los últimos tres años realizaron 383 cierres de negocios en general, reveló Artavia.
“Llegamos al cierre de negocios como última instancia luego del debido proceso y cuando le hemos dado al contribuyente toda la oportunidad de regularizar su situación y no lo hace dentro de los plazos establecidos”, aseguró el funcionario.
La actuación de la Policía Fiscal
La PCF en Costa Rica actúa con base en la Ley N.º 7557, Ley General de Aduanas, vigente desde julio de 1997, que establece que el cierre temporal de negocios se efectuará en coordinación con este cuerpo policial, explicó Melissa Rodríguez, subdirectora de la entidad.
Actualmente, son alrededor de 114 oficiales.
La actuación se realiza una vez que reciben la solicitud formal de Aduanas. “Somos los que vamos a ejecutar el cierre del negocio”, añadió Rodríguez. Esto implica colocar los sellos y retirarlos cuando se cumple el proceso sancionatorio.
La PCF porta armas reglamentarias. “Somos policías con base en la Ley General de Policía y orgánicamente dependemos del viceministerio de ingresos del Ministerio de Hacienda”, indicó Rodríguez.
La funcionaria señaló que les corresponde atender el comercio ilícito y están facultados para realizar allanamientos. En caso de realizar detenciones, los casos pasan al Ministerio Público.
“Somos una policía especializada en el tema de atención de los delitos tributarios, que eso implica no solo lo aduanero, sino los tributarios y los hacendarios”, concluyó Rodríguez.
