Silvia Artavia. Hace 3 días
Margarita Mendoza Aguilar, de 67 años, carece de seguro de salud. Por las mañanas vende comida empaquetada en las afueras de la escuela Buenaventura Corrales, en San José, y en las tardes se dedica a la venta de lotería frente a la antigua estación del Ferrocarril al Atlántico. Foto: Rafael Pacheco.
Margarita Mendoza Aguilar, de 67 años, carece de seguro de salud. Por las mañanas vende comida empaquetada en las afueras de la escuela Buenaventura Corrales, en San José, y en las tardes se dedica a la venta de lotería frente a la antigua estación del Ferrocarril al Atlántico. Foto: Rafael Pacheco.

Más de 800.000 personas carecen de seguro de salud de la CCSS, con el gran inconveniente de que el número crece.

Entre el 2012 y el 2018, la cantidad de no asegurados en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aumentó en 118.000 habitantes, al pasar de 686.000 a 804.000.

Para el 2018, las personas sin seguro representaban el 16% de la población nacional.

Durante esos seis años, la población no asegurada creció a un ritmo mayor que la de todo el país. La primera subió en un 17% y la segunda, en un 7%.

Así se desprende de un análisis de La Nación con base en datos proporcionados por dos oficinas de la CCSS.

De las 800.000 personas sin seguro, la mitad corresponde a pobres y la otra mitad a habitantes no pobres. Los que más han aumentado son los pobres, que pasaron de 284.000 a 399.000 entre el 2012 y el 2018.

En caso de emergencia, la CCSS les da servicios a las personas de escasos recursos, de acuerdo con los principios de solidaridad y universalidad.

De hecho, la entidad está obligada a proyectar el total de personas desprotegidas que requerirían una eventual atención, aun cuando no puedan pagar por ella.

Sin embargo, el dinero disponible no alcanza para cubrir la atención de este segmento. Por ley, la CCSS recibe recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) para pagar el aseguramiento, por cuenta del Estado, de las personas pobres.

No obstante, estos fondos solo alcanzan para subsidiar a 297.000 personas, entre asegurados directos y beneficiarios, confirmó Miguel Cordero, director de Coberturas Especiales de la Caja.

Solamente en ellos, el Estado invierte ¢7.500 millones mensuales.

La otra mitad de no asegurados la conforman un poco más de 400.000 personas catalogadas como “no pobres” por la la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Si bien este último grupo está compuesto por ciudadanos que no están por debajo de la línea de pobreza, carecen de los recursos suficientes para costear un seguro.

Son, por ejemplo, ciudadanos que tienen ingresos para cubrir sus necesidades básicas, pero no les alcanza para pagarle a la Caja por aseguramiento.

Otras son personas que cayeron en la indigencia médica, es decir, que estaban aseguradas porque eran asalariadas, pero perdieron el seguro al quedar desempleadas.

Radiografía del aseguramiento social

Hay un fuerte incremento de la población no asegurada y la asegurada por el Estado, mientras se reduce el número de asegurados como dependientes de asegurados directos.

FUENTE: ANÁLISIS DE LA NACIÓN CON BASE EN DATOS DE CCSS    || C.F. / LA NACIÓN.

Actualmente, el monto mínimo para pagar la cotización de un seguro de salud es de unos ¢12.500 mensuales, equivalentes al 4,33% de la base mínima de cotización por un seguro de salud, que es de ¢287.350.

Nadie puede aportar por debajo de ese monto, explicó Odilí Arias, directora de Inspección de la Caja.

Es un desembolso que pocas personas pueden hacer cuando los apuros son costear el techo y el sustento, cuenta Margarita Mendoza Aguilar, una trabajadora informal de 67 años.

“Uno no piensa que va a llegar a hacerse mayor”, asegura esta vecina de barrio Vargas Araya, en San José, quien por las mañanas vende comida empaquetada en las afueras de la escuela Buenaventura Corrales, en San José, y por las tardes, a unas cuadras, continúa la jornada vendiendo lotería frente a la antigua estación del ferrocarril al Atlántico.

"Después de que tuve a mi hija, la mayor, me entró una especie de depresión. En ese tiempo, yo no sabía qué era una depresión, ni nada. Mi hija ya tiene 46 años y yo todavía estoy con tratamiento. Tomo una pastilla por semana, porque cuesta ¢1.000 la cápsula.

"Yo sé que tengo que tomarla todos los días, pero es que me sale muy caro”, argumenta la mujer, quien sacó adelante a dos hijas gracias a las ventas callejeras, labor que no le ha permitido nunca asegurarse ni cubrir con un seguro a los suyos.

Crece la cantidad de asegurados por el Estado

Además de los 297.000 habitantes a quienes asegura por su cuenta, el Estado otorga pensiones del régimen no contributivo (RNC).

Estas jubilaciones llegan, principalmente, a más de 119.000 adultos mayores pobres. El subsidio es de ¢82.000 mensuales.

Sumando esos dos segmentos de la población, la cantidad de personas cubiertas por un seguro de salud gracias al Estado es de más de 416.000 personas.

De hecho, se trata de un grupo de beneficiarios que ha experimentado un crecimiento del 42% en los últimos seis años.

Si no fuera porque el Estado cubre a esas personas, la cantidad de no asegurados en el país crecería a más de 1,2 millones de habitantes.

Al tiempo que creció la población no asegurada, bajó la cantidad de personas asegurados como dependientes de asegurados directos.

Este grupo disminuyó en casi un 13% en los últimos seis años. En el 2012, unas 1,8 millones de personas estaban en esa condición, frente a 1,6 millones en el 2018.

Entre ellas se encuentran casi 1,5 millones de dependientes de asegurados directos activos, así como unas 129.000 personas que dependen de pensionados.

Quienes sí cotizan

Poco más de 2,1 millones de personas cuentan con un seguro de salud costeado por sus propios medios.

Entre ellos se encuentran los asalariados, los asegurados por cuenta propia, los pensionados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja, los jubilados de regímenes especiales –como Gobierno, Poder Judicial y Magisterio Nacional–, los asegurados por convenio y quienes cuentan con otras formas de seguro, como el de estudiante o del extranjero.

En los últimos seis años, de todas esas personas, uno de los rubros que más creció fue el de pensionados del IVM.

Ese número se disparó de 190.000 jubilados en el 2012, a 265.000 en el 2018, producto del acelerado envejecimiento de la población.

Entre los hallazgos del cálculo realizado por este medio, destaca el hecho de que, en el lapso analizado, la cantidad de asegurados con recursos propios creció en un 18%, tan solo un punto porcentual más que los no asegurados.

Dos bases de datos distintas

¿De dónde provienen los datos con los cuales La Nación elaboró este cálculo?

Este medio solicitó a la CCSS los datos, desagregados, de la cantidad de personas aseguradas en Costa Rica por cuenta del Estado y las no aseguradas.

Se obtuvieron dos respuestas distintas provenientes de dos departamentos diferentes de esta entidad.

La primera fue proporcionada por el área de Estadística de la Dirección Actuarial y Económica de la Caja, que comunicó que 695.000 personas estaban aseguradas por cuenta del Estado en el 2018.

Sin embargo, posteriormente, la Dirección de Coberturas Especiales de la institución confirmó que, en ese mismo año, la cantidad de personas para quienes realmente se hace un desembolso es de 297.000.

Ellas son las beneficiarias de los recursos de Fodesaf, a quienes el Estado les paga el seguro de salud de la Caja.

Más adelante, la Dirección Actuarial y Económica aclaró que dentro del cálculo de las 695.000 personas a quienes cuentan como “asegurados por el Estado” se ubican 425.000 habitantes quienes respondieron ser asegurados estatales en la Encuesta Nacional de Hogares del INEC, así como la población no asegurada y que, además, está en condición de pobreza.

Todas esas personas deben incluirse dentro de las proyecciones de población por atender, aunque no cuenten con un seguro de salud formal, aseguró dicha instancia.