Los destinos específicos son asignaciones de dinero predefinidas por la Constitución Política y por las leyes. Estas normas establecen el monto que se les debe asignar cada año a ciertas instituciones, en función de alguna variable de tipo tributario o macroeconómico.

La reforma fiscal introdujo cambios solo en el pago de los destinos creados por ley, muchos de los cuales nacieron sin fuente de financiamiento y, en ocasiones, engrosaban las cuentas de instituciones sin que el dinero se utilizara del todo.

Con el margen que obtuvo tras la implementación de la reforma, el gobierno presupuestó ¢4,02 billones para la atención de más de un centenar de destinos específicos en el 2020.

Si la reforma fiscal no hubiese eliminado una decena de obligaciones ni flexibilizado las reglas de financiamiento, los destinos específicos habrían consumido unos ¢4,34 billones este año.

Pese al ahorro, a su vez, el Ministerio de Hacienda le asignó más dinero a la educación y a la infraestructura vial.

El monto presupuestado para este año decrece un 5,1% con respecto al 2019, cuando se giraron ¢4,24 billones, según el informe técnico del proyecto de Ley de Presupuesto 2020 que presentó la Contraloría General de la República en octubre.

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La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas eliminó diez destinos, entre ellos, el que daba al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) parte de los recursos recaudados con el impuesto sobre la renta, así como los recursos del impuesto sobre la venta que se otorgaban al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

La reforma tributaria, además, creó nuevas reglas, por lo que ahora las demás obligaciones se girarán según el estado de las finanzas públicas.

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Como la deuda del Gobierno Central supera el 50% del PIB (al cierre del 2019 se estimaba en un 59,3%), el Ejecutivo puede presupuestar los destinos específicos según la disponibilidad de ingresos corrientes y los niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades; siempre que se trate de destinos que nacieron sin propia fuente de recursos y que no tienen rango constitucional.

Como resultado, según el análisis del ente contralor, los ¢4 billones que financiarán los destinos específicos en 2020 representarán el 73,8% de los ingresos corrientes del Gobierno Central y un 10,4% del PIB, mientras que en el 2019 ascendieron a un 83,4% de los ingresos y un 11,5% del PIB.

El informe técnico del ente contralor anota que las entidades beneficiarias de los destinos específicos siguen recibiendo recursos, solo que se consignan como transferencias ordinarias del Gobierno y ya no están amarradas a un porcentaje específico.

A esos programas, el gobierno debe girarles, como mínimo, el monto vigente en el 2018, cuando se aprobó la reforma tributaria.

Es el caso del Fodesaf, que recibía el equivalente a 593.000 salarios base y al cual en el 2019 se le asignaron ¢255.583 millones. Para el 2020, se le otorgó la misma cantidad, aunque ya no se cataloga como destino específico.

Más a educación y red vial, menos al Poder Judicial

Según la Contraloría, en el 2020 la educación pública recibirá ¢2,85 billones. De esa forma, pasará de representar un 7,2% del PIB en 2019 a un 7,4%, y consumirá un 70,9% del total presupuestado en destinos específicos.

Aun así, la asignación se mantiene por debajo del 8% que establece la Constitución Política, y presenta un vicio de constitucionalidad, según la Sala IV.

Este año, las obligaciones de rango constitucional acapararán un 82,9% del presupuesto de destinos específicos. A dichas asignaciones no se les aplica la flexibilidad que introdujo la reforma fiscal, sino que el Gobierno debe respetar sus porcentajes mínimos.

Es también el caso del Poder Judicial, al cual la carta magna le otorga al menos el 6% de los ingresos corrientes calculados para el año.

De acuerdo con el ente contralor, en el 2020 el presupuesto de ese poder será de ¢472.677 millones (1,2% del PIB), con lo cual decrece en un 0,4%, con respecto al plan de gastos del 2019.

Pese a ello, dicho monto representará el 8,7% de los ingresos corrientes para este año, más de lo que establece la Constitución.

El tercer destino específico de mayor peso es el del Conavi, al cual este año se le girará casi ¢186.300 millones. La cifra aumenta un 12,5% respecto del proyecto de presupuesto del 2019.

Dicha obligación, junto a las demás que tienen su origen en leyes, concentran un 17,1% del presupuesto de destinos específicos del año.

Por ley, los recursos que recauda el impuesto único sobre los combustibles se distribuyen en seis destinos específicos, entre los cuales los mayores son las municipalidades, a las que se les da un 22,5% para la atención de la red vial cantonal, y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que se deja un 21,75%.