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Un ministro afirma que tiene “zurdos identificados”, incluso de clóset. El secretario general del partido de gobierno presume una base de datos de simpatizantes opositores, recolectada, según todo indica, en un acto oficial del Estado, y luego se contradice sobre si su partido llegó a usarla.
Una diputada oficialista menciona en el plenario, sin explicaciones adicionales, una “operación Pegasus”, mientras defiende un decreto amplísimo que blinda como secreto de Estado gran parte de la información de interés público sobre inteligencia y seguridad nacional. Un exmandatario, hoy ministro con doble cartera, le pregunta a una multitud si le temen a un cierre del Poder Judicial. Nadie a su lado le pide mesura.
Por separado, cada hecho admite una lectura menor: torpeza, bravuconería, humor de tarima política. Pero juntas, las anécdotas se convierten en patrones.
El costo de reírse primero
Inquietan no solo las palabras, sino cómo las recibe una parte del país: con burla hacia quien se alarma, con el argumento de que “la oposición exagera” o de plano con aplauso.
Esa reacción no es neutral. Cada vez que la sociedad ríe y aplaude los ataques a quienes exigen explicaciones, envía una señal indiscutible: que fichar por ideología o insinuar el cierre de un poder de la República y de los derechos individuales no tiene un costo político. Y lo que sale gratis se practica con más soltura la próxima vez.
Las herramientas no desaparecen
Que la inmediatez no nos prive de apreciar lo siguiente: las mayorías son temporales, pero los aparatos que se toleran para vigilar al adversario no se disuelven con un cambio de gobierno.
Quien celebra que “se les acabó la fiesta a los zurdos” asume sin evidencia que jamás estará del otro lado de esa frase. Pero los liderazgos se desgastan, los descontentos, tarde o temprano, ensanchan grietas, y los aliados de hoy pueden convertirse en la oposición de mañana.
Cuando ese día llegue, quien hoy aplaude la vigilancia y la censura a “los zurdos” querrá expresar libremente su desacuerdo en redes sociales, salir a la calle a defender sus derechos y pedir cuentas al oficialismo. Pero ahí seguirá la infraestructura de control que se construyó con su aplauso y su risa: la base de datos, el decreto, el precedente de impunidad. Ya hay ciudadanos que han denunciado y exigido el cese de seguimientos en su contra.
No es una distopía lejana. Cuatro de cinco juristas consultados coinciden en que el amplísimo blindaje de información de seguridad y del trabajo de la DIS es contrario a la Constitución, y la Sala Constitucional ya recibió tres gestiones en su contra.
Una excepción que no se acota a tiempo, con reglas y fiscalización real, se vuelve regla. Y la regla no pregunta antes quién gobierna.
De la indiferencia a la costumbre
La violencia digital contra periodistas, diputaciones, activistas y ciudadanos, mediante el linchamiento coordinado, el acoso, las amenazas y la deshumanización de quien piensa distinto, no es un fenómeno aparte. Es apenas su descentralización: sin decreto ni presupuesto necesario, miles de usuarios la ejecutan voluntariamente en el anonimato del teclado. Persigue los mismos objetivos que su contraparte institucionalizada: subir el costo personal de disentir, al punto de que críticos del gobierno ya admitan que se autocensuran en redes sociales por temor a represalias y a que las amenazas en su contra se materialicen.
Una cuarta parte de los costarricenses no considera que la democracia sea preferible a cualquier otro sistema, o de plano le resulta indiferente. No es una mayoría, pero sí es masa crítica suficiente para que la clase política se aventure a coquetear con el autoritarismo sin consecuencias políticas. Es suficiente para que quienes sí valoramos la libertad de pensar, asociarse, participar y disentir, para simpatizantes y para opositores por igual, no podamos darnos el lujo de mirar hacia el otro lado esperando a que el problema sea de otros.
Costa Rica no necesita de 40 diputados oficialistas y una nueva Constitución para dejar de parecerse a sí misma. Basta con que suficientes personas decidan que perseguir a quien piensa distinto no les compete. Que crean que fichar a ciudadanos con opiniones políticas es tema de risa y que vigilar a disidentes políticos es normal. No importa de qué lado de la mesa estemos hoy, porque tarde o temprano todos necesitaremos las garantías de la libertad de ser oposición.
jassonmc@gmail.com
Jasson Muir Clarke es comunicador.
