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Ottón Solís renunció al cargo de representante del país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) luego de una semana de fuertes críticas contra el gobierno de Carlos Alvarado, tanto en el plano político como en el legal. Con ello, se desató el entrabamiento de la agenda de ajuste fiscal del FMI.
Aparte de este capítulo, esta semana deja importantes hechos en otros campos de la vida nacional, como la condonación de trabajadores independientes y el impuesto a casas de lujo, que no deberían pasar inadvertidos.
1. Pausa a condonación de trabajadores independientes
El martes 13 de julio, la Comisión de Asuntos Económicos decidió pausar la discusión de 48 mociones de revisión presentadas al proyecto que autorizaría a la CCSS a condonar las deudas de 117.000 trabajadores independientes con la seguridad social.
La suspensión la acordaron ocho diputados de ese foro para abrir un espacio de negociación sobre eventuales cambios a la iniciativa.
Este proyecto de ley autorizaría lo siguiente:
-Condonar a los trabajadores independientes el principal de sus deudas por cuotas de aseguramiento no pagadas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como multas, recargos e intereses.
-Condonar a los patronos el principal, multas, recargos e intereses únicamente por los aportes patronales para el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular (BP). En este caso, no se perdonarían las deudas por cuotas patronales no pagadas a la CCSS.
Este proyecto, presentado por el diputado socialcristiano Pedro Muñoz, recibió el impulso del Gobierno, el cual entabló conversaciones con la Junta Directiva de la CCSS para sacarlo adelante.
El texto fue dictaminado positivamente en la Comisión de Económicos y, ahora, en la última etapa de revisión de mociones de fondo presentadas en el plenario, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, le presentó 44 mociones.
El martes, Villalta llegó a la sesión de la comisión y dijo que él estaba de acuerdo con condonar una parte de las deudas a trabajadores independientes y a pequeñas empresas afectadas por la pandemia, pero no a profesionales liberales ni a empresas de mayor tamaño o que hayan hecho una retención indebida de cuotas.
Con votos del PLN, PAC, PUSC y Restauración, el foro acordó hacer una pausa en el expediente para abrir una negociación.
Villalta podría extender durante semanas la discusión del proyecto con las mociones presentadas. El proceso podría demandar 11 sesiones de una hora o siete de hora y media, dado que el proponente puede hacer uso de la palabra hasta por 15 minutos para defender cada una de ellas.
Ese cálculo de tiempo no toma en cuenta si otros legisladores toman la palabra.
Si bien el PLN estuvo de acuerdo con la pausa, el liberacionista Roberto Thompson advirtió su desacuerdo con la posición del frenteamplista y le pidió a la presidenta de la comisión, su compañera Karine Niño, ponerle un plazo a la eventual negociación.
“Si queremos incluir en este proyecto de ley todas las variables, el proyecto no va a salir nunca porque no nos vamos a poner de acuerdo.
“Recuerden que pasamos por una emergencia mundial, emergencia nacional, desempleo, pobreza, hambre, empresas cerradas, miles de emprendimientos que no puedan afrontar distintas cargas.
“Hoy la prioridad es la gente. La prioridad es facilitarle la vida a la gente y a las empresas responsables”, afirmó Thompson.
Por su parte, el proponente Pedro Muñoz dijo que no participará en esa negociación porque no es técnica; además, considera que Villalta, “por razones ideológicas, quiere que la gente siga viviendo en pobreza y sin acceso a la salud”.
Muñoz cuestionó, por ejemplo, que se plantee excluir a empresas sospechosas de corrupción, pues en su criterio se violaría el principio de inocencia.
El Gobierno, por su parte, dijo ver con buenos ojos la negociación, pero les recordó a los diputados el “sentido de urgencia” que tiene este proyecto para la reactivación económica.
“La intención, justamente, es poder ayudar a las empresas, a los trabajadores independientes y procurar la formalización de las personas con la seguridad social. Son de los objetivos principales, así como mejorar la recaudación de la Caja”, declaró la viceministra de la Presidencia, María Devandas.
2. Exoneraciones en casas de lujo
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, anunció que el Gobierno planteará dos exoneraciones en el proyecto de ley que modificaría el impuesto a las casas de lujo.
Actualmente, este impuesto se cobra una vez al año a las construcciones que superen un valor de ¢133 millones. Una vez que se determina que la obra excede ese umbral, Hacienda también suma el valor del terreno para cobrar el tributo sobre el monto total.
La tasa del impuesto es progresiva: va del 0,25% al 0,55% del valor total conforme más costosa sea la casa.
El Ministerio de Hacienda propuso un nuevo esquema, en un proyecto de ley que forma parte del acuerdo de ajuste fiscal con el FMI.
El impuesto seguiría siendo anual y se cobraría a las casas valoradas en más de ¢150 millones, pero la primera gran diferencia es que, para determinar el valor total, se incluirá de antemano el valor del terreno que abarca la edificación.
Es decir, puede que hoy una construcción residencial esté valorada en ¢120 millones, con lo cual no paga impuesto a casas de lujo. Sin embargo, con la reforma, es posible que sí tenga que pagar el tributo porque, a los ¢120 millones de la obra, se le sumarían ¢40 millones del terreno, por ejemplo.
Entonces, el valor total de esa casa alcanzaría los ¢160 millones, superando el umbral de ¢150 millones.
La segunda gran diferencia es que la tasa sería de un 0,5% anual, sobre el valor total, para todas las casas de lujo. No existiría progresividad.
En ese marco, ante las críticas de los diputados, el ministro planteó dos exoneraciones para el proyecto de ley.
La primera exoneración tiene que ver con el peso de los terrenos dentro del valor total de las propiedades.
No tendrían que pagar el tributo las casas valoradas en menos de ¢210 millones, siempre que el valor del terreno supere un 40% de la valoración.
Así, por ejemplo, quedaría exento el dueño de una propiedad con un valor total de ¢200 millones, en la que el terreno donde se ubica la construcción cuesta ¢80 millones y la edificación ¢120 millones.
El resto del área del terreno o finca no será tomado en cuenta en el cobro del tributo.
Con el esquema planteado, el dueño de una propiedad de ¢155 millones podría pagar impuesto a casas de lujo, mientras que el de una de ¢200 millones quedaría exonerado, aunque las construcciones de ambos cuesten los mismo: unos ¢100 millones.
Así ocurriría si el terreno equivale a un 35% del valor total en el caso del primero, pero en el segundo la tierra vale un 50%. La diferencia está en el peso relativo del terreno dentro de la propiedad.
Luego, la segunda exoneración planteada por Hacienda es excluir del impuesto a los propietarios que hayan recibido los inmuebles en herencia antes del 1.° de marzo del 2021.
Este proyecto se discute en la Comisión de Asuntos Jurídicos, en donde los diputados tienen muchas dudas sobre el impacto del texto. El Gobierno pretende recaudar más de ¢60.000 millones anuales con el cambio e insiste en que no se afectará a más del 2% de las propiedades del país.
3. Crédito del FMI avanza
El trámite del crédito de $1.778 millones del FMI para Costa Rica fue desbloqueado con la renuncia de Ottón Solís. El lunes 12 de julio, los diputados de oposición excluyeron el préstamo de la agenda del plenario y firmaron una moción para instar al presidente a destituir al fundador del PAC de la representación en la OCDE, al tiempo que presentaron una moción de censura contra los 22 ministros que aprobaron el nombramiento.
Solís renunció el miércoles y, al día siguiente, el jueves, los diputados acordaron pasar a darle segundo debate al crédito del FMI en el plenario legislativo.
Los legisladores incluso aprobaron una moción para ponerlo en el primer lugar de la agenda. Ese día, no obstante, la sesión fue suspendida debido a un agravamiento de la salud del legislador Rodolfo Peña.
Esta semana, también trascendió que los bonos externos de Costa Rica perdieron impulso por la incertidumbre en la discusión fiscal.
Los bonos de deuda externa son valores que vende el Gobierno en los mercados internacionales para captar recursos. Cuando se emiten, su valor facial es 100. Se colocan por primera vez por medio del mercado primario, y posteriormente se siguen negociando en el secundario, donde su precio cambia y es inverso al rendimiento (a mayor precio, se reduce el rendimiento).
Por ejemplo, el bono que vence en el año 2023 alcanzó el 31 de mayo un valor máximo de 102,51, pero para el 14 de julio se cotizó a 101,48.
Expertos coinciden en que las tensiones alrededor de la aprobación del proyecto de Ley Marco de Empleo Público y del acuerdo con el FMI han minado parte de la confianza de los inversionistas.
Siempre sobre este tema, el economista y académico Alberto Trejos, exministro de Comercio Exterior (Comex), advierte de que el país no puede frenar la ruta trazada para equilibrar las finanzas públicas, pues considera que “estamos muy lejos de solucionar el problema”.
De lo contrario, dijo, la deuda pública (de ¢25,7 billones en mayo pasado) continuaría con su sendero explosivo
En su criterio, la reforma al empleo público es imprescindible en la ruta del saneamiento fiscal por tres razones: es una condición explícita del acuerdo con el FMI, su impacto cuantitativo es muy grande y atiende el origen del problema.
4. ¿Se enfría la comisión sobre narcotráfico?
Esta semana, el diputado del PAC, Luis Ramón Carranza, protagonizó un choque con la independiente Zoila Rosa Volio cuando el primero denunció un enfriamiento de la comisión que investigación la infiltración del narcotráfico en la política y argumentó que este es un “tema grueso”.
Carranza se quejó de que el foro sesione apenas cada 15 días, pero la presidenta de la comisión, Zoila Rosa Volio, respondió que el del PAC aplica la máxima de “miente, miente, que algo queda”.
“Él ha estado en las sesiones, cuando se ha acordado que sea cada 15 días. Él nunca ha manifestado oposición”, dijo ella.
Además, le achacó salir con “cortinas de humo” y “alucinaciones de narconovela”.
Esta comisión investigadora fue creada luego de que el OIJ detuvo al presidente del Concejo Municipal de Corredores, el liberacionista Bernabé Chavarría, al desarticular el 6 de abril una supuesta banda dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero que operaba en la zona sur.
El OIJ le achacó el regidor facilitarle permisos al grupo.
Se trata del caso de la finca Darwin, en alusión al supuesto líder de la banda, Darwin González, un presunto empresario de aceite de palma que tenía una lujosa propiedad con helipuerto en Corredores.
A eso se unió el hecho de que el diputado Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN), visitó el martes 30 de marzo el condominio en donde, siete días después, fue detenido en San Joaquín de Flores, Heredia, Darwin González.
Viales reconoció ante la prensa que asistió al lugar a recoger una información a petición de Bernabé Chavarría. Además, se separó temporalmente de la fracción del PLN y de la secretaría general de este partido.
Además, en esta comisión también se aprobó investigar las visitas que tres sospechosos de integrar otra supuesta banda dedicada al tráfico de drogas efectuaron a varios legisladores en el edificio legislativo, en particular al socialcristiano Óscar Cascante, quien hizo numerosas gestiones por los proyectos particulares del grupo ante diversas instituciones públicas.
Esta semana, en ese foro, Cascante alegó que los hoy detenidos se le presentaron como personas honestas.
Por su parte, el diputado independiente Erick Rodríguez, en esa misma sesión, optó por atacar a la prensa por publicar detalles de investigaciones judiciales y, según él, cometer una falta a la intimidad de las personas con ello.
