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El PLN, el PUSC y el Republicano Social Cristiano dieron un paso en falso, la semana pasada, al denunciar al presidente Carlos Alvarado por publicitar obra pública del gobierno durante la campaña previa a las elecciones municipales del 2 de febrero.
Los presidentes de estos tres partidos, Guillermo Constenla, Randall Quirós y Dragos Dolanescu, alegan que Alvarado viola el artículo 142 del Código Electoral, el cual prohíbe a las instituciones públicas difundir información publicitaria, relativa a la obra pública, desde la convocatoria a "elecciones nacionales" y hasta el día de los comicios.
Al PLN, al PUSC y al Republicano les preocupó que Casa Presidencial, mediante publicaciones en Facebook a finales de diciembre, difundiera obras como la construcción de pasos elevados en la carretera a Cartago, la reparación de la vía férrea en San José y la construcción del nuevo hospital de Turrialba.
Guillermo Constenla, exdiputado y exministro del PLN, sostiene que la pauta ayudaría a los candidatos a alcalde del PAC, además de que es hecha con recursos públicos.
Aunque advierte que pueden estar equivocados, argumentó que el término "elecciones nacionales" del artículo 142 no solo se refiere a las elecciones de presidente y diputados, sino también a las municipales que se celebran en los 82 cantones de la país.
La denuncia, presentada ante el TSE el viernes 3 de enero, no tomó en cuenta que el propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) interpretó, hace diez años, que la prohibición del artículo 142 no aplica para los comicios municipales, sobre la base de que la legislación electoral vigente establece una clara diferencia entre elecciones nacionales (de presidente y diputados) y elecciones locales (de alcaldes, regidores y síndicos).
La interpretación del Tribunal fue oficiosa, es decir, no obedeció a una denuncia, sino a la necesidad de interpretar una disposición que no sea suficientemente clara. Incluso, está anotada al pie del artículo 142 del Código Electoral en el portal electrónico de la Procuraduría General.
Además, esta resolución fue emitida durante un gobierno de Liberación Nacional (PLN), el de Laura Chinchilla, el 26 de julio del 2010, antes de los comicios municipales de diciembre de ese año. Constenla fue parte de ese gobierno.
No obstante, hay dos razones más por las que resulta poco entendible la denuncia.
La primera es que el objetivo es atacar al PAC, un partido que llega totalmente disminuido a las elecciones municipales, con la menor participación de su historia, con candidaturas en apenas la mitad de los cantones luego de perder 11 postulaciones, algo inédito para un partido en el gobierno.
La segunda es una razón más práctica. El gasto en obra pública que está haciendo el gobierno, si bien es necesario, todavía está muy por debajo de lo que el país realmente necesita.
Durante décadas, Costa Rica postergó su inversión en obra pública hasta reducirla a cerca de un 1,5% del PIB, como ocurrió en el 2018. La consecuencia es obvia: caos y congestión en el transporte.
Apretujado por la deuda pública, el alto gasto en burocracia y los destinos específicos, Costa Rica se convirtió en el 2013 en el país que menos invirtió en obra pública de toda Latinoamérica, con un 1,5% del PIB, mientras que el promedio en la región fue de 5,1%.
Es hasta ahora, con la reforma fiscal, que el Ministerio de Hacienda pudo respirar un poco para reordenar las prioridades de gasto y asignarle más recursos al Conavi. Para ello, fue necesario flexibilizar los destinos específicos. Era necesario romper los nudos políticos para ello.
La timidez de la inversión en obra pública la confirmó, en una reciente entrevista con La Nación, Alberto Barreix, líder técnico fiscal principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la que explicó la importancia de acatar con rigurosidad la regla fiscal.
Barreix dijo que la regla justamente “lo que busca es ir creando un espacio fiscal para la inversión, que es lo que está realmente a niveles tenebrosos” en nuestro país.
"Costa Rica tiene hoy la inversión pública más baja de América Latina", enfatizó.
De manera que, en vez de satanizar la difusión de la obra pública, la oposición debería apoyar las reformas que permitan dar espacio e incentivar aún más la obra pública, la que tiende puentes y elimina barreras que frenan el desarrollo de la población.
¿Respondieron los jerarcas partidarios a intereses y preocupaciones demasiado locales y electorales? Además, pareciera que quemaron demasiado rápido una carta que, en política, suele ser un botón reservado: denunciar directamente al presidente de la República.
El riesgo de una pausa
Para el inicio del 2020, el gobierno planteó una amplia agenda de transformaciones. El Ejecutivo desea empezar con tres proyectos: la definición de tasas de usura, la regulación de las comisiones de datáfono y una nueva reforma a las pensiones de lujo.
Este último proyecto es de especial importancia luego de que la Contraloría General pusiera el problema en su justa dimensión: Hacienda afronta un déficit de ¢840.000 millones para el pago de pensiones y el problema persistirá por mucho tiempo, por mucho años.
Crecimiento del gasto en pensiones
FUENTE: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA || INFOGRAFía / LA NACIÓN.
La iniciativa pretende, entre otras cosas, pasar a los eventuales beneficiarios de los regímenes exclusivos de pensiones de Gobierno al IVM, lo que podría atenuar un poco el problema para el futuro.
Las reformas hechas a las pensiones de lujo no han sido suficientes. Se requiere de más ajustes; vendrá la oposición sindical contra esta segunda reforma, sobre todo del Magisterio.
También, es de vital importancia la atención que diputados del PLN y del PUSC le quieren poner al tema del aseguramiento, con el fin de derribar las barreras económicas que impiden a la gente formalizar sus labores. Más de 800.000 personas carecen de seguro con la CCSS.
Por el bien del país, ojalá que ni las elecciones municipales ni la norma técnica sobre la interrupción del embarazo frenen las reformas que el país necesita.
El diputado independiente Erick Rodríguez Steller, opuesto a la norma técnica, había lanzado la siguiente advertencia: "No crea, presidente, que este parlamento le va a dar sello libre para todos los proyectos que tienen que pasar. El irrespeto que usted ha tenido para el Poder Legislativo, al firmar esta norma, tarde o temprano, se lo vamos a cobrar".
Los fabricistas llevaron la norma a la Sala IV. Esa es la forma correcta de dirimir los asuntos, no bloqueando el Congreso ni colocando lazos en los portones de Casa Presidencial con estrategias parecidas a las que desplegó Luis Guillermo Solís, al principio de su gestión, cuando salió a las tocar puertas de los vecinos de Casa Presidencial.
