Casi 48 horas después de haber sido anunciados por el presidente Rodrigo Chaves Robles, se desconocen el contenido y los argumentos técnicos –si los hay– en los cuales se basan los dos decretos presidenciales que eliminan la obligatoriedad de la vacunación anticovid y el uso de la mascarilla.
Las oficinas de prensa tanto en Presidencia como en el Ministerio de Salud guardan silencio. No responden mensajes enviados por los periodistas en los chats oficiales que tienen ambos despachos para tramitar consultas.
La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, en una conferencia improvisada este lunes 9 de mayo en la que reconoció problemas para la publicación de los primeros decretos, aseguró que la jerarca de Salud, Joselyn Chacón, se referiría a este asunto este martes.
A las 2:33 p.m. y tras múltiples consultas de periodistas, la oficina de prensa del Ministerio de Salud dijo que enviará un boletín en el transcurso de la tarde: “Entendemos su interés en el tema y les agradecemos la paciencia. En el momento en que tengamos información al respecto se las estaremos haciendo llegar”.
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Ante consulta de La Nación, la tarde del lunes, la oficina de prensa de Salud informó de que la agenda de Chacón estaría dedicada a reuniones sobre los decretos durante la mañana, y que se estaría coordinando para la tarde la atención a la prensa sobre este asunto.
La Nación solicitó a prensa del Ministerio de Salud, a primera hora de este martes, una entrevista con Roberto Arroba Tijerino, secretario de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) para que se refiera a los decretos. Solo se respondió con un “acuse de recibo”.
El domingo 8 de mayo, Chaves y Chacón firmaron una lista de decretos, en la cual se encuentran los dos de Salud.
“El decreto lo que quiere es darle la libertad y la responsabilidad a las y los costarricenses por su propia salud. Los únicos que no podemos permitir que ejerzan el juicio de si quieren usar o no mascarilla, porque el decreto no prohíbe la mascarilla..., las únicas que están obligados a usar mascarilla son las personas que atienden en el sistema de salud a, por ejemplo, alguien que tiene un sistema inmunológico debilitado y a quien por justicia y equidad no podemos exponer a alguien que tenga el virus”, dijo el presidente el domingo.
“Al resto de personas, yo les recomiendo que se ponga la mascarilla en el bus si así lo sienten, sobre todo los que no se han vacunado tres o cuatro veces. Eso es sentido común, los ticos somos gente inteligente y las ticas más. Yo hago un llamado de que esto es una oportunidad, respeto a la población, y si viene una ola de covid reevaluaremos”, agregó hace dos días.
Especialistas en diferentes áreas de la Medicina, sindicatos, universidades y colegios profesionales, adversan ambas medidas, justamente porque se toman cuando el país entra a la quinta ola pandémica.
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Para el demógrafo y salubrista Luis Rosero Bixby, los dos decretos presidenciales que eliminan la vacunación obligatoria contra la covid-19 y el uso de la mascarilla evidencian que se politizó un asunto que debería manejarse estrictamente desde equipos técnicos y científicos, como se había hecho hasta hace poco.
“Para mí es incomprensible, porque los datos claramente mostraban que nos encontramos en una nueva ola pandémica desde hace tres semanas. Así se comprobará mañana (martes 10 de mayo) cuando, esperemos, den el reporte epidemiológico semanal. Estamos en una ola pandémica y lo que correspondía era tomar medidas para mitigar la situación que se nos está viniendo encima. Pero en vez de esto se toman esas resoluciones que es como echar leña al fuego”, dijo el especialista.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Rubén Hernández, calificó de ilegal el decreto firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para eliminar la obligatoriedad de la vacunación contra la covid-19 sin tener un criterio científico de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología.
“Es ilegal. Eventualmente podría ser inconstitucional porque se pondría en peligro el derecho a la salud, del artículo 21 ( de la Constitución Política). Eventualmente, alguien podría poner un amparo para ver si la Sala considera que viola el derecho a la salud.
“La ley lo que dice muy claro, es que la Comisión es la que determina, con estudios técnicos previos, que es otro elemento que no se ha tomado en cuenta, en qué casos la vacunación es obligatoria y para quién”, advirtió el abogado.
Información actualizada a las 3:13 p.m. con declaraciones de oficina de prensa del Ministerio de Salud.
