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El año 2025 cerró como uno de los más mortíferos por incendios. Perecieron 27 personas, la cifra más alta desde 2018, cuando se registraron 31 decesos. Además, las llamas devoraron 990 estructuras, cuatro más que en 2024. El patrón más doloroso no está solo en la cantidad de incendios, sino en dónde y cómo muere la gente. Las tragedias más letales ocurrieron en cuarterías, viviendas improvisadas o casas construidas sobre comercios.
La muerte tuvo campo libre en edificaciones con una sola ruta de escape, instalaciones eléctricas deficientes y materiales altamente inflamables. En julio, en San Juan de Dios de Desamparados, fallecieron Marilyn Chacón, de 33 años, y sus tres hijos (Kristell, de 3 años; Keylor, de 6, y Kendall, de 11). Empujados por dificultades económicas y un contexto de violencia doméstica, se habían mudado dos meses antes al tercer piso de una cuartería de lata, sobre una pulpería. El fuego se inició en el negocio y, en cuestión de minutos, les cerró la única ruta de salida.
En octubre, el incendio del hotel Oriente, cerca del Mercado Borbón, mató a cinco personas que no pudieron huir porque la única puerta de salida de emergencia del tercer piso estaba clausurada, cerrada con un alambre, invisible entre el humo y la madrugada. Fue un incendio provocado; ya el sospechoso está detenido, pero no solo él es responsable. Aquí, instituciones del Estado fallaron al tolerar una edificación que operó como cuartería por años sin condiciones mínimas de seguridad.
En diciembre, un incendio en una casa de Quesada Durán, Zapote, cobró la vida de Katherine Martínez Amador, de 22 años, y los tres niños –de 6, 9 y 11 años– que cuidaba. El año dejó más víctimas en viviendas precarias o con puntos de escape cuestionables, y solo en los ocho años comprendidos entre 2018 y 2025, el recuento es de 132 vidas perdidas entre llamas.
A esta cifra se suma un promedio de casi 1.000 siniestros por año. Entre ellos, figura el ocurrido el pasado 23 de noviembre en el parque industrial Las Brisas, en Desamparados, oficialmente catalogado como el tercer incendio más grande en la historia de Costa Rica: consumió 17.500 metros cuadrados.
Otro de los de mayor magnitud se registró el 20 de enero de 2025, en San Pedro de Montes de Oca, cuando el fuego arrasó un edificio de tres pisos, varios apartamentos y 15 vehículos en un sitio conocido como el parqueo Mantia.
El año cerró con el incendio de 1.500 metros cuadrados del supermercado Hong Kong, en Santa Rosa de Pocosol, San Carlos, que volvió a evidenciar la vulnerabilidad de comunidades sin una estación de Bomberos cercana y los largos tiempos de respuesta ante emergencias de gran escala.
Tanta tragedia debería encender todas las sirenas para actuar con decisiones prontas, comenzando por el propio Cuerpo de Bomberos. Si se requiere un cambio en la legislación, esa institución debe asumir un rol proactivo para impulsarlo y convencer a los diputados; si las municipalidades y otras instituciones fallan en la concesión de permisos o en la supervisión de edificaciones comerciales –como ocurrió con el hotel Oriente– debe denunciarlo frontalmente con base en criterios técnicos –no políticos–, y si hacen falta más sedes de Bomberos, como en Pocosol –donde se tardó 40 minutos en llegar debido a los 50 kilómetros de distancia que había desde la estación más cercana–, que se actúe sin dilaciones para garantizar una respuesta oportuna en aquellas zonas donde el auxilio llega demasiado tarde.
Porque, como lo comentó, luego del incendio en Pocosol, el ciudadano Luis Fernando Sánchez Mondragón en la cuenta de Facebook de Bomberos, “hacen falta estaciones de bomberos no solo en Santa Rosa de Pocosol. También otras zonas del país están descubiertas y eso desde hace rato se sabe. Los terrenos apropiados se consiguen hasta donados; hace falta voluntad política, y dinero hay suficiente para invertirlo”.
El Cuerpo de Bomberos dispuso de ¢64.000 millones el año pasado; esto, gracias a que los ciudadanos lo financiamos con impuestos del 4% pagados a la prima de cada póliza que se emite en el país, y con 1,75% del monto de cada factura eléctrica. Ello exige no solo una mejor gestión financiera, sino una planificación del gasto que dé cobertura y respuesta a comunidades vulnerables.
Igualmente, es necesario que Bomberos concientice al país en materia de prevención y logre hacer realidad la masificación de los detectores de humo en los hogares, pues por ahora se trata de una simple recomendación. Es innegable que estos dispositivos, cuyo costo ronda entre ¢12.000 y ¢23.000 en ferreterías, pueden salvar vidas. En un incendio, cuando el margen promedio de tiempo para escapar es de unos dos minutos, una alarma temprana puede marcar la diferencia entre salir con vida o quedar atrapado.
Como país, ya sabemos dónde estamos fallando; conocemos los riesgos y contamos incluso con una estructura de financiamiento destinada a la prevención. No es admisible que el cúmulo de muertes y siniestros siga creciendo sin una reacción acorde a la gravedad del problema. No podemos seguir observando pasivamente cada nueva emergencia. El Cuerpo de Bomberos debe tomar la batuta.
