Un proyecto de ley presentado por dos senadores en Estados Unidos podría representar un riesgo para los centros de llamadas o call centers de empresas estadounidenses instalados en Costa Rica.
Se trata de la iniciativa Keep Call Centers in America (Mantener los centros de llamadas en Estados Unidos), promovido por el senador demócrata Ruben Gallego, de Arizona, y el republicano Jim Justice, de West Virginia.
Ambos proponen restringir diversos beneficios a las empresas que operen o trasladen sus centros de llamadas al extranjero, como una estrategia para conservar estas operaciones dentro del país. Según un comunicado de prensa oficial de Gallego, muchas compañías han externalizado sus centros de atención, lo que ha provocado una reducción o cierre de operaciones en territorio estadounidense.
Además, los legisladores señalan que algunas compañías han sustituido a los empleados de estos centros por chatbots o inteligencia artificial, en perjuicio de los consumidores.
“En los últimos años, muchos operadores de centros de llamadas han trasladado sus operaciones al extranjero y han cerrado o reducido sus operaciones en Estados Unidos. Como resultado, la Oficina de Estadísticas Laborales proyecta una pérdida de 150.000 empleos en centros de llamadas en Estados Unidos para el año 2033″, detalla el comunicado de prensa.
En Costa Rica, según el dato más reciente de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), las compañías del sector de servicios crecieron un 13% en el 2023, y pasaron a representar 373 de las 567 empresas registradas en ese momento en el régimen de zonas francas, es decir, cerca del 66%.
Ese porcentaje incluye servicios prestados en centros compartidos, arrendamiento, business process outsourcing, ingeniería en software, consultoría de negocios y sistemas, logística, soporte técnico, ingeniería de datos, diseño, centros de llamadas y otras áreas. Los centros de llamadas, específicamente, representan un 9% del sector de servicios.
En comparación, en 2010, los servicios representaban un 47%, de los cuales un 7% correspondía a call centers.
Para el 2023, el sector de servicios generó 116.242 empleos directos, lo que representó un crecimiento del 10% en esa categoría. En términos de crecimiento promedio, este sector mostró un incremento superior al de los bienes en general entre el 2019 y 2023.
Según datos de la balanza de pagos trimestral del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en el 2024 el país exportó $16.113 millones en servicios, lo que significó $1.317 millones más que en el 2023.
Por otra parte, en el primer trimestre del 2025, la cifra más reciente, las exportaciones totales de bienes y servicios ascendieron a $9.950 millones, de los cuales $4.569 millones correspondieron al sector de servicios.
LEA MÁS: Exportación de conocimiento ya supera al turismo en Costa Rica
El Ministerio de Comercio Exterior (Comex)* afirmó a La Nación que conoce la propuesta legislativa impulsada por ambos senadores y que esta es similar a otros proyectos presentados en legislaturas anteriores del Congreso estadounidense, los cuales han tenido poco avance en su trámite.
Sin embargo, la entidad aseguró que, a pesar de estos antecedentes, el gobierno costarricense tomará con seriedad cualquier iniciativa que pueda generar repercusiones en sectores estratégicos, como el de los call centers. Para ello, mantendrá el proyecto bajo estudio para identificar posibles riesgos y tomar las medidas correspondientes.
Por su parte, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) también informó de que continúa con el monitoreo constante del proyecto, a la espera de más información, con el fin de anticipar eventuales efectos y definir acciones pertinentes.
¿Qué exigirá el proyecto a las empresas?
Los senadores proponen que las compañías que trasladen sus centros de llamadas al extranjero o planeen subcontratar estos servicios a terceros deben notificar al Departamento de Trabajo con al menos 120 días de antelación.
Esta entidad mantendría un registro público de las empresas que hayan externalizado estas operaciones, el cual conservaría los nombres por cinco años, salvo que dichas firmas restituyan una cantidad igual o mayor de empleos al territorio estadounidense o modifiquen los términos del contrato para que el trabajo se realice dentro de Estados Unidos.
Los empleadores incluidos en esta lista no serían elegibles para nuevas subvenciones ni préstamos garantizados por el gobierno federal estadounidense.
Además, no recibirían prioridad en la adjudicación de contratos por parte de agencias públicas, ya que se dará preferencia a aquellas cuyos centros de llamadas operen exclusivamente en territorio estadounidense.
LEA MÁS: Empleados de 'call center' pasan de atender llamadas a programar y monitorear robots
Las compañías dispondrían de un plazo de 180 días para ser excluidas del listado y así poder optar por nuevos beneficios. Sin embargo, aquellas con ayudas vigentes deberán pagar una multa mensual, y el subsidio será revocado si el patrono continúa en la lista un año después del primer cobro de penalización.
Adicionalmente, se exigiría que los operadores ubicados fuera del país informen de manera inmediata su localización física y si emplean inteligencia artificial. En caso de que el cliente lo solicite, la llamada deberá ser transferida a un centro de atención ubicado en Estados Unidos.
¿Cómo se aprueban leyes en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el Congreso es el responsable de aprobar las leyes federales y está conformado por dos cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes.
El primero está integrado por 100 senadores, dos por cada Estado, mientras que la segunda cuenta con 435 miembros, cuya representación se distribuye de forma proporcional a la población de cada Estado. Aunque cada cámara tiene competencias específicas, ambas deben avalar un proyecto para que adquiera fuerza de ley.
La presentación de una iniciativa puede originarse en cualquiera de las dos cámaras, ya sea por parte de un legislador o a partir de propuestas ciudadanas. En este último caso, la idea de una nueva normativa o de una reforma legal es planteada por personas o grupos civiles ante un congresista que los represente, con el objetivo de que la impulse dentro del proceso legislativo.
Una vez presentado, el proyecto se asigna a un comité legislativo, cuyos integrantes lo analizan, debaten y pueden introducir modificaciones. Posteriormente, se somete a votación en la cámara donde se originó.
Si la propuesta obtiene respaldo en esa primera instancia, pasa a la otra cámara para seguir un proceso similar de revisión, discusión, ajustes y votación.
Cuando ambas cámaras la aprueban, deben conciliar cualquier diferencia entre las versiones. Tras acordar un texto unificado, este se somete nuevamente a votación en ambas cámaras. Si recibe el visto bueno, se remite al presidente.
El mandatario puede sancionar la iniciativa firmándola, con lo cual entra en vigor como ley, o puede rechazarla mediante el veto.
En caso de veto, el Congreso puede anularlo si alcanza la mayoría necesaria, y así convertir la propuesta en ley. No obstante, si el presidente no firma el proyecto y el Congreso concluye su sesión, este se considera vetado automáticamente. A esta figura se le conoce como “veto de bolsillo” (pocket veto) y no puede ser revertida por el Congreso.
*Nota del redactor: las respuestas de Comex y Procomer fueron incorporadas el 8 de agosto. En el caso de Comex, la respuesta se recibió el 7 de agosto, después del cierre de edición, dos días después de haberse enviado la consulta inicial. Por su parte, Procomer respondió el 8 de agosto, aunque la solicitud también fue enviada el miércoles 6.