La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) señaló que un exfuncionario de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) fue despedido tras alertar sobre supuestas irregularidades en torno al Parque Empresarial del Pacífico (PEP).
Esa información figura en la orden de allanamiento del caso BCR SAFI, tramitado bajo el expediente N.° 21-000209-1218-PE, de la cual La Nación tiene copia. En el proceso se investiga un presunto delito de influencia contra la hacienda pública.
De acuerdo con el Ministerio Público, Laureano Verzola Sancho, exgerente de Finanzas de BCR SAFI, fue despedido el 28 de mayo de 2021, luego de trabajar durante 16 años para esa subsidiaria del Banco de Costa Rica (BCR).
Según el expediente, el despido ocurrió porque, en el ejercicio de sus funciones, detectó varias anomalías relacionadas con la compra del PEP y las comunicó a Rosnnie Díaz Méndez, gerente de la SAFI, y a otros funcionarios de la entidad.
Entre las inconsistencias señaladas estaban el aumento de la morosidad de clientes del PEP, inquilinos reportados que no estaban en el lugar, obras sin autorización y predios que aparentemente no existían.
El documento indica que, después de esos señalamientos, Verzola fue apartado de toda gestión relacionada con el proyecto y se le excluyó de tareas propias de su puesto hasta que se produjo su despido.
“(Verzola) relató que a partir de sus señalamientos de irregularidades e inconsistencias fue desplazado por completo de todas las gestiones relacionadas con el proyecto ante el desarrollador, quedando excluido de correos electrónicos, reuniones y gestiones propias del proyecto (del PEP), aspectos que eran propios de sus funciones habituales, hasta que finalmente fue despedido”, según consta en la orden de allanamiento.
La Fiscalía presume que antes del 28 de mayo del 2021, fecha en que lo cesaron, se realizó una reunión en la oficina de Douglas Soto Leitón, entonces gerente general del BCR. En ese encuentro, tres personas de apellidos Monge Aguilar, Jara Carballo y Garro Acuña manifestaron que sufrían un presunto acoso laboral por parte de Verzola.
A raíz de esas manifestaciones, “Douglas Soto Leitón instruyó a Rosnnie Díaz Méndez a que procediera con el despido de Laureano Verzola Sancho, acción que se materializó el 28 de mayo de 2021″, de acuerdo con el documento.
Según la Fiscalía, Verzola afirmó que presentó una denuncia ante la Junta Directiva de BCR SAFI, la presidencia del Conglomerado Financiero BCR y la auditoría interna de la subsidiaria. Ese informe originó investigaciones en el Ministerio Público.
El Parque Empresarial del Pacífico fue adquirido en febrero del 2020 por el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, administrado por BCR SAFI, por $70,8 millones. El grupo vendedor lo había comprado poco más de un año antes por $16 millones.
La propiedad, ubicada en Esparza, Puntarenas, quedó en el centro de la polémica que involucró a BCR SAFI y que motivó intervenciones de la auditoría interna de la subsidiaria, de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y del Ministerio Público.
La Fiscalía comentó que el PEP no estaba terminado al momento de su compra y que funcionarios de BCR SAFI “valoraron aproximadamente en $70 millones un inmueble que no existía, sabiéndolo perfectamente porque habían estado personalmente” en el lugar.
El Ministerio Público utilizó como indicio las ampliaciones de denuncias presentadas por Verzola Sancho y Herrera Oviedo el 8 y 9 de octubre del 2025, en las que describieron dinámicas internas dentro de BCR SAFI.
Las irregularidades
En enero del 2021, casi un año después de la compra del PEP, el exgerente de Finanzas detectó un aumento en la morosidad del inmueble. Ante ello, y junto con Federico Herrera Oviedo, gerente de Negocios de BCR SAFI, solicitó información para aclarar dudas sobre el proyecto.
De esta manera, ambos identificaron que en el PEP se realizaban obras sin autorización y que los predios aparentemente no existían, ya que “no estaban claramente identificados ni en sitio, ni en contratos, ni en las valoraciones periciales”.
Verzola comentó, en una declaración incluida en el documento judicial, que la morosidad creciente detectada, a partir de enero de 2021, lo llevó a inspeccionar el lugar a través de una visita.
Allí “detectó que ninguno de los inquilinos que se suponía debían estar arrendando el inmueble realmente se encontraban ahí”. También se comprobó que se efectuaban construcciones adicionales sin que él estuviera informado.
Ante esa situación, la cual calificó como “anómala e irregular”, solicitó explicaciones al administrador, al jefe de Proyectos y al supervisor de Ingeniería de la subsidiaria del BCR.
“Con base en las explicaciones rendidas, detectó que era incongruente que le dijeran que los inquilinos estaban requiriendo más espacios de alquiler y la edificación de cuartos de congelado si él había podido observar que no había inquilinos en operación comercial”, se lee.
Verzola también indicó que percibió cierta presión para concluir cuanto antes el proyecto del PEP. Agregó que, se fue de viaje y, a su regreso, el exgerente de la subsidiaria del BCR le habría asegurado que el proyecto ya estaba finalizado.
Entre enero del 2021 y mayo de ese mismo año, el exgerente de Finanzas dirigió varios requerimientos a diferentes funcionarios de BCR SAFI, incluido el gerente general y el supervisor de Ingeniería, para aclarar supuestas inconsistencias.
Verzola aseguró en su declaración que esas solicitudes, en apariencia, generaron inconformidad y que, como consecuencia, lo excluyeron de reuniones relacionadas con el PEP celebradas entre marzo y abril del 2021, hasta su despido.
Asimismo, mencionó actitudes aparentemente tendenciosas y orientadas a “tranquilizarlos” para que dejaran de hacer preguntas sobre las supuestas irregularidades. Indicó que esas acciones lo afectaron a él y a Herrera Oviedo.