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Decenas de leyes obsoletas obligan a transferir recursos públicos a instituciones fuera de época

Dictamen sobre Presupuesto alega que el gasto es sumamente rígido y que solo con reformas estructurales se liberará la presión.

Propuesta obligaría a diputados a detallar fuente de financiamiento de proyectos que impliquen gasto público.

Diputados destacan los controles a los destinos específicos incluidos en la reforma fiscal, pero el ministro de Hacienda considera que esto no es suficiente para flexibilizar el presupuesto.

Los impuestos con destinos específicos impiden a las autoridades asignar las partidas presupuestarias según las prioridades del momento Parte de nuestros tributos van a parar, de manera automática, a entidades que no satisfacen necesidades más urgentes

Contraloría urge una reforma estructural que elimine esta rigidez en el gasto público, incluso revisando los destinos constitucionales. En el 2021, el Gobierno deberá entregar ¢4,2 billones a numerosas instituciones aunque no tenga el dinero, lo que agrava la crisis económica.

Reforma fiscal le otorgó un respiro a las finanzas públicas en el giro de dinero a ciertas instituciones y, a la vez, permitió girar más recursos a la educación y a la infraestructura pública.

El plenario legislativo sería el órgano del Congreso donde los diputados podrían enmendar el proyecto de ley vetado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre el presupuesto para las sedes regionales de las universidades públicas.

Presidencia alega que redacción final de reforma podría haber revivido una serie de gastos fijos que el plan fiscal había sepultado en diciembre pasado.

Los diputados, muchos de ellos sin el mínimo conocimiento de la materia fiscal, se empeñan en aprobar exoneraciones a diestra y siniestra, así como destinos específicos para entidades o causas de su interés.