Este gasto incluye el financiamiento de sistemas de pensiones para exfuncionarios como los del Magisterio Nacional, Hacienda y Exdiputados, así como los regímenes no contributivos, entre los que están Japdeva, Guerra y Gracia, por ejemplo.

Todos son sistemas deficitarios. Solo en estas pensiones y sus gastos asociados, el Gobierno deberá destinar ¢917.000 millones.

Los ¢211.000 millones restantes corresponden al aporte del Estado a las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el mayor del país.

En el informe técnico sobre el Presupuesto Nacional del 2020, la Contraloría General de la República (CGR) advierte de que el gasto en pensiones se comerá casi el 11% del Presupuesto Nacional.

Se trata de un gasto creciente. El rubro creció en un 41% entre el 2015 y el 2020, pues en el primero de esos años el monto no superaba los ¢800.000 millones.

En comparación con el año pasado, el crecimiento del rubro de pensiones fue de un 6,4%.

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Un mal para mucho tiempo

Esta es una realidad con la que el Gobierno tendrá que lidiar por un “periodo bastante considerable”, advierte la Contraloría, pues las pensiones con cargo al presupuesto nacional crecen año con año, mientras que los cotizantes más bien se reducen porque ya son regímenes cerrados, a los que no pueden ingresar nuevos funcionarios.

De acuerdo con el análisis presupuestario, el déficit se debe, principalmente, a la ausencia histórica de fondos con financiación tripartita (trabajador, patrono y Estado) y a la reducción de la población trabajadora activa, producto también de la situación demográfica.

“Los regímenes con cargo al presupuesto son de carácter cerrado y, aun cuando presentan por esa razón una tendencia a largo plazo a su desaparición, durante un período bastante considerable tendrán un peso significativo en el gasto”, advierte la CGR.

Según la Contraloría, “no es posible cerrar el déficit” porque, para ello, estas pensiones se tendrían que dejar de pagar.

Urge más medidas

“La ausencia de fondos y de nuevos ingresantes en los regímenes del Presupuesto, orienta las medidas de ajuste a los beneficios o montos de las jubilaciones, a la edad de retiro, y a las contribuciones, principalmente de los mismos beneficiarios actuales y futuros", dice el informe.

Además, destaca que en el pasado se aprobaron reformas que perjudicaron la recaudación de contribuciones, favoreciendo a quienes gozan de las mayores pensiones.

Ese es el caso del régimen de Reparto del Magisterio. Antes de 1997, los trabajadores de este sistema cotizaban un 7% del salario total, pero ese año, la Asamblea creó una cotización progresiva que hoy va del 8,75% al 16% del salario, según los tramos de ingreso, con el inconveniente de que le impusieron un límite a la cotización.

Así, las contribuciones se hacen hasta por un monto de ¢3,9 millones, de manera que si un funcionario tiene un sueldo de ¢6 millones, tiene ¢2,1 millones exentos de cotización para la pensión.

La CGR destaca los esfuerzos de la Asamblea Legislativa por recortar las pensiones de lujo, como la reforma aprobada en noviembre para cobrar contribuciones solidarias a una mayor cantidad de altas jubilaciones, pero insiste en que estos regímenes seguirán costando mucho dinero al Estado.

Los cotizantes aportan muy poco en comparación con los altos beneficios, como recibir una pensión equivalente hasta el 100% del salario, además de que se pensionan a corta edad, por lo que urge más medidas como una mayor equidad en las cotizaciones y en los montos de las pensiones.

El gobierno planea impulsar, cuando los diputados retomen sus labores el 13 de enero, una segunda reforma a las pensiones que lujo que imponga un tope de ¢2,4 millones y que pase al IVM a todos los trabajadores públicos que aún no se hayan pensionado mediante regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.

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Los pesos más grandes

En los hombros de este presupuesto pesan, principalmente, las pensiones del Magisterio, cuya proyección de gasto es por ¢619.000 millones sin contar los gastos asociados.

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Le siguen las jubilaciones del Ministerio de Hacienda y el Poder Legislativo, que demandan ¢78.000 millones.

En cuanto a los regímenes de pensiones no contributivas, el monto subió de ¢8.560 millones a ¢12.680 millones debido, principalmente, al pago de las prejubilaciones otorgadas a los extrabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), que se encuentra en proceso de reorganización.

El aporte estatal a las pensiones del IVM también ha tenido un crecimiento importante porque la institución decidió aumentar progresivamente el porcentaje de trabajadores, patronos y Estado. En este último caso, la cotización pasó de un 0,58% en el 2018 a un 1,41% en el 2020.

Por eso, el Ministerio de Hacienda pasó de presupuestar ¢72.400 millones, en el 2018, a ¢211.000 millones, este año.