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La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa decidió, este martes, pausar la discusión de 48 mociones de revisión presentadas al proyecto para perdonar a deudores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La suspensión la acordaron ocho diputados de ese foro para abrir un espacio de negociación sobre eventuales cambios a la iniciativa, a partir de este miércoles 14 de julio.
Así lo definieron tres diputados del PLN, dos del PAC, dos del PUSC y una de Restauración Nacional (PRN), luego de escuchar al frenteamplista José María Villalta, quien busca una negociación para hacerle cambios de fondo a la iniciativa.
Villalta, que presentó 44 de las mociones de ajuste, dijo estar de acuerdo con que se les condonen una parte de las deudas a trabajadores independientes que la “pulsean” y a las pequeñas empresas, así como a aquellas que fueron afectados económicamente por la pandemia.
No obstante, se opone a que el plan beneficie a los profesionales liberales o las grandes empresas, sobre todo aquellas compañías cuestionadas o que defraudaron a los trabajadores y la seguridad social a través de la retención indebida de cuotas de aseguramiento.
Así lo expuso Villalta al defender sus tres primeras mociones, las cuales fueron rechazadas por la comisión, este martes.
La idea de abrir ese espacio de negociación, explicó la presidenta de Económicos, la liberacionista Karine Niño, es evaluar las mociones de ajuste que se pueden incorporar al plan, con tal de “blindarlo”.
“Yo estoy consciente de la urgencia del proyecto y por eso quiero aportar de manera que busquemos un acuerdo para que se pueda avanzar”, agregó Niño.
La iniciativa es una propuesta del diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz, que autorizaría a la CCSS a condonar a trabajadores independientes el principal, multas, recargos e intereses de sus deudas por cuotas de aseguramiento no pagadas.
A los patronos les condonaría el principal, multas, recargos e intereses correspondientes sobre los aportes patronales para el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular.
La última versión del texto en discusión se consensuó entre Muñoz, el Gobierno y la Caja y, al momento del acuerdo de pausar la discusión de mociones, se desconocía si el Poder Ejecutivo o la Caja participarían de la discusión de los eventuales cambios.
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‘Hoy la prioridad es la gente’
Roberto Thompson, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), al refutar las propuestas de Villalta, recordó que la iniciativa surgió como una forma de facilitar la formalización y llevar nuevos ingresos a la institución.
El verdiblanco también recordó que prácticamente la mitad la fuerza laboral en el país se encuentra en la informalidad.
“Hay una tendencia a reglamentar la legislación. Queremos incluir tanto detalle que la volvemos inaplicable. Si queremos incluir en este proyecto de ley todas las variables, el proyecto no va a salir nunca porque no nos vamos a poner de acuerdo.
“Recuerden que pasamos por una emergencia mundial, emergencia nacional, desempleo, pobreza, hambre, empresas cerradas, miles de emprendimientos que no puedan afrontar distintas cargas.
“Hoy la prioridad es la gente. La prioridad es facilitarle la vida a la gente y a las empresas responsables”, resaltó Thompson.
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El verdiblanco le pidió a la presidenta de la comisión establecer un plazo de las negociaciones, con tal de que, entre lo que resta de esta semana y la próxima, se pueda llegar a un acuerdo.
Entre las alternativas a evaluar, según hizo ver Karine Niño, están la de evaluar mociones de Villalta o trabajar un texto sustitutivo para discutirlo en el plenario.
“Primero, no sabemos si lleguemos a acuerdo con lo que hay. Si hace falta algo y todos llegamos a un acuerdo, no creo que retrocedamos la discusión a otra etapa. La idea es seguir avanzando”, valoró la liberacionista.
Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), rechazó lo dicho por Villalta de que la iniciativa es débil en cuanto a requisitos y condiciones para autorizar la condonación, y que se contradice en cuanto a respetar la autonomía de la CCSS.
“El artículo 4 y el transitorio permite a la Caja reglamentar”, aclaró el rojiamarillo.
“La Caja no va a reglamentar requisitos que vayan contra de su autonomía, de sus finanzas y estabilidad”, machacó el diputado oficialista.
Precisamente, Villalta pide en sus mociones que se exijan estudios técnicos para determinar el impacto de la condonación en las finanzas de la Caja y en los servicios que brinda.
