Juan Diego Córdoba. 18 marzo
Los rectores comparecieron la noche de este lunes en el Congreso: Rodrigo Arias, de la UNED (corbata azul); Alberto Salom, de la UNA (camisa verde), Marcelo Prieto, de la UTN (camisa blanca) y Henning Jensen, de la UCR. Con ellos, Eduardo Sibaja, de Planificación de la Educación Superior del Conare. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal.
Los rectores comparecieron la noche de este lunes en el Congreso: Rodrigo Arias, de la UNED (corbata azul); Alberto Salom, de la UNA (camisa verde), Marcelo Prieto, de la UTN (camisa blanca) y Henning Jensen, de la UCR. Con ellos, Eduardo Sibaja, de Planificación de la Educación Superior del Conare. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal.

Los rectores de las universidades estatales rechazan aplicar los cambios salariales que ordena la reforma fiscal aprobada en diciembre y también una eventual ley sobre empleo público, iniciativa que impulsa el Gobierno.

Así lo manifestó la noche de este lunes el rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Marcelo Prieto, durante la comparecencia de los jerarcas del Consejo Nacional de Rectores (Conare) en la comisión que investiga el uso que le dan las universidades a los recursos públicos.

“Estaríamos violando la Constitución Política si aceptamos una regulación externa. La Constitución no es un papel mojado que se irrespeta cuando hay crisis social y se respeta cuando no la hay”, manifestó Prieto.

Además, defendió los ¢511.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el cual financia a las universidades, el cual fue recortado en ¢10.000 millones por los diputados.

El presidente Carlos Alvarado anunció que presentará una reforma al empleo público a finales de mes, con el objetivo de ordenar y regular la escala de salarios y los incentivos que gozan los trabajadores públicos.

El Gobierno había anunciado que, de aprobarse la iniciativa en la Asamblea Legislativa, sería de acato obligatorio para todas las instituciones públicas, sin embargo, para los rectores esa iniciativa no debería afectar los salarios académicos, pues según ellos, las universidades no son instituciones ordinarias.

“Las universidades públicas no están sujetas a la ley de Gobierno, tienen facultades propias para organizarse”, señaló Prieto.

En esa misma vía, los rectores de las cinco universidades públicas enviaron una carta al mandatario Alvarado, solicitándole que elimine la mención de las casas de enseñanza superior del reglamento a la ley de reforma fiscal.

Según los jerarcas universitarios, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma fiscal) no los cubre, porque no se les menciona expresamente, a pesar de que el título sobre empleo público, menciona que la administración central y la descentralizada deberán aplicar la ley, esta última incluye instituciones autónomas y semiautónomas.

Sin embargo, los rectores insisten en que la autonomía universitaria los exime de la aplicación del plan fiscal y, si llega aprobarse, también de la reforma al empleo público.

Pero esa no es la única impugnación presentada por los rectores. Los jerarcas universitarias también acudieron a la Sala Constitucional para intentar revertir el recorte de ¢10.000 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que los diputados le aplicaron al presupuesto de las academias.

En el reclamo, presentado el 22 de enero, los jerarcas universitarios aseguran que el recorte violenta el artículo 85 de la Constitución Política, que señala que el Estado financiará la educación superior estatal, cuyas rentas “no podrá ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”.

“El FEES como tal no existe, es solo una sumatoria de los presupuestos de las universidades. A pesar de eso Conare ha creado el fondo de sistema y en la academia los fondos son competitivos, y hemos creado ese fondo del sistema, para que las universidades puedan presentar propuestas de investigación de docencia y acción social”, manifestó el presidente de Conare y rector de la UCR, Henning Jensen.

La Sala IV acogió para análisis la acción de inconstitucionalidad y deberá establecer si se deben reintegrar los ¢10.000 millones al FEES, que financia el funcionamiento de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec).