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La alianza tradicional o “relación especial” –al menos a escala centroamericana– entre Costa Rica y Estados Unidos pasa por una zona de turbulencias. La alteración es producto de algunas condiciones circunstanciales, pero, sobre todo, de un replanteamiento en las prioridades y actitudes del gobierno de Donald Trump. Por esto, sus efectos, se prolongarán por buen tiempo. Esto hace necesario no solo una buena gestión de los riesgos y daños inmediatos, sino también una adaptación y replanteamiento de estrategias nacionales, en el marco de las fortalezas y principios emblemáticos de nuestra política exterior.
Ha sido, precisamente, la confluencia alrededor de objetivos, intereses, y valores comunes lo que ha consolidado por décadas los vínculos bilaterales. Como resultado, ha imperado el respeto mutuo, a pesar de enormes asimetrías en capacidad y poder, o de diferencias sobre temas puntuales.
Costa Rica ha apostado a la democracia y los derechos humanos, el multilateralismo, la igualdad jurídica de los Estados, las alianzas estables, el derecho internacional, la solución pacífica de conflictos, el comercio internacional basado en reglas, la protección ambiental y el desarrollo sostenible. El apego de sucesivas administraciones estadounidenses a objetivos similares hizo que vieran en nuestro país un socio confiable y a menudo ejemplar, sobre todo en una región asolada por conflictos, violaciones a los derechos humanos e irrespeto al Estado de derecho.
La actual orientación de la política exterior y comercial estadounidense camina en otro sentido. Se basa en un unilateralismo coercitivo e inestable, con rasgos esencialmente transaccionales. Pone sus intereses de corto plazo, tal como los conciben el presidente y sus cercanos colaboradores, por encima de visiones estratégicas, valores o alianzas estables. Además, desdeña, o es hostil, a muchos de los rasgos que nos caracterizan. Algunos de ellos han sido marginados o asediados por nuestro actual gobierno, pero en general se mantienen.
La alianza también se ha desarrollado alrededor de intereses mutuos y complementarios, reflejados, sobre todo, en comercio e inversiones. Sin embargo, estos no escapan a importantes nubarrones, como lo documentó un reportaje que publicamos el pasado domingo. En algunos casos, se trata de decisiones o propuestas de índole general que nos perjudican; en otros, de medidas particulares, que impactan aún más.
Entre las primeras está la muerte práctica, aunque todavía no oficial, de la llamada “Ley Chips”, aprobada durante el gobierno de Joe Biden, que, entre otras cosas, impulsaba la capacitación tecnológica y producción de microprocesadores en Costa Rica y otros pocos países seleccionados. A esto se suma la propuesta de un senador republicano y otro demócrata para eliminar incentivos a empresas con centros de atención telefónica fuera de Estados Unidos.
El mayor perjuicio individual es producto de aranceles adicionales en nuestra contra. Al 10% inicial impuesto a todos los países –por cierto, violatorio del Tratado de Libre Comercio con la República Dominicana y Centroamericana (DR-Cafta)–, se nos cargó muy pronto un 5% más. ¿Razón posible? Que por primera vez en casi tres décadas, tenemos un superávit en nuestro intercambio comercial con Estados Unidos.
Con la excepción de Nicaragua (18%), esa carga adicional no la tienen los demás países del Istmo, ni la mayoría de América Latina. Por esto, se añade a los factores locales que vulneran nuestra competitividad y nos restan atractivo como destino de inversiones. El cese parcial de operaciones de Intel y la salida total de Qorvo, otra empresa de alta tecnología, aunque producto de decisiones corporativas globales, son indicios preocupantes.
El único ámbito en el que tenemos preferencia, pero por razones que ojalá no existieran, es en la lucha contra el narcotráfico. Aquí, la asistencia dichosamente se ha acrecentado, pero con reducido énfasis en la dimensión integral de la seguridad ciudadana, que otras administraciones valoraban más.
La preocupación justificada por la posible penetración china ha dado pie, sin embargo, a medidas unilaterales con aroma intervencionista, como retirar las visas a políticos locales de probadas credenciales democráticas, incluido el expresidente Óscar Arias, que no se adhieren a sus mismas prioridades.
La gran pregunta es qué hacer ante esto. Dos tipos de respuesta deberían tomarse en cuenta. En lo inmediato, hay que hacer todo lo posible por que se reduzca el arancel adicional discriminatorio. A mediano plazo, debemos diversificar mercados y fuentes de inversión; mejorar (en calidad y cantidad) el aparato diplomático; reforzar alianzas con socios confiables, como la Unión Europea, Canadá y Japón; impulsar una participación más activa en las organizaciones multilaterales, y desplegar una combinación de flexibilidad y firmeza política, para mantener la capacidad de decisiones autónomas y el apego a los principios que nos definen como sociedad y guían nuestra política exterior.
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Las turbulencias seguirán. Sus fuentes de origen no podemos controlarlas, pero sí es posible administrarlas con destreza, reforzar nuestras fortalezas como país, con mayor competitividad, y tomar iniciativas que, lejos de agudizar divisiones, impulsen acuerdos múltiples y acciones concertadas. Por desgracia, es muy poco lo que vemos en este sentido.
