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“Estamos ayudándole al hermano económicamente poderoso del norte, a quien si nos ponen un impuesto en zona franca nos friega”, afirmó el presidente Rodrigo Chaves el miércoles 19 de febrero en Buenos Aires de Puntarenas. De esta forma, justificó la decisión de Costa Rica de acoger hasta 200 migrantes deportados por Estados Unidos, para que sea nuestro país el que se encargue de su repatriación al continente asiático. Al mismo tiempo que el mandatario pronunciaba estas palabras, un correo electrónico llegaba a las bandejas de las diputadas Johanna Obando y Cynthia Córdoba, ambas del Partido Liberal Progresista (PLP), notificándoles que el Gobierno de EE. UU. había revocado sus respectivas visas.
La noticia generó impacto, pero no sorpresa. En la memoria de legisladores y periodistas, aún estaban frescas las amenazas inéditas que, 15 días antes, había pronunciado Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, luego de una reunión con Chaves en la Casa Presidencial, en San José. Ese día, dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a castigar a altos funcionarios costarricenses que colaboren con actores extranjeros que representen una amenaza para la ciberseguridad del país, con una clara alusión a China.
Y al menos la diputada Johanna Obando sí investigó la decisión de la administración de Chaves de impedir la participación de empresas de China en la tecnología 5G. De hecho, denunció haber sido objeto de seguimientos y de amenazas por ello.
“En guerra avisada no muere soldado”, externó Pilar Cisneros, la diputada jefa del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), cuando Diario Extra le consultó sobre la decisión del gobierno norteamericano de retirar las visas a dos legisladoras costarricenses. Dijo no tener certeza de que la cancelación fuera señal de que Rubio estuviese cumpliendo su palabra, pero aun así enunció el popular refrán.
Para el analista internacional Carlos Murillo, lo que está sucediendo es muestra de que Costa Rica decidió entregarse a los intereses de Estados Unidos, en su disputa comercial contra China.
“Es preocupante primero a lo interno de Costa Rica porque significa que ya el Gobierno de Costa Rica está comprometido en la confrontación mundial con los Estados Unidos y se convierte en adversario de China. Costa Rica está hoy casada con los Estados Unidos en esa confrontación mundial”, explicó el académico de la Universidad Nacional (UNA).
Las dos diputadas tienen en común que fueron mencionadas, junto con el legislador fabricista José Pablo Sibaja, del Partido Nueva República (PNR), en un reportaje del canal Opa sobre reuniones con representantes de la empresa china Huawei.
Luego de que esta información se hizo pública, Obando denunció ser víctima de seguimientos y de recibir amenazas. Por este caso, la diputada fue citada a declarar ante la Fiscalía General de la República.
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Países aliados son hoy subordinados
Para Carlos Murillo, la postura costarricense ha sido una respuesta al estilo de gobierno que Donald Trump escogió para su segundo mandato, uno basado en el soberanismo y la imposición, “sobre todo a países aliados que hoy más que aliados los considera subordinados, porque si no hacen lo que dicen, les impone sanciones, como lo ha venido repitiendo no solo el secretario Rubio, sino el vicepresidente estadounidense JD Vance, en las visitas a varios países en Europa”.
El detonante para Costa Rica es la presencia de China en diversas áreas de lo que Estados Unidos ha llamado infraestructura crítica, como las redes de telecomunicaciones 5G. Desde la administración de Joe Biden, el país mostró una inclinación a seguir los lineamientos del gobierno norteamericano y apartar a las empresas chinas, pese a las reiteradas protestas de la embajada de China en San José.
En agosto de 2023, el Poder Ejecutivo emitió un reglamento, vía decreto, que exige que las empresas proveedoras de tecnología 5G provengan de países suscritos al Convenio de Budapest. China no es signatario de este instrumento internacional, lo que dejaría automáticamente sin posibilidad de que firmas como Huawei, puedan participar en los procesos de licitación.
Rubio dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a sancionar a altos funcionarios costarricenses, como una forma de respaldar al gobierno de Rodrigo Chaves para que se enfrente a compañías que chantajean, amenazan, que tratan de intervenir e infiltrarse en los organismos de un gobierno. Señaló que estas firmas no son seguras y “están respaldadas” por gobiernos como el de China, “al que le gusta amenazar, al que le gusta sabotear, al que le gusta utilizar la coerción económica para castigar”.
Este miércoles, en horas de la mañana, el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, fustigó al país asiático por tomarse “personal” el diferendo sobre el decreto para el despliegue de las redes 5G. “Lo que nos hace pensar en que la línea entre lo privado y lo público es muy fina en China”, añadió.
Medidas similares a las de Nicaragua y Venezuela
El experto señaló que el estilo definido por Trump para su segundo gobierno es uno en el que “ya no hay el respeto diplomático”.
“Entra en ese estilo en donde va a ir, ya no solo contra regímenes autoritarios y dictatoriales, como en el caso de Nicaragua y Venezuela, sino que contra cualquier persona que tenga algún poder de decisión, en este caso serían las dos congresistas costarricenses que, desde la perspectiva de los Estados Unidos y bajo de la administración Chaves, las consideran enemigas a la seguridad de los Estados Unidos por estar defendiendo los los intereses de de una empresa china”, manifestó.
Murillo aseguró que Estados Unidos está ejecutando la amenaza que ya el secretario Rubio había comunicado, como una forma de advertencia para cualquier otro funcionario. “Aquí la la pregunta que queda y que no tiene una fácil respuesta es ¿por qué en esta coyuntura el gobierno Chaves se subordina a tal extremo a la política de los Estados Unidos y cede en en muchas cosas?”, cuestionó.
“Hay algo que no que no se conoce, que no está claro y pareciera que no es tan fácil en este en este momento obtener esa esa información, pero sí hay evidentemente una clara subordinación de Costa Rica a la decisiones de los Estados Unidos”, agregó.
