Marcelo Prieto Jiménez, quien fue presentado este jueves como el nuevo ministro de la Presidencia, tiene demandado al Gobierno en el Juzgado Contencioso Administrativo por las medidas de ahorro que la reforma fiscal ordenó aplicar en los pluses salariales del sector público.
El nuevo jerarca, de 68 años, es el actual rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN). Asumirá el cargo el 1.° de mayo.
Hace un año, él y los rectores de las otras cuatro universidades públicas presentaron una demanda contra el Ministerio de la Presidencia, cartera que ahora Prieto dirigirá, así como contra los ministerios de Planificación, Hacienda y el Estado.
En la gestión, los rectores universitarios piden que se anulen un artículo y un inciso del reglamento del Título III de la reforma tributaria, los cuales ponen límite al pago de incentivos como anualidades, carrera profesional y dedicación exclusiva en todas las instituciones públicas, incluidas las universidades.
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Prieto, además, firmó una acción de inconstitucionalidad que presentaron los integrantes del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en febrero de este año, contra dicho reglamento.
Ante la Sala Constitucional, los rectores alegaron que tal normativa viola las disposiciones de la Constitución Política sobre el financiamiento de la educación superior pública, como la autonomía universitaria y la obligación de que cada año se dedique el equivalente a un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la enseñanza estatal.
Asimismo, en julio del 2019, Prieto firmó otra acción de inconstitucionalidad que presentaron los rectores universitarios contra la regla fiscal que promovió el gobierno de Carlos Alvarado.
La regla fiscal es un mecanismo para ponerle tope al crecimiento del gasto público en condiciones adversas como las que vivimos hoy, cuando la economía se desacelera y el endeudamiento público crece.
Prieto asume el cargo que dejó vacante Víctor Morales Mora, en marzo. Desde ese momento hasta la fecha, el puesto lo desempeñó de manera interina la viceministra Silvia Lara.
El nuevo jerarca es oriundo de Alajuela y abogado de profesión, con estudios de posgrado en Educación.
Fue diputado por el Partido Liberación Nacional (PLN) entre 1978 y 1982. Al dejar la Asamblea Legislativa, ocupó la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) hasta 1984.
Además, fue alcalde de Alajuela entre el 2000 y el 2003 también por el PLN, embajador de Costa Rica en México y profesor universitario.
‘No estamos sujetos a la ley del Gobierno’
En marzo del año pasado, cuando la reforma tributaria ya era ley, Prieto sostuvo que las universidades públicas no están sujetas a “la ley del gobierno”.
Alegó, ante el Congreso, que las instituciones de enseñanza superior tienen facultades de rango constitucional para organizarse a sí mismas.
“Estaríamos violando la Constitución Política si aceptamos una regulación externa. La Constitución no es un papel mojado que se irrespeta cuando hay crisis social y se respeta cuando no la hay”, dijo Prieto hace un año.
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Sin embargo, seis meses después, la UTN se convirtió en la primera casa de estudios superiores que se ajustó a las disposiciones salariales de la reforma fiscal, en momentos en que la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) buscaban formas para evadir los cambios.
A favor de ‘límites a remuneraciones exageradas’
En octubre del año pasado, en una nueva comparecencia ante los diputados, Prieto afirmó que los sobresueldos que inflan los salarios de los empleados universitarios comprometen el futuro de las casas de enseñanza superior.
“En declaraciones públicas muy claras, dije que en las condiciones políticas que vivía el mundo y el país, o las universidades públicas acababan con los privilegios o los privilegios acababan con la autonomía (universitaria). Así lo dije con esas palabras y estoy convencido totalmente de eso”, afirmó.
El rector de la UTN afirmó en ese entonces que es necesario poner límites a las “remuneraciones exageradas” que, según dijo, se venían generando en algunas universidades. Para él, los rectores ya venían haciendo esfuerzos en ese sentido.
Negó expedientes de acosadores de la UTN
El año pasado, cuando un movimiento de alumnas universitarias se declararon en emergencia por la violencia sexual que experimentan en los centros de estudios, Prieto evitó revelar ante la opinión pública los expedientes de los funcionarios universitarios sancionados por hostigamiento sexual.
En agosto, cuando La Nación le solicitó esos documentos, el rector indicó que solo los entregaría si un juez se lo ordenara.
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Afirmó que hacer pública tal información afectaría a las familias de los hostigadores.
“La sola indicación del nombre de un hostigador y la publicación de este, va a producir daños muy graves a la familia de esa persona, que ya tuvo un problema, un sufrimiento privado, y ahora lo va a tener público", argumentó Prieto.
La UNA sí reveló la información requerida, con los datos de las víctimas y los testigos protegida. Mientras que la UCR publicó los nombres de los hostigadores, pero no sus expedientes.
En 1979: PLN es la única fuerza que puede reorientar la política costarricense
En 1979, en su segundo año como diputado, Prieto publicó un artículo titulado Militarismo y democracia en Costa Rica, en el cual habló sobre las “importantes consecuencias para la estabilidad democrática y el progreso social de la nación costarricense” que, según él, podrían ocurrir a causa de la derrota de Luis Alberto Monge en las elecciones de 1978.
Dichos comicios los ganó Rodrigo Carazo Odio, el candidato de la Coalición Unidad.
"La derrota del Partido Liberación Nacional y su indefinición interna, tienen importantes consecuencias para la estabilidad democrática y el progreso social de la nación costarricense.
“La orientación, ideológica y práctica, del nuevo grupo que detenta el poder en Costa Rica, va empujando al país por el doloroso camino de la solución autoritaria a la crisis nacional”, escribió Prieto en ese artículo.
Para él, en ese momento, el PLN era la “única fuerza política capaz de reorientar el proceso político costarricense dentro de un nuevo esquema”, para lo cual, según el nuevo ministro, la agrupación necesitaba encontrar “nuevos contenidos sociales” para su actividad política, mediante la integración de sectores populares, campesinos y obreros.