Esteban Oviedo. 9 octubre
A la izquierda, una mujer embarazada a la que bloqueadores no dejaron pasar en San Carlos. A la derecha, un helicóptero alquilado por ANDE para participar en una marcha en San José.
A la izquierda, una mujer embarazada a la que bloqueadores no dejaron pasar en San Carlos. A la derecha, un helicóptero alquilado por ANDE para participar en una marcha en San José.

El país tiene dos crisis que caminan de la mano: una crisis fiscal y una crisis económica. Estrechamente relacionadas, ambas golpean las finanzas de todos los habitantes.

Repasemos los hechos de la semana en torno a cada tema.

Sobre la crisis fiscal...

El Gobierno se encontró un ahorro de ¢51.000 millones. “¿Qué haré con él?”, se pudo haber preguntado...

El ahorro es producto de que, entre finales del 2019 y el primer semestre del 2020, el Ministerio de Hacienda colocó bonos de deuda interna y externa a tasas de interés inferiores a las previstas.

En el caso de la deuda interna, por ejemplo, el Gobierno colocó ¢1,8 billones (millones de millones) a una tasa promedio del 6,6%, aunque esperaba que los acreedores cobraran alrededor de un 9,9%. Y algo parecido ocurrió con la venta de eurobonos en el exterior.

La situación produjo un evidente ahorro en el presupuesto destinado a pagar tasas de interés de la deuda.

¢51.000 millones equivalen a diez veces el gordo de la lotería de este año. Con ese dinero, además, se podría financiar toda la operación del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en el 2020.

Pero, vean esto, el monto también se acerca a los ¢85.000 millones que, con duras penas y luego de casi siete meses de negociación política, los diputados de la Comisión de Hacendarios acordaron destinar al pago de deuda pública mediante el plan Pagar, el cual consiste en destinar a ese fin superávits de instituciones públicas.

El Gobierno insistía en el plan Pagar alegando la necesidad urgente de darle un golpe a la deuda.

No obstante, al encontrarse el ahorro, la administración de Carlos Alvarado se decantó por pedirle al Congreso permiso para gastar los ¢51.000 millones principalmente en gasto corriente, lo que incluye transferencias a instituciones, salarios y servicios. La obra pública quedaba en segundo plano.

Así lo planteó el Ejecutivo en el tercer presupuesto extraordinario del 2020 que envió a la Asamblea Legislativa. Al ahorro de ¢51.000 millones le sumó otros ¢9.800 millones provenientes de rebajas en programas del Ministerio de Educación Pública y de la Contraloría General.

¿En qué planeó gastar el dinero? Por ejemplo, en aportes para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como una reserva para la vacuna contra la covid-19 y compensaciones por vacaciones a funcionarios públicos.

Además, destinaría recursos a programas de comedores escolares, auxilios a desempleados y al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

El tercer presupuesto extraordinario lo complementan ¢31.200 millones para hacerle un abono a la deuda del Gobierno con la CCSS, con dinero del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI); y ¢1.040 millones para bonos Proteger, con dinero proveniente del diferencial de los combustibles. En total, se trataba de un plan de gastos por ¢93.000 millones.

Todos son fines loables, sí, pero la realidad nos chocó en la cara.

El jueves, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, la contralora general de la República, Marta Acosta, llegó a suministrar una dosis de realidad.

Según estimaciones de la Contraloría General de la República (CGR), este tercer presupuesto aumentaría el déficit financiero del país a un 11,7% del producto interno bruto (PIB), lo que equivale a casi ¢4,2 billones.

Este déficit presupuestario es el exceso de gastos frente a los ingresos ordinarios del Gobierno, incluyendo el pago de intereses de la deuda pública. El desequilibrio obliga al país a endeudarse para pagar la diferencia.

Según la Contraloría, este nuevo presupuesto aumentaría el déficit en casi ¢31.200 millones, equivalentes a un 0,1% del PIB, lo que considera una “cifra alarmante en el contexto del estado de las finanzas públicas”.

Además, advirtió la CGR, la mayor parte del dinero se iría en gasto corriente.

El gasto corriente se mueve en dirección contraria al comportamiento de la economía: el primero crece 5%, mientras que la segunda decrece 5%, exacerbando aún más el desequilibrio fiscal”, señaló la Contraloría en un informe.

Mientras la mayoría de la gente gasta menos, el Gobierno quiere gastar más.

El jueves pasado, durante una audiencia concedida a la contralora general en la Comisión de Hacendarios, las diputadas del partido de Gobierno, el PAC, cuestionaron qué pasará entonces con el gasto social, con las personas en vulnerabilidad, con los adultos mayores, con los desempleados...

La respuesta de la contralora fue un despertar: estas son las consecuencias por “no tomar decisiones antes”.

“Aquí va a llegar un momento en que, como país, vamos a tener que empezar a escoger qué se financia y qué no se financia. Esa es una decisión lamentable que nadie quiere. Uno siempre tiene sensibilidad hacia los temas sociales, pero puede llegar un momento, y lo vamos a ver con el presupuesto ordinario 2021, donde todo lo demás presiona. El pago de intereses presiona, presiona y presiona y los gastos sociales empiezan a ceder. Eso es muy peligroso”, les explicó la funcionaria.

Las diputadas del PAC alegaron que existía un ahorro en intereses y que se podía disponer del dinero para fines loables.

La contralora respondió: “La recomendación es no financiar gasto corriente con ese ahorro de intereses porque ya estamos en una situación muy compleja, pero la situación que se nos viene es peor aún si no empezamos a tomar medidas ya. Llevamos muchos años diciendo esto, pero ahora son momentos apremiantes”.

“Pensando en la difícil situación que tenemos, debemos ser como las hormiguitas y decir que, si tenemos ese ahorro, dónde lo voy a invertir y dónde me queda mejor, pensando en todo lo que se nos viene”, afirmó.

Recalcó, además, la urgente necesidad de reordenar los 150 destinos específicos que existen: obligaciones de financiamiento creadas por ley que hoy consumen ¢9 de cada ¢10 que entran en impuestos.

“Fueron para toda la vida y nadie evalúa si están dando los resultados que la sociedad requiere, si podemos quitarle un poco ahorita para darle a otro. Eso no se ha hecho. Hemos venido insistiendo que se tiene que hacer (las reformas), pero son temas duros y no son tan sencillos de realizar”, expuso Marta Acosta.

Al menos en eso coincidieron las diputadas del PAC, pero nadie ha hecho nada al respecto todavía.

Luego, las diputadas de Gobierno criticaron que la prensa difundiera el déficit financiero de 11,7% del PIB calculado por la Contraloría, alegando que ese es un déficit estimado sobre el papel, sobre el presupuesto, y que el Gobierno logrará el déficit del 9,3% previsto por Hacienda.

Ojalá así sea, pero dos anotaciones: Hacienda espera alcanzar ese déficit mediante subejecuciones del gasto, que todavía son inciertas, pero más incierta aún es la recaudación de ingresos en el contexto actual de crisis económica.

Al final, este viernes, los diputados y diputadas de la Comisión de Hacendarios le zocaron la faja al Gobierno y le ordenaron tomar ¢44.000 millones del ahorro para pagar deuda pública.

Ya la crisis golpeó la obra pública con recortes; ahora, empieza a amenazar el gasto social; ¿qué seguirá? ¿Los salarios, las pensiones, el pago de la deuda?

En la vía de contener el gasto público, esta semana, el PAC, el PUSC y diputados independientes presentaron mociones para debatir la posibilidad de incluir a los funcionarios públicos actuales en la reforma al empleo público.

El asunto debe debatirse en el marco de la legalidad, evidentemente, pero cuando menos ya se superó la etapa en la que el diputado del PAC y presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Morales, dijo que no estaba interesado en reabrir la discusión sobre los empleados públicos actuales.

Asimismo, un fallo emitido por la Sala IV, este jueves, marca la cancha para eventuales medidas de contención del gasto en las pensiones de lujo.

La resolución deja claro que sí se puede imponer una contribución solidaria a estas jubilaciones, en favor de la estabilidad económica del país, y que era irrazonable el aumento anual del 30% que recibían las pensiones del régimen Hacienda-Exdiputados.

Pero, además, el fallo establece que el monto bruto de estas jubilaciones puede reducirse hasta en un 50%. El Gobierno impulsaba un 55% y el magistrado Paul Rueda consideró que podía ser hasta un 60%, pero la mayoría de la Sala se inclinó por el 50%.

Esta sentencia podría dejar margen para recortar aún más en las pensiones de lujo, pues en algunos casos los recortes todavía están lejos del límite fijado por la Sala IV. Cuando la crisis se acerque ahí, ya existirá jurisprudencia.

Grupo aprovecha malestar de la crisis económica

El desempleo alcanzó prácticamente el 25% durante la pandemia y, esta semana, el INEC reportó que el desempleo se situó en un 23,2% en los meses de junio, julio y agosto. Las medidas de restricción por motivos de salud han incidido notoriamente.

Existe un evidente malestar. Entre los casi 550.000 desempleados, es comprensible que exista frustración, desesperanza, desesperación.

La misión de la política es revertir esos sentimientos con hechos. Para ello, es necesario crear fuentes de empleo y propiciar emprendimientos, así como equilibrar las finanzas del Gobierno.

La propuesta del Ejecutivo, de equilibrar las finanzas públicas, con una propuesta recargada en más impuestos, generó malestar y un grupo, alentado por tres exdiputados, aprovechó para generar caos. Se trata José Miguel Corrales, Célimo Guido y Óscar Campos.

¿Cuál es su agenda? En realidad es difícil distinguirlo porque es cambiante; se acomoda a cada situación.

Repasemos los hechos: en agosto empezaron con una manifestación contra las medidas de restricción a comercios por la pandemia de la covid-19.

Una marcha que hicieron el 25 de agosto por San José se salió de control al llegar a Casa Presidencial.

Alguien lanzó un explosivo debajo de una grúa del tránsito, otros golpearon periodistas e, incluso, insultaron y patearon al director de la DIS, Eduardo Trejos. Además, surgieron pleitos entre los mismos participantes.

Ese día, hasta se les metió hasta el QAnon, grupo de teorías conspirativas que sigue a un supuesto alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos, identificado como “Q”, y que informa sobre los supuestos planes de Donald Trump para desmantelar una presunta red satánica de pedofilia, conformada por políticos del Partido Demócrata, empresarios y celebridades.

Desde ese día, se notaron los tintes violentos y descoordinación en el grupo.

Las consignas iban desde la apertura de gimnasios, hasta acusaciones de satanismo, al tiempo que los manifestantes recibían el apoyo público de diputados como la subjefa de fracción del PUSC, Shirley Díaz, y los independientes Dragos Dolanescu, Harllan Hoepelman e Ignacio Alpízar.

Cuando se le preguntó al exdiputado Óscar Campos cuál era el motivo de la marcha, dijo que la principal crítica es la falta de voluntad de diálogo del Gobierno. Añadió que se pierden empleos y que el bono Proteger no llega a todos, por lo que reclamó que el Ejecutivo abriera economía.

El año pasado, Campos había asesorado también las manifestaciones de estudiantes de Medse contra la educación dual, las cuales también propiciaron situaciones tensas.

En las semanas siguientes a la manifestación de agosto pasado, los exdiputados empezaron a hacer giras a diferentes zonas del país, preparándose para bloquear carreteras, objetivo que cumplieron luego de que el Gobierno lanzó su primera propuesta de estabilidad económica, para el Fondo Monetario Internacional (FMI), basada principalmente en impuestos.

En ese momento, la negociación con el FMI y la venta de activos se convirtieron en el motivo de los bloqueos.

El domingo 4 de octubre, el presidente Carlos Alvarado retiró la propuesta, reconociendo el malestar hacia los impuestos, con el afán de dialogar y reconstruirla.

Pero los bloqueos siguieron y se integró Albino Vargas, con la ANEP. De nuevo, la agenda siguió cambiando.

El martes 6 de octubre, los exdiputados llamaron una marcha en San José a la que se integró el sindicato Asociación Nacional de Educadores (ANDE), ahora con una agenda sindical contra las medidas de recorte al gasto, oponiéndose a la reforma al empleo público y a la eliminación de anualidades de los próximos dos años.

La ANDE, en su protesta antiausteridad, se dio el lujo de alquilar un helicóptero que surcó los cielos de San José.

Los sindicatos del sector público ya estaban listos para aprovechar el movimiento, pero este se salió de control con peligrosos actos vandálicos, agresiones a civiles y policías, además de destrucción de activos públicos como patrullas, delegaciones de Policía y tendidos eléctricos.

Bloqueadores tomaron el control de carreteras, cobraron por pasar, decidieron si una mujer estaba en labor de parto o no y hasta la CCSS tuvo que extenderles una carta para que permitieran el paso de medicinas.

(Video) Manifestantes impiden paso de mujer a punto de dar a luz

El miércoles pasado, Corrales advirtió de que el narcotráfico y el crimen organizado se habían infiltrado en los piquetes y dio un paso al costado.

El jueves, pidió perdón al país y solicitó deponer las protestas. Afirmó que, ahora, la agenda más importante del país no está en las medidas por la covid-19, los impuestos, la negociación con el FMI o las medidas de austeridad, sino en el narcotráfico.

Los otros dos exdiputados, Óscar Campos y Célimo Guido, rechazaron la posición de Corrales y dijeron que los bloqueos seguirán, concentrándose en los puertos de Caldera y Moín, bajo el argumento de que por ahí pasan los productos de quienes no pagan impuestos.

Hablando de impuestos y de puertos, Óscar Campos y Célimo Guido, siendo diputados entre 1998 y el 2002, impulsaron una ley que les ha costado mucho a las poblaciones de menos recursos de este país: la Ley del Conarroz.

Esa ley fue la que permitió al sector arrocero importar arroz sin pagar impuestos y vender a mayor precio internamente, distribuyendo las millonarias ganancias principalmente entre cinco grandes industriales del arroz.

Campos llegó a ser presidente del Conarroz y, cuando era diputado, recibía en su despacho a los arroceros que bloqueaban el puerto de Caldera para impedir las importaciones de arroz.

Cuando el país ha tratado de corregir esta situación, surgen las presiones y las amenazas, al igual que ocurre con muchos otros temas.

El país, los habitantes, la economía urgen de reformas estructurales. ¿Quién llevará adelante las transformaciones necesarias?