“Nosotros estamos listos para dar las estadísticas, explicar todo nuestro trámite, pero solo que un juez nos indique que debemos entregarlos, entregaríamos los expedientes, e incluso los nombres de los hostigadores, pues nos parece que darlos a conocer no ayuda en nada a mejorar la situación en el país”.

Así respondió Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), luego de que La Nación le solicitara los documentos sobre los hechos comprobados de hostigamiento sexual – omitiendo los nombres de las víctimas– que han sido denunciados en esa casa de enseñanza.

El rector se negó a entregar la información aduciendo que revelarla perjudicaría a los familiares de los acosadores.

“La sola indicación del nombre de un hostigador y la publicación de este, va a producir daños muy graves a la familia de esa persona, que ya tuvo un problema, un sufrimiento privado, y ahora lo va a tener público", argumentó Prieto.

"No vemos nosotros cómo se pueda evitar el bullying estudiantil (contra los hijos de los acosadores), o el acoso a los familiares, que no tienen por qué recibir más daños de los que ya recibieron”, indicó.

Asimismo, el jerarca de la UTN alegó que facilitar a los medios esos datos desfavorecería futuras investigaciones, pues quienes sirven de testigos para esclarecer los casos sobre hostigamiento sexual se intimidarían y desistirían de colaborar en las pesquisas.

“Cuando sepan que sus nombres y su participación como testigos en una actividad de este tipo pueden darse a la luz pública, pues va a haber mucha gente que no va a querer colaborar con nosotros y ayudarnos a determinar la verdad real de los hechos.

“Es que el expediente tiene una serie de datos: los nombres de los testigos, las declaraciones, fotografías que, en algunos casos, son de carácter enormemente íntimo (…). ¿Cómo vamos a hacer para borrar, nombre por nombre de testigos? Tendríamos que mutilar todo el expediente, entonces no estaríamos entregando el expediente original. No le vemos ningún sentido”, agregó el rector.

Nacida en el 2008, la UTN cuenta con una población estudiantil de 13.500 alumnos. Su edificio central se ubica en Alajuela, y cuenta con cuatro sedes: Atenas, Puntarenas, Guanacaste y San Carlos.

Por otra parte, Prieto aseguró que otorgar esa información a La Nación los obligaría a hacer lo mismo con otros medios.

“Y ahí no podemos controlar qué se está haciendo o qué se está investigando, con la buena fe de contribuir el grave problema del acoso sexual en el país, y qué responde a una mera morbosidad periodística”, fustigó.

Por otra parte, el rector de la UTN sostuvo que dichos casos son procesos privados, “como lo establece la Ley General de la Administración Pública”.

No obstante, tras la misma solicitud, la Asamblea Legislativa sí entregó a este medio los documentos solicitados, eliminando de estos las identidades de las víctimas.

Protocolo en lugar de reglamento

De todas las universidades públicas, la UTN es la única que no cuenta con un reglamento contra el hostigamiento sexual. En su lugar, tiene un protocolo para atender esos casos.

Según el rector Marcelo Prieto, ese centro educativo no considera necesario contar con “un reglamento, una normativa complementaria ni nada que se le parezca” para tramitar ese tipo de denuncias.

Prieto sostuvo que la ley es suficientemente clara para tramitar dichos casos con base en el artículo 27 de la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, y la Ley General de la Administración Pública.

"Nos parece que eso es suficiente para que la administración (universitaria) actúe y ha actuado con mucho éxito en los últimos años”, expresó.

La Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, a la que se adscriben los reglamentos de las entidades públicas, incluidas las universidades, prevé tres tipos de sanciones según la gravedad. Estas pueden ser una amonestación escrita, una suspensión sin goce salarial o el despido.

La UTN tampoco cuenta con una comisión investigadora contra el hostigamiento sexual –que reúne las pruebas y recomienda la sanción–, ni con una fiscalía para dar apoyo y seguimiento a las víctimas.

No obtante, aseguró el rector, a las denuncias se les da el debido proceso. “En nuestro caso es igual, pero de manera mucho más expedita y sin tanta vuelta”, enfatizó.

Según explicó, el estudiante puede presentar una denuncia de acoso sexual ante la Defensoría de los Estudiantes, o bien, ante la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, el decano de la escuela en la cual estudie el ofendido, e incluso en la misma Rectoría.

Posteriormente, un órgano director de procedimiento de la universidad recopila las declaraciones, evalúa las pruebas, llega a conclusiones y recomienda la sanción.

Como en el resto de universidades, es el jefe directo del acosador, ya sea el decano de la carrera donde se presenta la denuncia o el rector, quien decide si acata la recomendación.

Entre el 2014 y el 2019, en la UTN se han tramitado 15 denuncias de acoso sexual.

Del total de casos, siete personas fueron despedidas porque se les comprobó el hostigamiento. A otros dos se les aplicó una suspensión de labores sin goce de salario y uno recibió una nota de amonestación en su expediente laboral.

Mientras tanto, uno de los hostigadores renunció durante el proceso, por lo cual no fue posible penalizarlo.

En el caso de otro de los acosadores, que era un funcionario interino, se decidió no volver a contratarlo.

Una de las denuncias fue desestimada por falta de pruebas y dos casos más se encuentran en proceso de resolución.

Universidades reticentes a dar información

Tal y como lo hizo con la UTN, La Nación también pidió la información a las otras cuatro universidades públicas: la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

La única que la ha entregado, hasta la fecha, es la UNA. La casa de enseñanza facilitó las resoluciones de las 54 denuncias que tramitó entre 1997 y marzo de 2019.

A inicios de junio, en el programa Matices, de Radio Monumental, el rector de la UCR, Henning Jensen, se comprometió a entregar los datos. No obstante, luego cambió de criterio.

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En tanto, por correo electrónico, el rector de la UNED, Rodrigo Arias, respondió que había solicitado la información a la universidad, pero tampoco ha habido respuesta hasta ahora.

Mientras, el TEC indicó, el 17 de junio y también por correo, que no entregaría los documentos hasta que se resolviera un recurso de amparo que interpuso el abogado Yashin Castrillo.

Dicho recurso fue rechazado, pues la Sala Constitucional encontró errores de forma en el planteamiento.

La Nación solicitó de nuevo los expedientes a Luis Paulino Méndez, quien asumió la rectoría del TEC el pasado 1.° de julio, y está a la espera de su respuesta.

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Las casas de enseñanza defienden la confidencialidad de los documentos solicitados por La Nación pese a que la Procuraduría General de la República, que funge como abogado del Estado, se ha pronunciado a favor del acceso a la información sobre procedimientos administrativos concluidos.

Incluso las condenas penales dictadas en tribunales por delitos sexuales también son comunicadas al público, a través de los canales oficiales del Ministerio Público o del Poder Judicial.

Este medio pidió esos datos como parte de la cobertura de la “declaratoria de emergencia por violencia sexual” hecha por colectivos de alumnas de la UCR, UNA y TEC el pasado 27 de mayo.